La viuda e hijas de Alejandro Correa entablan recurso contra seremi Minvu
JUDICIAL. Buscan que la autoridad haga cumplir su orden de demoler las casas emplazadas en la toma del terreno del empresario asesinado.
La viuda y las tres hijas el empresario Alejandro Correa, asesinado por un sicario afuera de su casa de Concón el año 2020, entablaron en la Corte de Apelaciones un recurso de protección contra la Seremi de Vivienda, con el objetivo de que dicha autoridad haga cumplir la orden de demolición que ella misma dictó el año 2021 sobre las casas del terreno en Quilpué, propiedad de Correa, que fue tomado, entre otros, por quien contrató al sicario, emplazando allí una serie de viviendas de manera irregular.
La acción judicial acusa una "ilegal y arbitraria conducta omisiva permanente en que ha estado incurriendo la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, al no realizar las acciones tendientes a ejecutar su orden de paralización y demolición de construcciones ilegales resuelta mediante su propia Resolución Exenta N°1000 de 2021".
A solicitud del municipio
El recurso también expone que "la referida resolución de paralización y demolición fue adoptada con base en las reiteradas solicitudes de mis representadas y también a solicitud expresa del Director de Obras (DOM) y de la I. Municipalidad de Quilpué, en orden a la necesidad de que la Seremi ejerciera una competencia mucho más amplia en el ámbito de las demoliciones que se ordenan para el restablecimiento de la legalidad urbanística".
Frente a ello, solicitan a la Corte acoger el recurso y ordenar "que la Seremi Minvu de Valparaíso ejecute su Resolución 1000/2021 dentro del plazo de 1 mes a contar de la fecha en que la sentencia que se dicte en estos autos quede ejecutoriada, hasta la total demolición de las construcciones ilegales, debiendo realizar todas las acciones necesarias para dicha ejecución con auxilio de la fuerza pública y desalojo que sea necesario en caso de que los ocupantes de las construcciones ilegales no hagan abandono voluntario de las mismas".
Al respecto, la abogada de las requirentes, Jeanette Bruna, señaló que el recurso "fue admitido a tramitación y ya se le pidió informe a la Seremi. Como contexto, la Seremi Minvu está encargada de tutelar, junto a las direcciones de Obras Municipales (DOM), que las ciudades se construyan donde está permitido construir. Cuando alguien no cumple -por ejemplo, el Hotel Punta Piqueros-, se le puede dar una orden de demolición. Lo mismo pasa con cualquier construcción que alguien realice en sectores prohibidos o sin permiso, y además existe la prohibición de habitar casas que nos tengan recepción. Entonces cuando alguien no cumple, la Seremi y las DOM tienen la facultad y el deber de emitir paralizaciones, órdenes de demolición etcétera, y eso fue lo que hizo la Seremi Minvu el 2021".
Precisó que esa orden de demolición dictada por la seremi fue luego de que "la Municipalidad de Quilpué, además de la familia Correa, les pidió que emitieron la orden para demoler las construcciones que están emplazadas en los terrenos de la familia Correa, además del relleno sanitario ilegal que se está usando la misma familia del que está en la cárcel, el asesino de don Alejandro Correa".
"la seremi no hizo nada"
Agregó que la seremi emitió la orden con cargo a fondos Serviu, pero luego "la seremi no hizo nada más. Dijo que lo iba hacer, que estaba esperando, y la familia Correa empezó a trabajar con ellos en ideas sobre lo que se podía hacer ahí, pero al final la seremi no hizo nada, ni siquiera ha notificado a las familias que están ahí, familias que no todas son de escasos recursos, sino que también incluso hay un señor de una mueblería de Quilpué que tiene ahí una tremenda casa. Entonces hay de todo".
Frente a aquella situación, agregó Bruna, "se presenta un recurso de protección para que la seremi cumpla su deber de hacer cumplir su orden de demolición. Acá lo más grave es que la seremi ha permitido que se siga construyendo, sabiendo que es zona de riesgo por inundación y por deslizamiento, la municipalidad se lo dijo, por eso fue que tomó la decisión de ordenar la demolición, pero quedó en papel, porque no ha cumplido su deber de ejecutar esa orden, y por lo tanto, está incurriendo en una omisión ilegal y arbitraria respecto de su propia orden, y perjudicando no sólo a la familia Correa, sino que también a las familias que se han emplazado en una zona de riesgo por deslizamiento y por inundación".
La jurista insistió que "no han hecho nada, por lo tanto, la única forma, al parecer, que existe hoy en día para que la autoridad cumpla sus obligaciones en materia urbanística es a través de tribunales, en donde esperamos que con esto la seremi ni siquiera llegue a debatir hasta el final, sino que derechamente comience a cumplir su obligación legal".
Por su parte, Valentina Correa, hija del empresario asesinado, planteó que "la verdad es que nosotros hemos estado siempre en permanente conversación con ellos, y al ver que esto no se iba a ejecutar, decidimos presentar un recurso de protección, porque entendemos que a veces las autoridades solamente pueden reaccionar ante un proceso legal en curso".
Por otra parte, destacó que "seguimos esperanzados en que los compromisos que adquirieron en su momento las autoridades, me refiero al gobernador Mundaca, a la alcaldesa Melipillán y también a la seremi Minvu, de realmente transformar y resignificar este terreno, se mantenga, y que en alguna medida este recurso de protección nos permita retomar las conversaciones que ellos mismos han truncado".
Destino del terreno
Sobre el destino del terreno, precisó que "hay que hacer un cambio de uso de suelo, que el mismo municipio nos solicitó que lo ingresáramos, eso lo hicimos hace dos años. En definitiva, es un proyecto que tenemos pendiente de realizar, confiamos en que la Corte, a la luz de los últimos fallos, nos entregue la razón y podamos lograr la desocupación del terreno y así avanzar, por la vía legal, a transformar ese terreno en lo que necesite la comuna y la región. Si eso es un equipamiento deportivo, o si son viviendas sociales, la verdad, eso es una decisión que tiene que tomar el Estado".
Otra opción, a sugerencia de la Municipalidad, añadió Correa, es un terminal de buses, proyecto que "lo hicimos en conjunto con la Municipalidad y trabajamos con ellos aproximadamente un año, y ellos definieron los equipamientos, lo conversamos también con el gobernador Mundaca. Nosotros no tenemos como familia un proyecto en particular que queramos impulsar; queremos disponer el terreno para que sea lo mejor para la región. Nosotros hicimos una propuesta como para partir una conversación, pero el resultado tiene que ser lo que sea mejor para la región".
Finalmente, puntualizó que "esto para nosotros tiene que ver con un tema de justicia, y demostrar que en este país tú no puedes matar a alguien, quedarte con su propiedad, y quedar impune. Porque en esa parte del caso todavía hay impunidad".
"Al final la Seremi no hizo nada, ni siquiera ha notificado a las familias que están ahí, familias que no todas son de escasos recursos".
Jeanette Bruna, Abogada de las requirentes
"Tiene que ver con un tema de justicia, y demostrar que en este país tú no puedes matar a alguien, quedarte con su propiedad, y quedar impune".
Valentina Correa, Hija del empresario asesinado
"