Si hay algo en lo cual podemos convenir es en que las autoridades no supieron dimensionar el calibre de la catástrofe, no tuvieron el máximo de información posible y, obviamente, tampoco transmitieron la gravedad de los hechos a La Moneda. La ministra del Interior, Carolina Tohá, jamás habría tomado la decisión de ordenar una reunión de Cogrid para el día siguiente, como era en un principio, en momentos que decenas de personas estaban muriendo porque no alcanzaron a arrancar de las llamas.

Tampoco la población ni los servicios de emergencia estaban preparados para una eventualidad como ésta. Senapred, con jefe subrogante, recién emitió una alerta SAE a las 18.41 horas y no se envió a las FF.AA. ni a Carabineros a forzar la evacuación. El corte de comunicaciones influyó también decididamente en la amplificación de la tragedia ese viernes por la noche, con las autoridades locales corriendo en círculos como pollos sin cabeza y sin vocerías ni liderazgos definidos (¿quién está a cargo? ¿El gobernador Rodrigo Mundaca? ¿La delegada Sofía González? ¿Los alcaldes? ¿El Jedena Marcelo Muñoz? ¿Conaf?).

La tesis, probada o no, de la intencionalidad y la planificación en el origen del fuego es plausible. Pero ello no implica que las cosas no se hicieron mal desde el primer minuto, con la Fiscalía y la PDI completamente dormidas, dejando los cadáveres al amparo de su suerte y de los perros durante más de 24 horas, algo no visto desde el terremoto de 1906.

Apuntar al complot siempre es una forma de purgar los errores propios y habla más de incompetencia que de otra cosa. Las frases grandilocuentes, las querellas que no llegan a ninguna parte (Jorge Sharp y su abogado Nicolás Guzmán ya llevan siete, con harta publicidad en Instagram, obviamente ninguna ellas cuando delincuentes quemaron la ciudad en octubre de 2019), la arrogancia de decir que nadie los iguala en "tener calle" contrastan con la más absoluta irresponsabilidad de no haber tenido un plan de operaciones, con camiones aljibe, funcionarios municipales y del Gobierno Regional colaborando decididamente en la que quizás sea una de las tragedias más grandes vividas en la Región.

Todo eso no puede ser pasado por alto. No estuvieron.

Dicen que no es la hora de buscar responsables: han muerto más de ciento veinte personas, hay quince mil viviendas destruidas y 40 mil damnificados. Ni siquiera se pusieron de acuerdo para evitar a la población el espanto de levantar los cadáveres de sus familiares y vecinos, o de tener que cuidar ellos mismos sus casas con palos para que no les roben.

¿En serio esperan que les digan que lo están haciendo bien?

En febrero de 2021 dijimos: "Ante todo, como gremio lamentamos profundamente los incendios que han arrasado con las viviendas y los bienes materiales de un número importante de familias. Sobre todo, en el contexto de cambio climático que vivimos, en que estos fenómenos se podrían repetir con mayor frecuencia e intensidad"; y agregamos: "Sin duda que la protección del medio ambiente es uno de los mayores desafíos que hoy enfrentamos como sociedad, lo cual demanda buenas políticas públicas, basadas en antecedentes fidedignos y en un adecuado equilibrio entre restricciones e incentivos" y aquí estamos… tres años después lamentando una de las mayores tragedias de un incendio forestal que ha comprometido zonas urbanas.

Más allá que el inicio haya sido intencional, o como fue avanzando por la baja humedad y las condiciones climáticas, pavesas mediante, nos cabe la pregunta de que hemos hecho realmente para evitar estos hechos y que haremos para no repetir esta columna en 2025

Nos preguntamos qué han hecho los departamentos municipales en la prevención; desmalezado, limpieza quebradas, infraccionar los adosamientos irregulares, las construcciones en áreas de riesgo, de la inspección a cortafuegos, etcétera.

Asimismo, que han hecho los gobiernos comunales en organizar a las comunidades y la creación de gobernanzas locales.

Nos preguntamos cual ha sido la colaboración del Gobierno Regional en la planificación y gestión de las ciudades (donde aún no disponemos de un Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, CNDT regional), o cómo han estimulado a que las comunas y sus regulaciones conversen entre ellas.

Nos preguntamos dónde va tanta información y conocimiento generado por las Universidades como de centros de la sociedad civil organizada, que aún no están centralizados en alguna institución formal que permita la correcta, oportuna y eficaz toma de decisiones, tanto en la planificación como en la respuesta ante eventos tan dramáticos como los vividos.

Nos preguntamos, por último, que hemos hecho -o dejado de hacer- los ciudadanos mismos, desde que autoridades escogemos hasta barrer nuestra vereda o regar nuestra platabanda, no ensuciar la ciudad (menos las quebradas), podar nuestros árboles, en fin… al final de tanto exigir derechos observamos, que, de un tiempo a esta parte, todos hemos ido olvidando nuestros deberes.