La tarificación de los estacionamientos de vehículos en toda la Población Vergara de Viña del Mar es una medida de profundas proyecciones para la ciudad, sus residentes y visitantes. Para algunos, el sistema de cobro con parquímetros resolverá los agudos problemas de tránsito del sector; para otros, simplemente, se trata de un "loteo" de espacios públicos en beneficio de algún concesionario; hay quienes estiman que la modalidad propuesta por la Municipalidad afectará la vida diaria de muchas personas y dañará actividades comerciales tradicionales que aún subsisten en el área… En fin, aparecen opiniones divergentes.

Se asocian a la propuesta anuncios de repavimentación de calles, cambios de sentido de tránsito, habilitación de ciclovías, construcción de estacionamientos subterráneos, materia en la cual la ciudad tiene malas experiencias. En agrupaciones vecinales hay posiciones diversas: apoyo, pedido de modificaciones, rechazos y hay quienes dicen no haber sido consultados. Esta realidad exige ampliar la participación incluyendo al comercio del sector.

Ante la importancia de la medida y el impacto que tendría, no se debería descartar una consulta amplia, formal y vinculante planteando variables del proyecto o, simplemente, abriendo la posibilidad de rechazarlo, si así lo estimare una mayoría.

No estamos acostumbrados a este tipo de consultas, pero someter a votación medidas concretas que afectan la vida diaria y actividades de las personas es un ejercicio democrático al cual no se debe temer.

Avanzando en la aplicación de la disposición con un efectivo sustento ciudadano, hay que insistir en una licitación transparente con pleno conocimiento de los postulantes y con condiciones que vayan más allá que meros cobros. Es importante, por ejemplo, considerar la responsabilidad del concesionario por la seguridad de los vehículos, pues el pago debe suponer un servicio completo.

Idealmente, hay en la propuesta que se ha puesto en marcha una oportunidad para convertir la medida, cuya base de aplicación son los espacios públicos, en un medio para aportar recursos tanto a la Municipalidad misma como a alguna entidad de servicio, Bomberos, por ejemplo, como ocurre en comunas donde los voluntarios operan el sistema de cobros.

Bueno, es una oportunidad ante una propuesta compleja que exige transparencia y vigilancia ciudadana en todo su proceso de desarrollo para darle efectiva legitimidad. Sin embargo, si se considera que permitirá ordenar la Población Vergara, se debe tener una mirada positiva sobre esta decisión y buscar sendas soluciones a las diferencias.

El proyecto de ley de reforma a la educación superior que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ha generado debates y análisis desde diversos sectores. Las indicaciones formuladas por el Ejecutivo a su proyecto original constituyen un avance respecto de la iniciativa legal presentada en julio de 2016. Sin embargo, es necesario perseverar en el perfeccionamiento del proyecto durante la discusión parlamentaria.

En esta fase se ha escuchado voces que muestran divergencias ideológicas importantes entre quienes desean preservar el modelo actual con ajustes y quienes quieren transformar ese modelo a través de cambios más profundos.

Durante los 36 años de aplicación y vigencia del actual modelo, hemos constatado un conjunto de falencias, debilidades, abusos y errores. Es cierto que este modelo amplió la cobertura de manera un tanto anárquica, pero disminuyó la calidad y se focalizó en la docencia, descuidó las demás funciones propias de toda universidad y utilizó recursos -en especial de las familias- y subsidios públicos, algunos de ellos bancarizados.

Tanto el fracaso de un conjunto de experiencias, con el consiguiente cierre de instituciones y sus negativos impactos en los estudiantes, sus familias y la sociedad, como los desafíos que tiene y tendrá Chile en los próximos años, nos habla de la urgencia de concretar cambios. Existe cierto consenso en que uno de los graves problemas ha sido la desregulación del sistema, la existencia de una muy débil institucionalidad pública, la evidencia de un afán desmedido de lucro, que existe un excesivo endeudamiento de alumnos y familias, que se instaló un sistema de representación de intereses corporativos en órganos para el aseguramiento de la calidad, la ausencia de control para algunas instituciones y un fuerte control público para otras, que rigen con supremacía las leyes del mercado ante la inexistencia de ley, lo que ha evidenciado un franco desprecio por lo estatal y lo público, como asimismo un centralismo excesivo y un descuido notable con las regiones del país.

El proyecto de ley debe mirar el largo plazo para que Chile pase a una nueva etapa de desarrollo.

Patricio Sanhueza V.

Rector Universidad de Playa Ancha