Un intenso y productivo diálogo, que puede tener positivos efectos en la relación entre el sector privado, el Estado y la academia, sostuvieron ayer la presidenta de la gobernanza de Emprendimiento e Innovación de Región de Valparaíso (EIVA), María José Escobar; el past-president de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP), Pier-Paolo Zaccarelli; la jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional Valparaíso, Camila Bolados, y la jefa de la División de Planificación y Desarrollo del Gore, Débora Vega. Reunidos a instancias de los profesores de la Escuela de Ingeniería y Negocios de la Universidad Viña del Mar, Alejandro Corvalán y Marcelo León Vargas, en una actividad que llevó el provocador nombre de "¡Volvamos a hablar de desarrollo!", los participantes coincidieron en varias ideas que pueden servir como guías en esa ruta inevitable que debe emprender la Región para atraer nuevas inversiones, reactivar su capacidad productiva y levantar sus cifras de empleo.

Más allá de los matices distintivos que aportó cada personero desde sus ámbitos particulares de conocimiento y experiencia, todos coincidieron en la necesidad de sumar voluntades a un pacto regional a favor del crecimiento, que pueda sustentarse en medidas concretas para acelerar los proyectos detenidos por el exceso de burocracia, pero además, con una mirada de largo plazo, diseñar una política regional que identifique áreas de oportunidad, prioridades de inversión y el fortalecimiento de aquellas instancias de diálogo y trabajo conjunto entre las autoridades del Estado, los empresarios y las universidades.

La necesidad de que estas ideas e instancias se concreten es urgente, según confirmaron los profesores Corvalán y León en una exposición que, con cifras que se remontan al año 1960, demostraron cómo esta zona ha perdido competitividad frente al resto del país y el grave impacto que ello provoca en el mercado laboral. Un rol clave en este proceso será el aporte del Observatorio Económico Regional, que la Escuela de Ingeniería de la UVM reactiva con un momento oportuno para suministrar información valiosísima a los distintos actores de este ecosistema productivo y de innovación, y servir de monitor de las decisiones tomadas.

Ochocientos estudiantes estarían a la fecha sin matrícula en Chile. No 3 mil, como se denunció inicialmente en un número que la autoridad ha declarado desconocer. El Gobierno ha explicado que se trata de un problema que tiene sus causas en fenómenos migratorios y falta de establecimientos, y que si bien el Estado no es responsable de crear oferta educativa, se está ocupando del tema.

Dentro de las explicaciones, salta un dato elocuente y que se vincula a una ausencia mucho más masiva, pero que no parece importarle a nadie: los 227 mil niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar y que, pospandemia, han ido aumentando a razón de 50 mil cada año. Es un enorme contingente de excluidos que tienen vulnerado el derecho esencial a la educación y que no cuenta con la escuela como factor protector, encontrándose a merced de la tentadora oferta del narco y la delincuencia.

Hace poco, una dirigente vecinal de Bajos de Mena comentaba el caso de una niña de 9 años que quería que la llamaran "Paty Fácil", emulando a una influencer que la inspiraba. Encontraba que así no tendría para qué ir al colegio. No es la única. Hoy muchas niñas sueñan con conquistar al "mariscal de campo", al más choro de los choros del barrio, y para eso hacen esfuerzos estéticos inauditos. Eso, mientras ellos se suman al que les ofrece plata fácil y alto riesgo como rápido camino al éxito.

El dato dramático en relación a los 800 que quieren estudiar y cuentan con el apoyo de sus familias para lograrlo, es que la mayor parte de los que están sin matrícula se ubican entre octavo básico y primero medio. Es decir, en el momento de quiebre de la continuidad escuela-liceo, que es una de las causas de abandono escolar más común. Otras son las necesidades económicas, la maternidad-paternidad adolescente, los cada vez más presentes problemas de salud mental, la violencia intrafamiliar, el consumo y comercio de drogas y alcohol, y el capital cultural y nivel socioeconómico de las familias.

La exclusión escolar involucra al 6,5% de la matrícula total de estudiantes en todo Chile, que son cerca de tres y medio millones de niños, niñas y jóvenes. Frente a eso, los 800 representan el 0,02% del total, pero tienen un respaldo, el apoyo de sus padres y apoderados, quienes siguen creyendo en el efecto protector de la escuela y en la educación como herramienta de promoción social. Por eso exigen los cupos que requieren. Así, mientras los 800 afligen al Ejecutivo y estimulan desgastadoras amenazas de acusaciones constitucionales contra la autoridad ministerial, los 227 mil siguen ahí, incrementándose sin que a nadie le preocupe el tema.

En 2020, el Consejo Nacional de Educación aprobó la creación de la modalidad de reingreso, para ofrecer a esos excluidos desencantados con el sistema una alternativa ad hoc a su realidad. Al año siguiente, 2021, el Ministerio de Educación ingresó el proyecto de ley que crea la modalidad de reingreso y tras su discusión fue aprobado por la Cámara de Diputados. En el Senado el proyecto se estancó y pasó a engrosar el listado de proyectos de ley no prioritarios mientras los jóvenes siguen esperando.