La Contraloría General de la República formuló cargos que ameritan la destitución de dos funcionarios investigados en el denominado Fraude a la Intendencia 3, relacionado con irregularidades en la licitación y contratación de estudios territoriales y asesorías, que arrojó graves irregularidades administrativas y faltas a la probidad en la División de Planificación y Desarrollo (Diplad), dependiente del Gobierno Regional (Gore).
El caso presenta también una arista penal, producto del cual cuatro implicados están formalizados por delitos de fraude al fisco reiterado, en su calidad de autores y cómplices, por montos cercanos a los $ 50 millones.
De acuerdo a los antecedentes recopilados por este Diario, un fiscal del órgano contralor notificó de la resolución de destitución al exjefe de la Diplad, Alexis Bustos Cáceres, asesor directo del intendente Gabriel Aldoney como secretario técnico de la Comisión Promovilidad. También afecta a quien fuera funcionaria de confianza de Bustos en la Diplad, Nelda Garcés Jiménez, que en diciembre pasado fue desvinculada del Gore, producto de la investigación administrativa y penal en su contra.
El 26 de enero, Garcés fue formalizada por el delito reiterado de fraude al fisco, quedando con firma mensual, existiendo además una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su contra por el perjuicio fiscal ocasionado.
Si bien la asistente social fue desvinculada del servicio público, debido a la gravedad de los hechos investigados, que implican faltas a la probidad, la responsabilidad administrativa se extiende hasta por dos años después de ocurridos los hechos.
Cabe consignar que la destitución es la más grave sanción que contempla el estatuto administrativo para los funcionarios públicos. Implicaría además prohibición de ejercer cargos en el aparato estatal por un periodo de cinco años.
Junto a ellos fueron amonestados otros dos funcionarios por faltas administrativas, sancionados con multa de descuento de un 10% de su sueldo.
Todos los implicados tienen un plazo de 5 días hábiles para apelar a las sanciones, tras lo cual Contraloría analizará los descargos y realizará el pronunciamiento definitivo.
Hechos investigados
Los hechos investigados se remontan al periodo entre julio y noviembre de 2015, producto de dos licitaciones de estudios territoriales para Cabildo y Petorca, respectivamente, y una contratación por trato directo para una asesoría comunicacional por parte de la Diplad, por un total de $ 172 millones.
Estos hechos generaron un perjuicio fiscal de $ 48 millones, equivalente a los estados de pago cancelados antes de detectarse las anomalías.
La investigación dio cuenta que Nelda Garcés intervino en estos procesos licitatorios, pese a tener vínculos de parentesco y amistad con los representantes legales de las empresas Signos y Haza, que se adjudicaron los proyectos, y que se vieron favorecidas por la actuación de la funcionaria, al integrar la comisión evaluadora.
No se descarta que el sumario del que se hizo cargo Contraloría haya detectado otras anomalías administrativas.
Aldoney espera apelación
Consultado por los resultados del sumario, el intendente Aldoney afirmó que "la resolución de Contraloría es reservada porque el proceso no está terminado y no he recibido ninguna notificación final. Sólo el contralor me informó de esta resolución, señalándome su carácter de reserva mientras no terminen las apelaciones".
El presidente de la Asociación de Funcionarios del Gore, Luis Oyola, comentó que si bien la resolución aún no es definitiva, considera que una determinación de este tipo "debió haber sido antes, era lo que nosotros suponíamos debía ocurrir, porque en mérito a los hechos acaecidos no daban pie a otra situación".
Respecto a la sanción para el exjefe de la Diplad, Oyola explicó que "es una situación que habíamos conversado con el intendente y le dejamos muy en claro que los hechos no ameritaban llevarlo como asesor, en medio de la investigación inicial donde el fiscal a cargo separó de sus cargos a los implicados, lo que dejó sin efecto un nuevo fiscal a los pocos días de haber asumido".
El dirigente insistió en su disconformidad sobre la forma en que se llevó el caso al interior del Gore. "Le hicimos ver al intendente que esa situación era impresentable, pero él (Aldoney) dijo 'se van a llevar una sorpresa' y realmente creo que la sorpresa se la lleva él. Esperamos que al momento de conocerse la sanción definitiva, no eche pie atrás a su compromiso de respetar lo que proponga Contraloría".
"Aquí somos 150 funcionarios públicos que nada tenemos que ver con este tipo de acciones, puede generar la impresión entre la comunidad de que todos somos iguales, lo cual es totalmente alejado de la realidad", concluyó Oyola.
"Fui ninguneada por el intendente"
La core Evelyn Mansilla fue la primera en denunciar las irregularidades, en mayo pasado. "La Contraloría nos dio la razón, en cuanto a la denuncia responsable que hicimos. La región no puede pasar nunca más por un hecho de corrupción, y las autoridades son las primeras que deben denunciarlo. Fui ninguneada por el intendente, cuando lo único que hice, dentro de mis facultades fiscalizadoras, fue poner en conocimiento los hechos que surgieron de la auditoría que realizó el jefe de aquella unidad en la época, Osvaldo Maldonado, quien además resultó ser despedido producto de este hallazgo", afirmó.
