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Pensión alimenticia: deuda supera los $ 4.500 millones

REGIÓN. Autoridades locales abordaron la problemática y la legislación existente para desincentivar el incumplimiento de esta obligación parental.
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Claudio Ramírez

Cuantioso es el monto que deben en la región los deudores de pensiones alimenticias. La suma se eleva a una cantidad de $ 4.575 millones y corresponde a un total de 14.585 personas que permanecen con sus obligaciones impagas.

De ese número, 13.958 deudores son hombres y 627 mujeres. Asimismo, la cantidad de afectados por este incumplimiento en el territorio llega a 19.655 niños y adolescentes.

Este preocupante escenario fue abordado ayer en el contexto del seminario "Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo Pensiones de Alimentos, y Registro Nacional de Deudores", que se efectuó en el auditorio de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y que convocó a más de 150 funcionarios de diversas entidades públicas.

Legislación

En ese escenario, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez, valoró la difusión que se está desarrollando sobre la temática y, particularmente, sobre los alcances de la legislación.

"Estas leyes vienen a hacerse cargo de una problemática muy sentida y el efecto radica en que necesitamos que las deudas estén judicializadas, es decir, que haya una causa de cumplimiento de pensiones de alimentos que haya sido decretada por un tribunal y, con ello, se puede desencadenar cada una de las sanciones", dijo la secretaria regional ministerial.

En dicho contexto, destacó las trabas en diversos ámbitos que existen para los deudores que no asuman sus responsablidades.

"El objetivo que tienen estos requerimientos es que se pueda cumplir efectivamente con el pago, que el Estado se haga cargo reteniendo en algunos casos las deudas, pero en otros también impidiéndole al deudor o deudora que pueda realizar algún trámite como la renovación de la licencia de conducir o del pasaporte".

Asimismo, destacó la necesidad de que los funcionarios de todas las reparticiones estén al tanto de esta legislación en particular y por ello remarcó los alcances del seminario.

"Parte de los objetivos que tiene esta labor es que funcionarias y funcionarios públicos sean capaces de transmitir esta información a las personas de manera fidedigna y clara, (...) por ejemplo, los encargados de recursos humanos o en organismos como las direcciones del tránsito de cada una de las municipalidades, que no siempre tienen la capacidad o el conocimiento de poder responder estas consultas y, por lo tanto, cumplir el objetivo que es entregar esta información lo más acabada posible".

Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Lazo, remarcó la importancia de la legislación para dar cumplimiento a las obligaciones que tienen los padres y también con el objeto de visibilizar el problema.

"Hay que recordar que ambas leyes hoy día forman parte de la misma institucionalidad que busca que el Estado se haga parte y cargo ahora de cautelar que, efectivamente, llegue el dinero a los hijos e hijas y también poder visibilizar algo que ha estado bien invisible pero que, sobre todo en pandemia, quedó en evidencia", dijo la autoridad regional, subrayando que el tema tiene además un fuerte componente cultural.

En la actividad también expusieron profesionales de la Superintendencia de Pensiones y de la Clínica Jurídica de la Universidad de Valparaíso.

"Necesitamos que las deudas estén judicializadas, (...) que haya una causa de cumplimiento de pensiones".

Paula Gutiérrez

Seremi de Justicia y DD.HH.

"Ambas leyes forman parte de la misma institucionalidad que busca que el Estado se haga parte y cargo".

Camila Lazo, Seremi de la Mujer y EG

14.585 personas en la región mantienen deudas por concepto de la pensión alimenticia.

95,7% de los deudores de esta obligación en la zona son hombres, de acuerdo a las cifras.

Formalizan a dos ejecutivos de DP World en S. Antonio

PUERTO. En causa por fallecimiento de trabajador en el año 2020.
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El Juzgado de Garantía de San Antonio formalizó a dos ejecutivos de DP World San Antonio, imputados como autores del delito de homicidio culposo o cuasidelito de homicidio del trabajador portuario Rodrigo Flores, quien murió ahogado tras caer el mar mientras realizaba faenas en dicho terminal en noviembre del año 2020.

En la audiencia de formalización, el magistrado Felipe Contreras fijó el plazo de la investigación en 120 días y decretó arraigo y firma mensual para quienes en la época ejercían el cargo de gerente de operaciones y supervisor, respectivamente, de Muellaje Central, prestadora de servicios a DP World.

Uno de los abogados querellantes, Felipe Olea, señaló que "estamos conformes porque hoy (ayer) se ha sentado un precedente muy importante en el proceso judicial que busca establecer en este caso establecer la responsabilidad penal de las personas que pudieron intervenir en el fallecimiento de don Rodrigo Flores".

El abogado defensor, Diego Abogabir, sostuvo que "es parte de una etapa inicial y no implica ninguna decisión o resolución sobre la responsabilidad de alguien. En virtud de lo anterior, no corresponde anticipar eventuales responsabilidades personales, menos aún en una etapa inicial".

Proyecto de ley

En tanto, ayer, en el Congreso, el diputado Andrés Celis (RN), en compañía de la familia del portuario fallecido, anunció la presentación de un proyecto de ley para endurecer la responsabilidad penal a quienes resulten responsables de homicidios culposos en el ámbito laboral.

"Es parte de una etapa inicial y no implica ninguna decisión o resolución sobre la responsabilidad de alguien".

Diego Abogabir, Abogado defensor

Tren a Santiago: CChC subraya que es clave generar interés

INVERSIÓN. Presidente regional del gremio remarcó que es un desafío que requiere prontitud.
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El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Valparaíso, Gabriel Benavente, valoró la reciente licitación de los estudios por el tren a Santiago, destacando que uno de los aspectos principales pasa por generar interés del sector privado.

"Es muy importante el proceso de planificación y estudio del proyecto, para así evaluar con mayor precisión las mejores opciones para concretarlo y para que entregue más beneficios sociales y genere más interés en los privados, de manera de validar la iniciativa y su implementación", dijo el líder gremial.

Agregó que es una "señal potente" hacia la región y que su concreción puede generar un círculo virtuoso en la actividad económica a todo nivel. "Pero también sabemos que es necesario enfrentar con prontitud los desafíos de infraestructura como este, debido a lo extenso de los plazos de ejecución y a las definiciones normativas que son necesarias".

Benavente agregó que es crucial ir conociendo los estudios técnicos, económicos y de demanda que van a sustentar el proyecto y acelerar su desarrollo de modo de apurar su concreción.