Una de las grandes interrogantes del último proceso electoral en la Región de Valparaíso fue, sin lugar a dudas, por qué el megaincendio del 2 de febrero, con 136 muertos y más de 21.000 damnificados en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, además de una reconstrucción que ha entregado sólo 14 viviendas definitivas, no tuvo efectos políticos sobre la alcaldesa Macarena Ripamonti o el gobernador regional Rodrigo Mundaca.

¿Será que ambos fueron críticos de la gestión estatal? ¿Será que ni el arquitecto Iván Poduje, en primer lugar y con propuestas técnicas, ni la cientista política María José Hoffmann consiguieron convencer a los votantes de que una correcta prevención ante futuros desastres y una efectiva reconstrucción eran la piedra basal de sus campañas y que tanto la alcaldesa como el gobernador debían ser "castigados" en las urnas por sus eventuales responsabilidades u omisiones?

¿O resultará cierto eso de que el mejor negocio es apuntar los dardos al "Estado", esa entelequia de contornos borrosos, muy alejada del Gobierno en curso, la cual incluso podría ser culpada casi de cualquier cosa: el estallido social, la contaminación en Quintero y Puchuncaví o los supuestos abusos y violación de un exsubsecretario?

Pero aquí hay gestiones que no han sido siquiera evaluadas, tampoco creemos que lo serán, como las del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu regional, que no sólo no han acometido el trabajo indispensable para dar tranquilidad a las familias damnificadas, sino que ayer tuvieron un paro de 46 arquitectos y consultores de la reconstrucción por el "no pago de servicios, falta de claridad en los plazos del proceso y poco apoyo del Minvu". Una vergüenza total, pero que a nadie parece importarle, tal como el desorden, la inoperancia y la triste sospecha de que la presente administración podría incluso no llegar a cumplir ninguna de sus promesas a los damnificados antes de su término. Ello obliga a preguntarnos a quién o quiénes responden el ministro Carlos Montes, la subsecretaria Gabriela Elgueta, el director del Serviu, Rodrigo Uribe, la ministra Javiera Toro (¿seguirá siendo "encargada"?) o el gerente Patricio Coronado.

Tres teorías finales: ¿Será que a La Moneda no le interesan estos temas porque son puro "costo"? ¿Tal vez sólo le importa aquello que afecta a los inquilinos de Palacio y los amigos del Segundo Piso? ¿O, última opción, no terminaremos viendo cientos de entregas de llaves el próximo año antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

Este año el Día Nacional de la Trabajadora de Casa Particular tiene un ribete distinto, ya que se cumplen 10 años de la promulgación de la Ley 20.786, legislación que modificó la jornada, descanso y composición de la remuneración de los y las trabajadoras de casa particular, estableciendo, además, la obligatoriedad de la firma de contratos ante la Dirección del Trabajo (DT), es decir, garantizó mayores derechos laborales a quienes ejercen este rubro.

Históricamente el trabajo doméstico ha cumplido un papel fundamental en la reproducción de la vida social y familiar, como también en la economía, ya que no sólo aporta en las labores reproductivas, sino también permite mayor ocupación de mujeres en el mundo laboral. Sin trabajo doméstico no se mueve la economía y tampoco se asegura el bienestar de la sociedad.

La gran mayoría de las personas que ejercen el trabajo de casa particular son mujeres, lo que da cuenta del rol feminizado de este rubro. La división sexual del trabajo, que instala a la mujer como cuidadora, ha asignado un papel secundario a las mujeres, relegándola a una condición laboral inestable e informal. Producto de estas condiciones socioculturales el trabajo de casa particular se presenta como una tarea desvalorizada, lo cual establece una posición asimétrica en la relación laboral.

Las trabajadoras de casa particular reportan bastantes padecimientos por la exigencia física de su trabajo, que se complementa con los riesgos psicosociales, como la baja autoestima y la depresión. En un estudio realizado el 2017 por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, se reportó que el 48% de las encuestadas declararon tener dolores musculares siempre o muchas veces, mientras que menos de un tercio de la muestra reconoce tratarse estas enfermedades.

El Instituto de Seguridad Laboral ha establecido como un objetivo estratégico problematizar sobre las condiciones de salud y seguridad laboral de las trabajadoras de casa particular, para lo cual ha dispuesto una serie de capacitaciones para informar sobre los derechos laborales, los riesgos ocupacionales y las medidas de prevención necesarias para evitar enfermedades profesionales.

Para complementar el avance de dicho objetivo es fundamental una política tripartita que apunte a la formación de redes entre pares que permitan un espacio de contención para las trabajadoras, así como también una instancia para la difusión de información relevante.

El trabajo de casa particular asegura el funcionamiento de la sociedad, razón por la cual es imperativo que todas las recomendaciones tengan como hilo conductor una agenda mayor del Estado, construida sobre la base de la producción de relaciones laborales modernas direccionadas al trabajo decente.