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ENTREVISTA. alberto precht, abogado experto en transparencia y anticorrupción:

"Nuestro Estado central y regional viven en una lógica clientelar brutal"

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Sebastián Mejías O.

Abogado reconocido, experto en transparencia y medidas anticorrupción, Alberto Precht ha figurado en las últimas semanas en distintos medios de comunicación explicando los fallos en el sistema que dieron luz verde a distintas autoridades a traspasar irregularmente millonarios fondos desde organismos estatales y fundaciones.

- En la población, todos estos casos que se han destapado están provocando una sensación de hastío e impunidad. ¿Deberíamos ver consecuencias penales para los responsables?

- En los casos más graves, como lo que estamos viendo con la Fundación Kimün o el Gobierno Regional del Biobío, la pretensión penal debería ser elevada. Hay otros casos que tienen otras complejidades desde el punto de vista de la persecución penal, como el de Democracia Viva. Todos ellos comparten el haber provocado una gran indignación y algunas reacciones desde el punto de vista político. Sin embargo, no debemos creer que después de estos casos no vamos a tener nunca más corrupción.

- ¿Qué tipo de reformas deberíamos ver después de todo esto en el Estado?

- Lo importante es que el sistema sea capaz de ir más allá de reformas del estilo gatopardo, o sea, hacer como que las cosas cambian cuando no cambia nada. Lo que está detrás de todos estos casos, finalmente, son intereses políticos y, por eso, hay que cerrar las puertas a la posibilidad de que se favorezca a los amigos, a los partidos, o de generar empleo para aquellos que no lo tienen.

- ¿Cómo se logra?

- Disminuyendo los espacios de discrecionalidad. No puede ser, por ejemplo, que un gobernador, en cualquier región del país, se autoestablezca las reglas para asignar recursos bajo 7 mil UTM. ¡Es mucha plata! No puede ser que tengamos una Contraloría que no pueda acceder directamente a las cuentas corrientes de los servicios públicos a los que debe controlar. Tampoco podemos creer que la Contraloría puede tener los ojos puestos en todos lados y, por lo mismo, nos preguntamos para qué se crean gobiernos regionales que finalmente no pueden ejecutar nada por sí mismos y todo lo tienen que subcontratar.

- ¿Cuál es el problema que ve en ese modelo?

- El problema está en que se hizo una reforma que le entrega discrecionalidad a un gobierno regional que no tiene la capacidad de ejecutar gasto. Y como no tiene la capacidad de ejecutar gasto, a la vez que no quiere perder el presupuesto, se ve con todo el incentivo perverso para generar esquemas como los que hemos visto en el último tiempo en muchos gobiernos regionales.

Mayores controles

- En entrevista con este Diario, el subdere, Nicolás Cataldo, compartió la necesidad de mayores controles al gasto, pero sin hacer más ineficiente el Estado. ¿Se corre ese riesgo?

- El control no tiene por qué hacer más ineficiente el Estado. Mira, uno esperaría de las autoridades que apunten a un Estado más moderno en vez de decir que el control es negativo. ¿Por qué no se quiere hacer una reforma de modernización brutal del Estado como la que se hizo en el Poder Judicial?

- ¿Por temor?

- Nadie se atreve a romper con lo que hay actualmente por temor a perder apoyos o echarte encima un alcalde, una autoridad. Nuestro Estado central y regional viven en una lógica clientelar que es brutal y eso se está viendo con una reforma, como la de los gobiernos regionales, que prometía que las cosas cambiarían.

- ¿No cumplió finalmente esas promesas?

- No lo hizo, porque acá se entregó plata y se entregó autonomía, pero al final esa autonomía se confundió con discrecionalidad. Y tú tienes gobiernos regionales donde hay personas que lo están haciendo muy bien, pero lamentablemente son los menos los gobernadores que se pusieron reglas propias mucho más elevadas.

- ¿Los consejeros regionales están haciendo su trabajo?

- Yo me pregunto qué hacen muchos consejeros regionales viajando por el mundo, capacitándose en cosas que no les sirven, en vez de estar revisando hasta el último peso. Hay consejeros que se quejan de no tener atribuciones. Perdón, pero si un periodista o cualquier persona puede llegar a los datos, significa que no se requieren mayores atribuciones que las ganas de fiscalizar.

Querella contra el gore

- Hace unos días, la UDI se querelló contra el Gobierno Regional de Valparaíso, impugnando dos convenios por pasar a llevar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El Gobernador Rodrigo Mundaca cuestionó la acción como un show mediático. ¿Cree que se está abusando de la querella o es una herramienta legítima?

- Muy lejos de un aprovechamiento, creo que es la forma de resolver los temas en una sociedad democrática. El abogado de la UDI, Pablo Toloza, es un muy buen profesional y habrá llegado a la conclusión de que, efectivamente, aquí hay indicios de delitos. Será el Ministerio Público y un juez de la República quienes finalmente lo determinen. Así se resuelven estos asuntos en democracia.

- ¿Se enloda el proceso de descentralización, como advirtió el gobernador?

- Es que no es ni blanco ni negro, pero tampoco se trata de la situación a la que han llegado los gobiernos regionales en Perú o en Colombia que, con el pretexto de una redistribución de poderes, se terminaban generando caudillos regionales que lo único que hacen es tener una caja directa para generar actos de corrupción. La descentralización implica necesariamente aumentar el control. ¿Cuánto se les aumentó el presupuesto a las contralorías regionales? ¿Quiénes son los que dirigen las auditorías internas en los gobiernos regionales? Son los mismos gobernadores. La discrecionalidad aumenta el riesgo de corrupción y puede terminar en la regresión de un regionalismo hecho, como muchas reformas en Chile, a las patadas y el combo.

"La discrecionalidad aumenta el riesgo de corrupción y puede terminar en una regresión del regionalismo".

Motel es condenado a pagar $40 millones de indemnización por ataque de perros

QUINTERO. Se trata del Hotel Boutique El Duende, ubicado en Mantagua.
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En noviembre del año 2020, un joven de 18 años que se retiraba del Hotel Boutique El Duende, ubicado en el sector de Mantagua, fue brutalmente atacado por perros pertenecientes al motel, provocándole graves lesiones. El trágico caso fue llevado a la justicia y hoy, a casi tres años de presentada la acción legal, el Juzgado de Letras de Quintero finalmente resolvió condenar a la sociedad propietaria del recinto al pago de una indemnización de $40 millones por concepto de daño moral tanto a la víctima como a su madre, que debió enfrentar el duro tratamiento de recuperación de su hijo.

Se trata del mismo motel donde fue hallada sin vida la licenciada en Ciencias Jurídicas Valentina González Heresmann (27) el 30 de julio de 2022 y que pertenece a la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones El Duende de Mantagua SpA, contra la cual se presentó una demanda de responsabilidad civil extracontractual, la que fue acogida por el magistrado Sergio Henríquez Galindo.

No controló animales

En el fallo se establece que la firma dueña del recinto no controló a los animales que utiliza para fines de seguridad y acompañamiento de las mucamas, indicando que el hecho ocurrió "fuera de todo el marco de un contrato consensual de hospedaje, pues no es parte de dicho contrato, por la parte del hotel demandado, que 'prevenga de morder con perros a sus clientes', ni del demandante (…), que se evite o tenga cuidado con los perros al salir del hotel. En ese sentido, los servicios de hospedaje ya habían concluido y el demandante se retiraba del lugar, en los estacionamientos del recinto, los cuales dependen del hotel en cuanto a su administración, y fue atacado por perros que eran de propiedad y administrados por el demandado, en un hecho absolutamente fuera de todo marco contractual".

Ante ello, el magistrado detalló que el ataque provocó en la víctima "lesiones, deformaciones y pérdida de masa muscular, problemas funcionales para caminar, curaciones dolorosas por tres meses, unido al dolor psicológico que implica para alguien de 18 años al momento de recibir el ataque, así como el dolor que supuso a su madre y demandante presenciar las consecuencias del ataque, y el proceso de acompañamiento en las curaciones y rehabilitación física y psicológica".

Por tanto, "coincide este magistrado en la suma solicitada por la demandante, al ser la única que en realidad podría en algo resarcir dicho dolor", fijando la suma de $30 millones por concepto de daño moral para el demandante y de $10.000.000 para la madre.

"Se puede construir un vínculo de causalidad de estos hechos y sus consecuencias con el actuar culposo del demandado".

Sergio Henríquez, Juez del Juzgado de Letras de Quintero, en su fallo