Katherine Escalona M.
Por segunda vez, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar accedió a dar una nueva fecha para la audiencia de preparación del juicio oral del caso de estafa de departamentos inexistentes en la Ciudad Jardín, hecho que involucra a cuatro imputados, entre ellos, el exfuncionario de la Municipalidad, Sebastián Rojas Salas, quien en calidad de autor -según establece el Ministerio Público en su acusación- habría defraudado a más 60 personas por un monto que asciende a los $ 800 millones.
"La Fiscalía se opuso considerando que Sebastián Rojas Salas, si bien no desde un comienzo, pero sí hace bastante tiempo, casi un año a la fecha, ya cuenta con la asesoría de la Defensoría Penal Pública. Contó con un abogado primero, después otro, completando un total de 4 abogados en el proceso (dos públicos y dos privados)", precisó el fiscal Patricio Toro.
Los reparos se producen, según explicó el persecutor, porque "independiente de las reasignaciones internas que haga, la Defensoría Penal Pública es una misma institución y evidentemente que deben estar en condiciones de enfrentar audiencias de esta naturaleza en base a los antecedentes que ya hace mucho tiempo la Fiscalía había puesto a disposición de las respectivas defensas. Nos pareció inapropiado que se postergara una vez más esta audiencia en base a este argumento".
Subrayó que "no estuvimos de acuerdo, lo hicimos ver, nos pareció que era una solicitud más bien dilatoria que perseguía un afán de postergar la audiencia por un motivo que era fácilmente salvable en la Defensoría, transmitir la información de un colega a otro respecto de los antecedentes de la investigación".
El fiscal afirmó que la Defensoría Penal Pública internamente puede hacer reasignaciones de causas, pero "me imagino que seguirán ciertos criterios para resolver esas asignaciones y no a costa del mayor retraso de una causa. La Defensoría había tenido tiempo suficiente para tomar esta decisión en instancias más oportunas, no justo antes de una audiencia, podría haber sido un mes o dos meses atrás... ¿por qué ahora?".
Nueva audiencia
Junto al malestar manifestado por el fiscal, también dio a conocer que afortunadamente el Tribunal de Garantía de Viña del Mar sólo dio dos semanas más para estudiar la causa por parte de la Defensoría.
En esta nueva audiencia, el Ministerio Público -según informó el persecutor- mantendrá la formulación de cargos para los cuatro imputados involucrados en la causa: Sebastián Rojas Salas, en calidad de autor, quien arriesga presidio de 15 años y un día; Patricio Medina Valderrama, como coautor, con una pretensión de pena de 6 años por su participación en 11 casos; Polonia Contreras Gacitúa, como coautora, para quien pide 4 años por su participación con 6 víctimas; y 4 años para Benigna Castro Tapia, quien habría facilitado la firma en la Notaría Veloso.
Juicio abreviado
Respecto al imputado Patricio Medina, quien se encuentra en prisión preventiva por hacerse pasar por un abogado para reforzar la estafa, que duró desde enero de 2013 a mayo de 2015, el fiscal Toro explicó que en la audiencia de ayer se había planteado la posibilidad de realizar un juicio abreviado, situación que ahora está siendo estudiada por el persecutor.
"El acuerdo para plantear un procedimiento abreviado para Medina suponía ciertos trámites que iba a desarrollar el defensor previo a este abreviado, esos trámites legales en relación a ciertos antecedentes del imputado debían ser cumplidos a la fecha de hoy (ayer) y no estaban cumplidos, de forma tal que de no ser por el aplazamiento solicitado por la defensa de Rojas Salas, hoy día (ayer) se hubiese podido preparar el juicio con respecto a todos los imputados. La opción de abreviado se suscita en la medida de que los trámites previos los efectuara el defensor para esta audiencia", precisó el fiscal.
Ante esto, afirmó, "es altamente probable, salvo que aduzca una razón muy fundada, de que para la próxima audiencia se descarte la opción de abreviado para Medina y simplemente se prepare el juicio respecto de los cuatro imputados".
Defensas
El abogado de Medina, Darío Guajardo, afirmó "que están a la espera de la tramitación para optar al beneficio, el imputado asumir su culpa y determinar una pena que podría ser menor a la planteada".
En tanto, el defensor de Polonia Contreras, Carlos Gatica, precisó que su defendida "debe ser absuelta porque no participó directamente en el hecho. Ella lo que hacía era entregar información que le correspondía hacer ante cualquier consulta ciudadana a los funcionarios que están en la atención de público".
Imputados
Sebastián Rojas Salas, exfuncionario municipal, habría estafado a más de 60 personas por $800 millones.
Patricio Medina Valderrama habría reforzado la estafa por suponer ser un abogado que otorgó con contratos a las víctimas.
Polonia Contreras Gacitúa, exfuncionaria municipal, habría reafirmado la estafa en el Departamento de Obras.
Benigna Castro Tapia, funcionaria de la Notaría Veloso, según el Ministerio Público, habría facilitado la firma notarial para el contrato de compraventa del inmueble.
"No estuvimos de acuerdo, lo hicimos ver, nos pareció que era una solicitud más bien dilatoria que perseguía un afán de postergar la audiencia"
Patricio Toro, Fiscal de la causa"