Como zona que basa parte importante de su crecimiento en rubros sensibles a los vaivenes de la economía mundial -turismo, exportaciones y servicios-, la Región de Valparaíso debe extremar sus esfuerzos para consolidarse en otras áreas, como la innovación tecnológica en el aula, las industrias creativas y el emprendimiento. De allí que la medición hecha por el Grupo de Ecosistemas Inteligentes de Latinoamérica (GEIAL), que ubica a este territorio sobre el promedio continental, con potenciales de aprendizaje y mejora importantes, adquiera un valor indiscutible para trazar un futuro sustentado en la capacidad de impulsar nuevos negocios y construir un ambiente que fomente inversiones. Hugo Kantis, figura clave en la iniciativa GEIAL, apunta con mucha asertividad que se debe mejorar la conexión entre investigación y emprendimiento, entre sector privado y universidades, para constituir un polo de desarrollo basado en las sinergias comunes. En esta tarea, cabe destacar el liderazgo de María José Escobar, en su rol de presidenta del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación de la Región de Valparaíso (EIVA), así como el esfuerzo de Distrito 21, en El Salto, para ofrecer un espacio permanente de reflexión sobre el tema. Un segundo ejemplo del potencial que encierra este tipo de negocios lo ofrece el Encuentro Enexpro de Industrias Creativas, evento que se realizó esta semana en Viña del Mar -primera vez en regiones- y que ayer culminó con más de US$ 26 millones de intercambio comercial y negocios cerrados en este ámbito de la economía. Este esfuerzo del sector privado y las universidades no puede quedar aislado del resto del devenir económico regional, sino que debe transformarse en una fórmula que agrupe cada día más interés y apoyo desde el sector público, para construir en conjunto una masa crítica capaz de sacar el mayor provecho posible a la única oportunidad real de liderazgo continental que tiene esta Región.

El Gobierno presentó el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2024, que en el ámbito educativo representa una decepcionante continuidad con la ley vigente. La mayor parte de los aumentos en el gasto se deben a leyes permanentes y no existe un cambio en la actitud del Ejecutivo frente a la reactivación educativa. La gravedad y alcance de lo perdido por la pandemia requieren esfuerzos extraordinarios, pero apenas se ha visto un tímido ademán de hacer algo sustantivo en la materia.

El año pasado, el Gobierno comenzó a implementar un plan de reactivación denominado Seamos Comunidad: un conjunto de programas de bajo alcance, mínimo presupuesto y baja justificación en la evidencia científica. Su sucesor, el Plan de Reactivación Educativa, no es significativamente distinto. Después de más de un año de implementación, en ambas de sus versiones, los resultados están a la vista: la asistencia continúa empeorando, una minoría (38%) de los alumnos desvinculados entre 2021 y 2022 han vuelto al sistema, la convivencia escolar está en un estado crítico y los aprendizajes han retrocedido de manera brutal, como lo mostraron los resultados Simce.

Más allá de lo que el discurso pueda indicar, la distribución de los aumentos en el gasto educativo muestra las intenciones del ministerio en la educación. Por un lado, una disminución en los recursos asignados por capítulos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (-2,2%) y a la Subsecretaría de Educación Parvularia revela que la enseñanza inicial, aquella que rinde más beneficios para la sociedad, no está dentro de las principales prioridades de la cartera. Esto es aún más grave si se considera que la tasa de cobertura neta en educación parvularia cayó 2,4 puntos porcentuales entre 2017 y 2022. Se trata de la primera vez que cae en 30 años.

Por otro lado, un aumento de $590 mil millones en el total del presupuesto se ve mayoritariamente absorbido por el programa de Educación Superior, que alza su gasto en $313 mil millones (53,1%). Si más de la mitad del aumento en educación se va a políticas de financiamiento de estudios superiores, no se puede decir que ha existido un énfasis en lo que el país, en este momento, necesita: un enfoque en reactivación de los aprendizajes, de la asistencia y de la convivencia.

¿Qué hacer? Reformular y expandir el plan de reactivación, reemplazando programas inefectivos, concentrando los esfuerzos del Fisco en medidas eficaces y costo-eficientes. Inyectar recursos y dotar de autonomía a los establecimientos escolares, para que estos gestionen de mejor manera los problemas que les aquejan. Ambos enfoques requieren que la autoridad educativa reconozca el momento histórico al que se enfrenta: uno que requiere su atención y esfuerzo extraordinario. No nos podemos dar el lujo de esperar 10 años.