La rápida sucesión de cambios ministeriales ocurridos en los poco más de 17 meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric contrasta con la lentitud con la cual han operado tanto la designación como la modificación de cargos a nivel regional. El diputado Tomás de Rementería plantea que la renovación de autoridades en la zona se ha visto postergada por motivos de "coyuntura" en el nivel central. Se desprende de esta tesis que las reiteradas crisis que ha debido sortear La Moneda le impiden mirar qué ocurre en la administración del Estado que opera bajo el nivel de los subsecretarios. Esta especie de "orfandad" que viven las autoridades regionales no es nueva, pero llama la atención que se haya profundizado bajo un Gobierno, al menos en el papel, de claras aspiraciones descentralizadoras.

Para el diputado y presidente regional del PS, Nelson Venegas, la situación ha llegado a un punto de inflexión y el Presidente debe dar una señal de gobernabilidad a nivel regional. Este juicio es compartido por varios parlamentarios del oficialismo, que ven la necesidad de un cambio urgente en el gabinete que encabeza la delegada presidencial Sofía González, tanto para mejorar aspectos de la gestión pública como para imprimir un aire de renovadas fuerzas a un conjunto de secretarías regionales ministeriales y direcciones de servicio que no tiene presencia importante en el espacio público. Al contrario de lo que creen algunos personeros, el problema aquí no es comunicacional, sino de gestión política. No es posible partir un "segundo tiempo" de Gobierno sin una clara agenda de objetivos regionales, obras emblemáticas o acciones concretas visibles que le permitan a la ciudadanía saber qué puede esperar de sus autoridades.

Como la idea de un cambio en el gabinete regional ya alcanzó un consenso transversal entre parlamentarios oficialistas y de oposición, la presión para que se materialice irá creciendo con el paso de los días. ¿Bastará con modificaciones menores en el elenco o el Presidente intervendrá seremis relevantes, como Vivienda, Educación, Desarrollo Social y Salud? Eso dependerá del objetivo que tenga el Gobierno a nivel regional y del sacrificio al que esté dispuesto Revolución Democrática, el principal damnificado del caso Convenios.

El Convenio N° 169 de la OIT establece en su artículo 6, de manera imperativa, el deber de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas "mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente". Por su parte, el Decreto Supremo N° 66 que regula la materia, precisa que el deber de consulta recae principalmente en los ministerios, gobernaciones y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, pudiendo los órganos constitucionales sujetarse a sus disposiciones. De igual manera, consigna que no se entenderán exentos del deber de consultar a los pueblos indígenas, cuando ello sea procedente en conformidad a la legislación vigente.

Con motivo del proceso constitucional que se lleva actualmente a cabo, la Subsecretaría de Desarrollo Social recomendó la realización de una consulta, mientras que el Consejo Constitucional señaló que su cometido era redactar una nueva propuesta constitucional y no medidas legislativas o administrativas, y que además no era el órgano competente para implementarla.

Más allá de la discusión si procede o no la consulta indígena, lo concreto es que el Consejo Constitucional carece de atribuciones y recursos para realizarla.

Desde un punto de vista internacional, un Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales. Por ello, si dos órganos especializados en la materia, como la Conadi y la Subsecretaría de Desarrollo Social, son de la opinión que dicha consulta procede, no se entiende la inacción del Gobierno al respecto.

Ningún órgano del Estado puede excusarse o eludir el cumplimiento de una norma legal, como lo es el Convenio N° 169, estando obligados a someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ello. En este caso concreto, además, el cumplimiento de las normas internacionales recae principalmente en el Presidente de la República como jefe de Estado y en los órganos del Ejecutivo.

Por ello, siendo este mismo Gobierno el responsable de realizar la consulta, no resulta comprensible dejar pasar el tiempo y apostar a la inacción. Si bien el problema de orden práctico es que tal proceso podría implicar un plazo de al menos cuatro meses, tal inconveniente es posible sortearlo mediante la utilización de plataformas electrónicas, procesos convocados y autoconvocados, entre otros.

Es deber de las autoridades garantizar un proceso constitucional sin faltas ni dudas. Si el Gobierno reitera que procede la consulta indígena, entonces está obligado a organizarla con prontitud, evitando abrir un flanco de cuestionamiento respecto de la legitimidad del nuevo texto constitucional.