Correo
Pena de muerte
Ante los dichos del gobernador Rodrigo Mundaca respecto a abrir el debate sobre la pena de muerte en Chile, resulta ser bastante llamativo; sin embargo, la experiencia internacional dicta que además de ineficiente, constituye una violación a los derechos humanos.
Es importante poner el punto y denunciar públicamente cualquier intento de instalar la barbarie en el debate democrático. No todo vale en año de elecciones. Por este motivo, invito al gobernador a dar un debate serio y necesario sobre la seguridad, que dé respuestas concretas a las personas de nuestra región que siguen esperando, más allá de quimeras fascistas.
La "propuesta" del gobernador no es un debate pendiente en Chile, es un debate superado con la abolición de este tipo de pena en nuestro país. Hoy es tiempo de tomar el tema de la seguridad pública de manera seria, nuestra gente no puede seguir esperando.
Alejandra Romero Carvajal Excoordinadora regional de Seguridad Pública
Organización vecinal
La ley sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias establece que ellas tienen por objetivo promover el desarrollo de la comunidad vecinal, defender los intereses, velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades. De ahí que ante la indefensión en que se encuentra la población por la delincuencia desatada en el país, la población tiene pleno derecho a organizarse y defenderse a través de su junta vecinal. Hay varias medidas simples, como conocer a quienes viven cerca de nuestra casa, conformar grupos de WhatsApp, instalar alarmas, denunciar hechos delictuales, establecer una red de cámaras y estar en contacto con la correspondiente unidad de Carabineros, seguridad ciudadana municipal o la delegación municipal si la hubiese.
La unión hace la fuerza y la fuerza vencerá la delincuencia.
Marcos Concha Valencia
Mirada estratégica
En el ambiente de inseguridad que impacta a nuestro país, la urgencia sumada al desconocimiento impide visualizar que las instituciones policiales, desde su respectivo nacimiento, se rigen por cuerpos normativos muy diferentes en su estructura orgánica, misión, esencia, funcionalidad, derechos y deberes.
Esta institucionalidad, desde una perspectiva de la administración moderna del Estado, necesita una mirada estratégica que oriente a la discusión de una ley orgánica constitucional única para Carabineros y Policía de Investigaciones. Las Fuerzas Armadas tienen la LOC 18.948 de 1990, que es única para las tres ramas.
La propuesta debiera adelantarse a la creación del Ministerio de Seguridad Pública. De este modo se unificarían criterios técnicos y profesionales para las postulaciones, permanencia, perfeccionamiento y desvinculación del capital humano, entre otros. Además, se complementaría con la Ley 21.427 de 2022, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las fuerzas de orden y seguridad pública.
Para reforzar la importancia de contar con un cuerpo legal que homologue criterios, cabe señalar una evidencia: los ascensos extraordinarios para premiar reconocimientos póstumos en Carabineros de Chile se otorgó el año 2011, en tanto idéntica modificación para la PDI sólo el 2017, es decir, seis años después.
Hero Negrón Schlotterbach Presidente Centro Nacional de Estudios del Orden Público (Ceneop)
Deuda
La reciente revelación de la deuda del Ministerio de Energía por $517 millones con Enap por el proyecto Gas para Chile es alarmante. Esto pone de manifiesto la incapacidad del Estado para competir eficazmente en el mercado y cumplir con sus promesas de beneficios para la población y expone una vez más la falacia del "Estado emprendedor".
La situación actual no sólo afecta la credibilidad del Estado como actor económico, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. Es crucial erradicar estos razonamientos para solucionar estas problemáticas, porque en este caso lo único que se logró conseguir en vez de gas para nuestro país, fue una "deuda para Chile".
Felipe Jara S. Fundación para el progreso
Fiscalizadores
El 23 de marzo de 2024 sufrí un incidente -por ser adulto mayor- en un vehículo de transporte público. Presenté el reclamo en Transportescucha, del Ministerio de Transportes, y la respuesta recibida fue que de acuerdo al procedimiento aplicable en estos casos, "los hechos denunciados no pueden ser constatados por nuestros fiscalizadores". ¿Es tan complicado para los fiscalizadores concurrir a terreno y comprobar físicamente que las micros tienen cámaras y la identificación correspondiente según ley?
Alejandro Araya Velásquez
Deficiente transporte público
La situación en las mañanas para aquellos que hacemos uso del transporte público entre Concón y Valparaíso se ha tornado más compleja de lo que solía ser. Ahora es común ver los paraderos abarrotados y micros llenas entre las 7 y 8 de la mañana, dejando como única opción ver cómo estas pasan a su máxima capacidad, sin detenerse a recoger a más pasajeros.
A fines de marzo, la Contraloría emitió un informe que señalaba tanto las infracciones en materia de seguridad y la falta de frecuencia en la circulación de las líneas de transporte público. No está de más mencionar las precarias condiciones en las que se ven inmersos los conductores.
El Gobierno ha prometido reiteradas veces una mejora al sistema de transporte para nuestra región y el informe de la Contraloría y el estado actual del sistema resalta la urgencia del problema. Esperamos que esta lamentable situación se pueda regularizar en lo pronto y llegar a una solución que resuelva el problema de fondo de una vez.
Eric Zambrano Ortiz
Destrucción de celular
Partiendo de la base que los hijos del exsenador Pizarro prestaron asesorías "verbales" a SQM y esto fue aceptado y digerido por la sociedad chilena, no veo razones para dudar que un niño de 3 años haya destrozado el celular del diputado Ojeda.
Mauricio Díaz Fernández