Un mapa elaborado por la Armada chilena, que, según el Gobierno de Argentina, muestra como espacios marítimos chilenos zonas que son suyas, ha motivado una protesta formal de este último, por medio de su Cancillería.

"Cancillería presentó queja por un mapa chileno que se proyecta sobre territorio argentino", señaló este martes el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería de Argentina, Guillermo Carmona, en sus redes sociales, respecto de la presentación hecha por ese ministerio el pasado 24 de agosto a la embajada chilena en Buenos Aires.

La nueva controversia surgió porque el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) puso a disposición el 23 de agosto pasado un "gráfico ilustrativo de los espacios marítimos de jurisdicción chilena" y Argentina alerta de que incluye la proyección de una pretendida plataforma continental chilena que se superpone con un sector de la plataforma continental argentina.

Ese gráfico fue rechazado 24 horas después por Argentina mediante nota diplomática presentada a Chile.

Según fuentes oficiales, el "gráfico ilustrativo" publicado por el SHOA no se refiere a una cuestión novedosa, sino que procura representar los espacios marítimos de jurisdicción chilena, según surge del decreto supremo 95 publicado el 27 de agosto de 2021 y procura graficar la presentación de Chile efectuada ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental denominada "Plataforma Continental Occidental del Territorio Antártico Chileno".

Esta polémica nació en agosto de 2021, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, porque dicho decreto contemplaba la proyección de la plataforma submarina continental de Chile al este del meridiano 67 grados 16 minutos 0 segundos.

Para el Ejecutivo argentino, la pretensión chilena avanza sobre la plataforma continental argentina en unos 5.000 kilómetros cuadrados y se superpone con alrededor de 25.000 kilómetros cuadrados adicionales de fondos marinos oceánicos, que son patrimonio común de la humanidad.

Desde el inicio de la controversia, la pretensión chilena ha sido rechazada "categóricamente" por Argentina tanto en el plano bilateral como el multilateral mediante correspondencia diplomática dirigida al secretario general de la ONU y al secretario general de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Argentina recuerda que la pretensión chilena "contradice" el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre ambos países, que resolvió con carácter "definitivo e inconmovible" todas las controversias marítimas entre ambos Estados.

De acuerdo a la presentación de Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en 2009, su demarcación del límite de la plataforma continental guardaría plena conformidad con las normas de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

La Asociación Nacional de la Prensa eligió ayer a su nueva mesa directiva para el período 2023-2025, que será encabezada por el periodista Eduardo Sepúlveda.

Sepúlveda, director del medio digital El Líbero, reemplazará a Juan Jaime Díaz, gerente de asuntos corporativos de El Mercurio, quien presidió la ANP desde el año 2018 a la fecha.

Como vicepresidentes de la Asociación se incorporaron Pamela Castro, directora ejecutiva de The Clinic, y Víctor Massa, director del diario La Prensa de Curicó. A ellos se suman tres vicepresidentes que continuarán en sus cargos por el nuevo periodo: José Luis Santa María, director de La Tercera; Francisco Puga, director de El Día de La Serena, y Juan Jaime Díaz.

La mesa directiva también quedó conformada por Carlos Schaerer (El Mercurio), Gabriel Vergara (HoyxHoy), Alejandro González (El Rancagüino) Francisco Karelovic (La Prensa Austral), Francisco Martinic (La Discusión), José Tomás Santa María (Diario Financiero), Paola Álvarez (El Heraldo Austral), Manuel Madrid (Diario Chañarcillo), Eugenio Ravinet (Editorial Zig Zag) y Jorge Guzmán (La Tribuna).

"Nuestra industria hoy se enfrenta a dos amenazas que ponen en riesgo su futuro: el acoso a la libertad de prensa y la sustentabilidad económica. Si no somos capaces de resolver esos asuntos, la subsistencia de una prensa libre e independiente seguirá en peligro. La libertad de prensa no sólo es importante para la democracia, la libertad de prensa es la democracia", afirmó Sepúlveda.

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de que apunta a combatir las usurpaciones, que pasará al Senado hoy casi en los mismos términos que lo propuso la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo que es interpretado como una derrota para el Gobierno, que mediante indicaciones renovadas y solicitudes de votaciones separadas, pretendía morigerar los efectos que -según alerta- podría tener una ley de estas características.

Al cierre del debate, la ministra del Interior, Carolina Tohá, volvió a advertir que dentro de esta eventual norma "habilita causar cualquier daño al autor del delito: esa es la legítima defensa privilegiada. O sea, aquí se puede actuar en cualquier plazo, recurrir a terceros y causar cualquier daño".

Añadió que como Ejecutivo "estamos haciendo un esfuerzo para tener una ley que proteja a las personas a quienes le usurpen sus bienes, pero hagámoslo con las herramientas del derecho, no del salvajismo". Como está, "el proyecto es malo", dijo.

El texto sugerido por la comisión de Seguridad fue aprobado con 99 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones, con el rechazo de parlamentarios del Frente Amplio y el PC.

En las votaciones en particular, el Gobierno sufrió un duro traspié, ya que sus indicaciones fueron rechazadas y se aprobaron los artículos donde prevén "autotutela".

Ante este escenario, Tohá aseguró que el gobierno podría acudir al Tribunal Constitucional y eventualmente recurrir al veto presidencial.