Dos presentaciones que buscan aclarar las denuncias que afectan a la dirección regional del Injuv respecto a maltrato a funcionarios y un presunto robo de ayuda a destinada a los damnificados del norte del país y que fue donada mientras dicho organismo fue utilizado como centro de acopio, realizaron ante Contraloría Regional el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) y el consejero Manuel Millones (UDI).
Los antecedentes del presunto delito fueron develados en forma anónima por funcionarios de dicha repartición, existiendo imágenes de cámaras de televigilancia del recinto que registraron cuando un grupo de trabajadores cargaba diversas especies en un vehículo que pertenecería a la directora regional, Cristina Pavez (PS).
Según la denuncia, en las bodegas del Injuv incluso permanecía acopiada ayuda para los damnificados del megaincendio de 2014, sin embargo no se entregó en forma oportuna y, para evitar un posible sumario por parte de las autoridades nacionales del organismo, se decidió ocultarla y sacarla en forma subrepticia del recinto, fuera del horario laboral, la noche del pasado viernes 19 de junio.
"Funcionarios del Injuv han hecho una denuncia pública respecto a dos hechos que nos parecen de suma gravedad, por lo que hemos venido ante la Contraloría Regional para que se pronuncie sobre estos hechos", detalló el diputado Urrutia sobre la presentación.
El primero de ellos, "el acoso laboral del que están siendo víctima los funcionarios de esta institución, un organismo de Gobierno, los cuales están siendo obligados a trabajar fuera de horario, hay algunos con licencia de tipo sicológica, producto de los maltratos recibidos por parte de la directora regional".
Urrutia apuntó que el hecho más grave tiene relación con "la falta de distribución de la ayuda social que ha sido recaudada por muchos voluntarios, estudiantes universitarios, que estaría almacenada en las bodegas del Injuv, que se recolectó para los damnificados del incendio de Valparaíso y los del norte del país, la que no fue entregada, y que ha sido sacada en forma subrepticia desde las bodegas del Injuv, para que no quede la evidencia, tal como ocurrió en un caso muy similar en la Región de Los Lagos, donde el director fue destituido".
Por tal motivo se solicitó al contralor investigar los hechos calificados como "irregulares y de suma gravedad, para normalizar la actuación de este importante instituto que tiene como misión ayudar a los jóvenes en distintas materias".
Urrutia acotó que "si hay responsabilidad por parte de la directora regional, Cristina Pavez, que el contralor se pronuncie; si amerita una destitución, el director nacional del Injuv tendrá que tomar una decisión al respecto".
El consejero Manuel Millones acotó que el tema fue analizado en el pleno del Core, "de modo que la autoridad nos entregue los mayores antecedentes que el caso amerita".
denuncias anónimas
La aludida directora, Cristina Pavez, respondió que "han existido reiteradas acusaciones en contra de mi persona, todas ellas anónimas. Se me acusa de la comisión de un hecho ilícito, aquí lo que corresponde es hacer que las instituciones funcionen. Aquellos que señalan anónimamente tener algún tipo de antecedente respecto a la comisión de este delito, deberían ponerlo a disposición de la justicia". Pavez enfatizó que no está bajo ningún tipo de sumario administrativo y que "existe una persecución hacia mi persona, acá todo se ha ventilado de manera anónima".
"Buscamos que los funcionarios que trabajan en el Injuv puedan cumplir su labor en forma normal y no que los acosen, con maltrato, o les extiendan su jornada laboral"