Acusan obstrucción a la Cámara tras nula respuesta del Ejecutivo
SOCAVONES. Diputados de comisión investigadora del campo dunar cuestionan la escasa responsabilidad del Gobierno: más de 50 oficios no fueron contestados.
Luego de diez sesiones y más de cinco meses de discusión, la Comisión Especial Investigadora (CEI) encargada de indagar los actos del Gobierno en el campo dunar de Viña del Mar y Concón finalizó ayer su funcionamiento, evacuando el informe con los antecedentes y conclusiones que dejó la instancia parlamentaria.
La CEI se constituyó en diciembre pasado, luego de que dos socavones ocurridos en agosto y septiembre de 2023, respectivamente, obligaran a evacuar más de 200 departamentos de tres edificios: las torres Kandinsky, Santorini Norte y Miramar Reñaca.
En su última sesión, el debate parlamentario se centró en torno a acordar las conclusiones del informe de la comisión. En ese marco, uno de los temas que generó mayores disputas fue dirimir las responsabilidades de los socavones.
Y es que si bien la propuesta de informe del presidente de la comisión, el diputado Tomás de Rementería (Ind./PS), consignaba que "el caso de los llamados socavones de Reñaca constituye un paradigma de la responsabilidad público-privada, que puso en riesgo la vida y salud de cientos de familias", el parlamentario Luis Fernando Sánchez objetó que "me llama la atención que se establezca a buenas y a primeras que esto es fruto de una responsabilidad público-privada".
"Que haya una corresponsabilidad privada me parece que es algo que no quedó asentado (...), en lo que tiene que ver con el socavón en sí mismo. Si vamos a sentar que hay algún tipo de responsabilidad, tiene que decirse claramente que la responsabilidad es estatal", enfatizó el parlamentario del Partido Republicano.
"Estado debe resarcir"
La propuesta del presidente de la instancia también argumentaba que los residentes afectados "deben ser resarcidos por todo su daño, incluso por el propietario primer vendedor", un punto que tampoco fue visado por la oposición.
Al respecto, el diputado Andrés Longton (RN) señaló que "atribuir la responsabilidad a los urbanizadores y a la inmobiliaria por cumplir con la ley, es un exceso por donde se le mire". "Acá el problema es respecto a los colectores de aguas lluvias, que la fiscalización, la construcción y la capacidad no dio abasto", añadió.
"Decir que es un exceso es poco. Si vamos a hacer referencia a quién debe resarcir, aquí es el Estado quien tiene que indemnizarle a todas las personas afectadas, por todo el tiempo que tuvieron que estar fuera de sus viviendas", complementó Sánchez.
56 oficios sin respuesta
Sin embargo, más allá del tira y afloja propio de la discusión parlamentaria, sí hubo un acuerdo en torno a la molestia de los legisladores frente a las escasas respuestas de los oficios por parte del Ejecutivo.
Y es que del total de 76 oficios que presentaron los diputados a las diversas instituciones, 56 no obtuvieron respuesta por parte del Gobierno.
Entre las instituciones que menos respondieron figuran la Delegación Presidencial de Valparaíso (14 oficios sin respuesta), la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP (8), la Municipalidad de Viña del Mar (6) y el propio Ministerio de Obras Públicas, también con 6 oficios sin contestar.
Esta situación motivó los cuestionamientos del diputado oficialista Tomás Lagomarsino (Ind.-Partido Radical), asegurando que "lamentablemente faltó mucha colaboración, tanto del Gobierno como de la Municipalidad de Viña del Mar". "La Cámara de Diputados tiene facultades de fiscalizar los actos del gobierno, y el gobierno, sea de izquierda o derecha, de cualquier color político, debe responder", enfatizó.
También desde el oficialismo, el diputado De Rementería, en la sesión del 22 de abril, reveló su malestar: "Hay que decir que estoy bastante descontento de la situación que se ha dado en la respuesta a los oficios, que ha sido lenta, y en muchos casos ni siquiera ha sido. No hay respuesta alguna".
Desde la oposición, el diputado Luis Fernando Sánchez calificó de "lamentable" la postura del Ejecutivo, agregando que "acá es evidente que ha habido una intención de barrer este problema debajo de la alfombra y no hacerse cargo de sus culpas, y esto se aplica tanto a la delegada presidencial (Sofía González) como a los alcaldes".
En tanto, Andrés Celis (RN) declaró que la situación representa una "falta de respeto" y una "indolencia" por parte de la alcaldesa de Viña del Mar (Macarena Ripamonti) y de la delegada presidencial.
Proyectos de ley
Finalmente, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) acusó que estos hechos revisten "una obstrucción por parte del Ejecutivo y de las instituciones públicas que no permitieron que ejerciéramos nuestra labor de fiscalización", calificando además la inacción de las instituciones como "una burla a nuestra labor".
Por ello, señaló que presentará un proyecto que sancione "la no respuesta a nuestras fiscalizaciones". Asimismo, anunció otra moción de ley a fin de que los permisos ambientales se exijan a las empresas previa construcción de las edificaciones, y no sólo en la recepción de las obras.
"Aquí hubo una obstrucción por parte del Ejecutivo y de las instituciones que no permitieron que ejerciéramos nuestra labor de fiscalización".
Hotuiti Teao, Diputado (Ind.-Evópoli)
"Estoy bastante descontento de la situación que se ha dado en la respuesta a los oficios, que ha sido lenta, y en muchos casos ni siquiera ha sido".
Tomás de Rementería, Presidente de comisión (Ind.-PS)
"La Cámara tiene facultades de fiscalizar los actos de gobierno, y el gobierno, sea de izquierda o de derecha, debe responder".
Tomás Lagomarsino, Diputado (Ind.-Partido Radical)
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