Fiscalía indaga denuncias en seis municipios de la zona y CDE ha presentado 10 querellas
Son los principales casos de corporaciones investigadas en materia penal en la Región. El área de la justicia electoral, en tanto, registra una cifra no menor de alcaldes destituidos.
El bullado caso del alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, y de la tesorera "de facto", Belén Carrasco, ambos en prisión preventiva imputados por malversación de caudales públicos por más de $1.060 millones, puede ser uno de los más llamativos de los últimos años. Pero lo cierto es que se suma a una serie de corporaciones y/o autoridades edilicias de la zona bajo investigación actual o ya concluida en los ámbitos penal y de justicia electoral.
En esta última área, sorprende constatar que hay comunas donde el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha destituido a dos alcaldes por notable abandono de deberes.
Así le ocurrió en 1994 al jefe comunal de Viña del Mar, Rodrigo González, y en 2021 a la exalcaldesa -en ese momento concejal-, Virginia Reginato, inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años por "haber mantenido una situación permanente de déficit y ocultar la real situación financiera del municipio", omitiendo informar sobre ello en las cuentas públicas de 2016 y 2017.
Zapallar y cartagena
En 2004 debió abandonar sus funciones el jefe comunal de Zapallar, Federico Ringeling, y en 2016 fue destituido Nicolás Cox, ambos inhabilitados en su momento por cinco años para ejercer cargos públicos.
En Cartagena sucedió algo similar. En 2004 la justicia electoral destituyó al alcalde Luis García Rojas por notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa. Siete años después el Tricel le aplicó al jefe comunal Osvaldo Cartagena la misma sanción que a García por iguales causas.
Otras cuatro comunas
También en 2011 fue destituido el alcalde de Casablanca, Manuel Jesús Vera, por notable abandono de deberes y faltas a la probidad, tras una denuncia por destinar a pago de sueldos, arriendos y otros, $300 millones aprobados por el concejo para cancelación de servicios.
En marzo de 2019, el exalcalde de Nogales, Óscar Cortés, fue condenando a cinco años de libertad vigilada intensiva por malversación de caudales públicos entre los años 2011 y 2013, al igual que tres funcionarios de ese municipio. Además, producto de la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al exjefe comunal y otros dos imputados se les ordenó pagar más de $221 millones.
En 2020 fue destituido el jefe comunal de El Tabo, Emilio Jorquera, por infringir el principio de probidad en irregularidades vinculadas a la extracción de áridos por una empresa a la cual se le vinculaba, en un sector no permitido.
Y a comienzos de 2021 el Tricel sancionó con prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años al exalcalde de Rinconada, Pedro Caballería.
En el ámbito penal, seis son los principales casos de municipalidades de la zona que actualmente investiga el Ministerio Público, con o sin autoridades edilicias involucradas, señala la fiscal regional, Claudia Perivancich. En la mayoría de ellos se indaga posible comisión de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos u otros delitos, como por ejemplo cohecho.
Algarrobo
"Por una parte, está la imputación de malversación de caudales públicos por $1.060 millones a Belén Carrasco, tesorera 'de facto', y al alcalde por esta misma conducta e igual monto", para lo cual se valían de transferencias desde la municipalidad a cuatro personas, dos de ellas vinculadas además por parentesco con el jefe comunal.
A Carrasco se le atribuye haber adulterado documentación para validar las transferencias, lo cual requería una segunda firma además de la propia. Esa misma conducta se le imputa al alcalde Yáñez. "Nosotros decimos que él no puede sino estar detrás de esta maniobra que ella ejecuta como encargada de hacer las transferencias y de obtener los vistos buenos".
La fiscal regional subraya que en la investigación hay que esclarecer la situación de las otras personas que autorizaron las operaciones. "En principio han declarado como imputadas, por ejemplo el jefe jurídico".
En cuanto a la imputación de cohecho hacia el jefe comunal, apunta a que él recibe en su cuenta corriente, en días consecutivos, transferencias por un total de $25 millones del representante legal de una empresa de excavaciones contratada dos veces mediante licitaciones y alrededor de 15 por trato directo para ejecutar una serie de obras o proyectos municipales. "Eso lo imputamos como una circunstancia en que se otorga un premio o recompensa económica para que el alcalde favoreciera esas contrataciones", precisa.
Limache y casablanca
El caso de Limache comienza con una denuncia de una concejala y un informe de fiscalización de Contraloría. Ellos refieren la situación de una funcionaria contratada para trabajar en un programa de seguridad en la Municipalidad en un periodo en que también tenía un contrato vigente con otra empresa.
Aquí se estaría frente a una doble contratación, lo que podría significar también un delito
Rosa Zamora Cabrera
rosa.zamora@mercuriovalpo.cl