Con buenas perspectivas de futuro llegó la delegación que viajó hasta Miami, Estados Unidos, para representar a Valparaíso en la Feria Seatrade que cada año se realiza en el Miami Beach Convention Center para fortalecer la industria de los grandes cruceros de lujo. Allí, el objetivo de potenciar y aumentar la llegada de naves para la próxima temporada dio un paso importante, con la confirmación de 22 buques para el periodo 2024-2025, cifra que podrá aumentar en los próximos meses para superar las marcas dejadas por la actual temporada. Cuatro de dichos buques llegarán por primera vez a la ciudad -"Braemar", "Vasco da Gama", "Mitsui Ocean Fuji" y "Serenity", en tanto el MSC "Magnifica" regresará tras dos años ausente en los terminales locales como parte de una ruta alrededor del mundo.

La delegación aprovechó de anunciar a los distintos operadores de Miami que Valparaíso contará con un terminal exclusivo de cruceros -en un futuro indeterminado aún-, fruto del gran acuerdo suscrito por la Empresa Portuaria Valparaíso, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y el Gobierno Regional, y entregado al Presidente de la República Gabriel Boric en un acto celebrado en el Terminal de Pasajeros de Valparaíso el año pasado.

Todas estas son señales alentadoras en una industria que tiene todo el potencial para llevar al turismo porteño a nuevas alturas, pero es posible advertir desde ahora ciertas dificultades que deben quedar resueltas antes de pregonar tan rápidamente que la ciudad contará con muelle y atractivos capaces de conquistar nuevos visitantes extranjeros. El primer paso es sacar el proyecto de muelle exclusivo de la mesa de diseño y acelerar sus estudios y trámites para tenerlo listo en un horizonte menor a los 5 o 6 años planteados inicialmente. Prometer hoy lo que se espera ver materializado en 2030 es una apuesta arriesgada, a menos que haya medidas y decisiones claras sobre dicho tema.

Hay un segundo bemol en este tema. Una cosa es que la ciudad pueda recibir más visitantes de cruceros y otra muy distinta que tenga los atractivos suficientes para que se queden en la ciudad, la recorran y consuman sus productos. Existe allí un desafío mayor para el cual no se aprecia ni dibujo ni proyecto.

Este viernes 12 de abril se convirtió en un día histórico: 307 comunas recibieron, en total, $93.646 millones gracias a los Fondos Puente de la Ley de Royalty Minero.

Durante décadas se buscó el acuerdo sobre un royalty que estableciera una compensación al país producto de la explotación de recursos naturales no renovables como el cobre. Luego de varios intentos fallidos y cinco años de tramitación se aprobó finalmente una Ley de Royalty en 2023, que se logró gracias a la articulación entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y un conjunto de parlamentarios, alcaldes y gobernadores regionales.

El royalty permitirá que el Estado recaude de manera justa y eficiente impuestos a la gran minería y que los distribuya en el país promoviendo la economía y el bienestar de la ciudadanía, poniendo especial énfasis en el fortalecimiento de las regiones. Destacan la creación de tres fondos dirigidos a municipios y gobiernos regionales: el de Equidad Territorial, el de Comunas Mineras y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo.

Si bien la legislación determinó que el royalty comenzará a distribuir recursos en 2025, desde el Gobierno comprometimos que durante 2024 se ejecute un Fondo Puente de apoyo a los municipios equivalente a cerca la mitad del dinero que se transferirá el próximo año.

El Fondo de Equidad Territorial, que está destinado a acortar las brechas presupuestarias de los municipios con menos ingresos, entregó $70.755 millones a 300 comunas, mientras que el de Comunas Mineras, que devuelve recursos a las localidades donde se produce la actividad minera, se ejecutó en 43 comunas del país por un total de $22.891 millones.

Esta inyección de recursos llega a casi el 90% de los municipios del país, es la más alta en los últimos 10 años y permite oxigenar al financiamiento municipal aumentando ingresos y mejorando la distribución de recursos entre comunas, considerando brechas e inequidades territoriales. Esto implica que Catemu, por ejemplo, aumente sus ingresos propios en aproximadamente un 20%, o que comunas como Puchuncaví o Los Andes reciban más de mil y 800 millones de pesos por ambos fondos, respectivamente.

La implementación del royalty no sólo permite avanzar en equidad territorial, sino que también en descentralización fiscal y fomento de la autonomía, dando pie a nuevos modelos de desarrollo local. Cada municipio tendrá la libertad de disponer de estos recursos según sus necesidades locales, ya sea invirtiendo en ayuda a los vecinos y vecinas, o mejorando la infraestructura y calidad de vida de la comuna. Esto es un impulso para continuar con una toma decisiones con pertinencia territorial en búsqueda de mayor cohesión social.