El mismo día que la delegada presidencial Sofía González celebraba la reducción que experimentaron las cifras de algunos delitos en la Regón, el gobernador Rodrigo Mundaca aplicó un mazazo al proceso de aggiornamento que ha experimentado la centroizquierda en la forma de enfrentar el problema de la seguridad pública y en entrevista con el periodista Ignacio Franzani, de Súbela Radio, propuso reponer el debate sobre la pena de muerte en el país. "Hay discusiones que están pendientes y que nadie quiere instalar, por ejemplo, la discusión en torno a la pena de muerte", dijo Mundaca, quien reiteró la idea dos o tres veces más durante el mismo programa.

Desde su promulgación en 1875 hasta 1985, cuando fueron fusilados Carlos Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, conocidos como los "psicópatas de Viña del Mar", un total de 58 personas recibieron la pena máxima establecida en el Código Penal chileno. La idea de revocarla vino del senador por Valparaíso Juan Hamilton, quien ingresó en 2001 el primer proyecto que derogaba la pena de muerte para algunos delitos.

Con su propuesta, Mundaca queda alineado cerca del algunos parlamentarios de derecha -Camila Flores ya expuso su total acuerdo con el gobernador- y en las antípodas de su propio sector, ya suficientemente atribulado con las concesiones que ha tenido que hacer en el tema de la seguridad pública para embarcarse en una discusión interna sobre la pena de muerte. Esta contradicción pone al jefe regional en la complicada postura de tener que justificarse en momentos que busca cerrar alianzas con los partidos del oficialismo para las elecciones de octubre o, simplemente, retroceder. En cualquier escenario, el gobernador abrió una puerta que le abre un flanco a su izquierda, complica al Gobierno justo cuando comienza a ver mejores cifras en el combate contra la delincuencia y le entrega en bandeja a una parte de la derecha un argumento para reponer una idea que siempre le permite llevar agua a su molino.

Las isapres enfrentan una crisis innegable. Los ajustes en los precios de los planes, la creciente judicialización de las alzas debido al incumplimiento de la tabla de factores y las deudas acumuladas después de la pandemia son sólo algunos de los factores que han llevado a estas instituciones a alertar incluso sobre la posibilidad de "quiebras inminentes".

Ante este panorama de incertidumbre, resulta imperativo fortalecer el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). No sólo para contener la migración masiva de afiliados de isapres a Fonasa, que representa la mayor fuga registrada en los últimos 20 años, sino también para mejorar las prestaciones de los más de 16 millones de personas que actualmente forman parte de Fonasa.

En este contexto, cobra relevancia uno de los principales ejes de la Ley Corta que actualmente se está tramitando en el Congreso: modernizar y fortalecer Fonasa. Uno de los mecanismos propuestos para viabilizar este propósito es la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria, que permitiría a los beneficiarios actuales y futuros de Fonasa acceder a un esquema de cobertura integrado por prestadores privados, con copagos mínimos garantizados. Gracias a esto los beneficiarios de Fonasa podrían acceder a una cobertura financiera complementaria para cada prestación adicional que requieran, mediante el pago de una prima adicional al 7%.

En el caso de que un beneficiario de Fonasa desee acceder a esta modalidad para obtener una cobertura adicional para alguna condición o enfermedad que no esté contemplada en el Plan de Garantías Explícitas de Salud (GES), o para acceder a una atención fuera de la Atención Primaria de Salud (APS) o a atenciones de emergencia, podría pagar una prima complementaria para obtener esta cobertura adicional. Además, se contempla la inclusión de un seguro catastrófico en esta modalidad.

Es importante destacar que, a diferencia de los actuales planes complementarios de salud ofrecidos por las isapres o por seguros privados voluntarios de salud, esta modalidad de cobertura complementaria no sería excluyente ni discriminatoria por razones de salud previa, como las preexistencias, por ejemplo.

En resumen, la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) propuesta en la Ley Corta permitiría a las personas acceder a mejores prestaciones de salud, sin discriminación y con menores copagos. Es una oportunidad para mejorar el acceso a la atención médica y para fortalecer Fonasa en beneficio de todas las familias chilenas.

Desde el Congreso Nacional urge una respuesta concreta que fortalezca la previsión en salud pública en beneficio de las familias. Es fundamental estar atentos a la votación en Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas de esta semana y asegurarse de que se tomen medidas efectivas para mejorar el Fondo Nacional de Salud en Chile.