Francisco Meneses V.

El Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar ordenó la suspensión provisional de las faenas que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está realizando en Cochoa, producto del colapso de los colectores de aguas lluvias que generaron los socavones en el lugar.

Cabe recordar que los trabajos se están realizando para mitigar los efectos de los derrumbes causados hace algunos meses, afectando principalmente a los vecinos de los edificios Kandinsky, Santorini Norte y Miramar, que han tenido que dejar sus residencias, ante la posibilidad de un colapso.

La medida fue dictada por la jueza Ximena Torres, al acoger a trámite la denuncia de obra nueva que interpuso Serinco Inversiones, sociedad de ingeniería y construcciones cuyo representante legal es Sergio Ramírez, propietaria de tres lotes en el sector.

Sin autorización

La empresa acusa que la construcción de los colectores de emergencia para la evacuación de las aguas lluvias generaría nuevos daños en sus terrenos, sumados a los ya existentes por los derrumbes que generaron el socavón.

Al mismo tiempo, Serinco manifiesta que las obras del MOP se han realizado sin su autorización como dueña de los predios, excediendo la servidumbre de acueducto existente para la urbanización del sector, por la cual se construyó el colector de aguas lluvias desde la avenida Costa de Montemar hasta la avenida Borgoño, donde desemboca.

A juicio de la propietaria, subsistiría el problema de sobrecarga de aguas lluvias, ya que se requiere un rediseño del colector Balaguer Soza, que fue el primero en colapsar.

Asimismo, desde la parte denunciante se estima que no se conoce un proyecto concreto del MOP por el cual se están realizando los trabajos, como tampoco si son calificadas como seguras, para evitar la generación de un tercer socavón.

Además de la suspensión provisional de obras, otorgada por el Tribunal, Serinco pide que los lotes de su propiedad no sean intervenidos ni alterados respecto de su actual estado.

También, la empresa manifiesta en su escrito la disposición y cooperación de su parte, para la reconstrucción de la avenida Costa de Montemar con el muro de contención respectivo, y la reposición de la avenida Borgoño.

Afecta al colector

"La denuncia no ha solicitado suspender los trabajos para sostener la calle, sino sólo la construcción de un colector al interior de los terrenos del denunciante", explicó al respecto Jeanette Bruna, abogada especialista en Derecho Urbanístico y de la Construcción.

Esto, agregó, al informar "la inexistencia de autorizaciones para dicha intervención y la falta de antecedentes técnicos que demuestren que dichas obras no generarán riesgos para los terrenos del denunciante ni para las otras edificaciones, atendido lo ocurrido en el segundo socavón provocado con ocasión de obras MOP".

Bruna plantea que la denuncia "coincide con la preocupación manifestada por copropietarios de edificaciones afectadas".

"De esta manera, la resolución judicial sólo se remite a lo pedido por denunciante, de modo que no existe prohibición expresa de seguir realizando el trabajo de sostenimiento de la calle por parte del MOP", estimó.

"impacto negativo"

En tanto, el académico de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la PUCV y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Álvaro Peña, planteó que "la suspensión por aspectos judiciales de las obras de refuerzo y reparación tiene un impacto negativo considerable".

"En caso de lluvias futuras, existe un elevado riesgo que la erosión y socavación se incrementen en extensión y profundidad. Esta interrupción pone en riesgo la seguridad de la obra, que se diseñó como una respuesta de emergencia para resolver los problemas de inestabilidad y protección a corto plazo", aseguró.

A juicio de Peña, "con total seguridad estas paralizaciones generaran un aumento en los costos, dificultando la logística y administración del proyecto", por lo que "para mitigar estos riesgos, es crucial concientizar que estas obras son de emergencia para así retomar las obras de refuerzo y reparación cuanto antes".

"Esto requiere una colaboración estrecha entre ingenieros, abogados y autoridades, buscando una resolución o autorizaciones que permita proseguir con las obras", indicó el docente.

"La denuncia no ha solicitado suspender los trabajos para sostener la calle, sino sólo la construcción de un colector".

Jeanette Bruna, Abogada

"La suspensión por aspectos judiciales de las obras de refuerzo y reparación tiene un impacto negativo considerable".

Álvaro Peña, Académico PUCV

Siguen las repercusiones por la denuncia en contra del alcalde de La Calera, Johnny Piraino, por presunta malversación de caudales públicos al haber usado maquinaria municipal, como una retroexcavadora y un camión aljibe en una parcela de su propiedad.

Cabe recordar que la Fiscalía, a través de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), ordenó a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones la incautación de documentos en el municipio calerano.

La denuncia en el ente persecutor, junto con otra en Contraloría, pero que fue desestimada, fue interpuesta por Miguel Silva, vecino del sector de Artificio, quien en su momento publicó las fotografías de la maquinaria en sus redes sociales.

"Del 31 de abril al 1 de mayo me llegaron unas fotografías que la habían sacado ese día sábado (29 de abril), respecto que vieron las maquinarias que estaban en la parcela del alcalde", dijo Silva.

Esos antecedentes fueron enviados a los concejales de La Calera, para que formularan las consultas en la sesión del Concejo, pero "solamente dos concejales preguntaron dónde están las maquinarias".

No se fiscalizó

Respecto de la denuncia en Fiscalía, Silva -quien se define como "fiscalizador social"- prestó declaración en el cuartel de la PDI en Placilla.

"Entregué todos los antecedentes habidos y por haber, con nombres y apellidos, y dentro de ellos el video del Concejo donde ellos no hicieron nada (...) por eso se atribuye que ninguno cumplió con su deber de fiscalización", estimó.

Por esa razón, agregó, le parece extraño que "los concejales se están tirando flores, diciendo que ellos fueron los que (denunciaron), el señor (Juan Carlos) Reyes dice que él fue el que hizo la denuncia".

Sobre las indagatorias, Silva manifestó que la PDI revisó hace tres semanas, en el pañol de los vehículos municipales, "la bitácora donde tiene que quedar registrada la salida y la entrada de los vehículos, cualquiera sea. Y estaba borrado justamente en esos días, la salida y la entrada de la retroexcavadora".

Y respecto de las tesis de parte de fines políticos detrás de las denuncias contra el alcalde calerano, Silva es enfático: "Como se le pilló en todo y ha sido una semana mala para él (Piraino) (...) no halla que hacer y se le echa la culpa a los políticos. O sea, estamos hablando de que ni siquiera tiene argumentos para defenderse".

"Entregué todos los antecedentes (...) y dentro de ellos el video del Concejo donde ellos no hicieron nada".

Miguel Silva, Vecino de La Calera