"La DC está en una crisis política profunda, que va más allá de la situación del diputado Rincón"
Roberto León
Jefe de bancada de diputados DC
"No estamos de acuerdo con esta decisión porque no es una noticia favorable para los vecinos"
Sergio Ostornol
Pdte. JJ.VV. Pob. Vergara, de Viña, ante nueva licitación de parquímetros
En el diario La Libertad, leemos lo siguiente: "La barca francesa "Pey Berland", que hace algún tiempo arribó a Valparaíso, procedente de Cádiz y, a la que se le ordenó que saliese de él, por venir de un puerto enemigo, debe llegar pronto, procedente de Haití con la misma carga que llevó. Sólo fue a Haití, a naturalizarla, para poder desembarcarla aquí".
A la altura de Coquimbo se halla la corbeta "General Baquedano" de regreso tras una visita a la Isla de Pascua. El viaje no sólo contribuyó al adiestramiento de guardiamarinas, sino también permitió llevar a esa lejana posesión chilena, socorros reunidos en el continente para los isleños, que a menudo carecen hasta de lo más indispensable.
En incidentes callejeros y "la toma" de las oficinas del Obispado, derivó una marcha estudiantil realizada, ayer por los estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso con motivo de la crisis, que afronta esa Casa de Estudios. Según Carabineros, hubo 11 funcionarios heridos en tanto que directivas de los alumnos informaron de 13 lesionados.
El Informe Final N° 388 de 2017 que la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso realizó sobre la gestión del municipio porteño entre 2015 y 2017 provocó sorpresa en algunos, conformidad en otros y seguramente angustia en quienes tomaban decisiones en el gobierno comunal durante el periodo investigado.
El órgano fiscalizador descubrió una serie de irregularidades relacionadas principalmente con los contratos y las prestaciones de la empresa Total Transport S.A., seguros suscritos con Penta Security, y pagos a "personal fantasma" a través de la Corporación Municipal (Cormuval).
Más allá de las reponsabilidades políticas -que por lo general son difusas y no garantizan una sanción efectiva- que asumió el exalcalde Jorge Castro, lo realmente importante es el proceso que se inició una vez conocido el informe de la Contraloría: se remitieron todos los antecedentes al Ministerio Público para que realice una investigación, pues existe la presunción de que se cometieron delitos.
Los montos involucrados y las faltas que se detallan en el documento del organismo contralor hablan por sí solos y dan cuenta no sólo de un desorden administrativo.
Atendiendo a esta situación, la Fiscalía de Valparaíso encargó al persecutor Patricio Toro, miembro de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), que inicie las diligencias para establecer si hubo faltas a la ley en el municipio.
De hecho ya se anunció que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI encabezará esta investigación. Y dentro de las acciones que se aprestarían a realizar, está la posibilidad de citar a declarar a funcionarios que ocuparon altos cargos en el gobierno comunal durante el periodo en que se cometieron las irregularidades, además de abrir las cuentas bancarias de algunos de ellos para obtener datos que puedan ser relevantes para el proceso.
Lo importante de echar a andar la máquina estatal en un caso de presunta corrupción pasa porque Valparaíso, una ciudad pobrísima y agobiada por problemas y deudas, nunca más vuelva a sufrir la pérdida de su escaso patrimonio por mala gestión o derechamente por la acción de personas que se aprovecharon de sus puestos.
El mensaje es claro y debe comprometer a todos los estamentos, incluidos los concejales, quienes no cumplieron con su labor de fiscalizar: los errores tienen una sanción y los delitos -si los hay- se persiguen con firmeza.
La permanencia de miles de cables aéreos de telecomunicaciones en desuso está convertida en parte del paisaje urbano indeseado contaminando visualmente amplios sectores residenciales o centros cívicos en casi todas las ciudades del país con un agravante adicional: el riesgo para la seguridad de peatones y el tránsito vehicular.
Es común observar en innumerables puntos urbanos enmarañados tejidos conformados por estos cables que no prestan ninguna utilidad y -por el contrario- contribuyen a deteriorar las condiciones de vida de las comunidades, afectan el medio ambiente y dañan la dignidad del patrimonio arquitectónico.
Para las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones en la mayoría de los casos resulta más económico pagar la multa correspondiente que proceder al retiro. Muchos municipios han dictado ordenanzas para regular el retiro de estos cables, aunque lamentablemente han carecido de la fuerza coercitiva suficiente, puesto que sólo pueden establecer sanciones hasta 5 UTM.
Múltiples voces se han alzado contra esta mala práctica que deteriora las ciudades. Acogiendo este fuerte reclamo ciudadano estamos impulsando el proyecto de ley que modifica la ley n° 18.168, general de telecomunicaciones para regular el tendido de cables. La iniciativa entrega herramientas eficaces para dar una solución definitiva a esta problemática que se arrastra por años. En concreto, otorga un plazo de tres meses a los concesionarios de servicios telecomunicaciones para retirar los cables aéreos en desuso. Considerando que estas empresas cuentan con personal y medios técnicos para proceder a su retiro, dicho lapso es razonable, y si operan en forma diligente no debieran existir contratiempos. En caso de incumplimiento, las municipalidades estarán facultadas para retirar el cableado sin utilidad y cobrar el costo de esta operación al concesionario. Asimismo, el juez de policía local podrá aplicar multas desde 100 a 1000 UTM a beneficio municipal.
Es paradojal que mientras el cableado de distribución eléctrica cuenta con normas técnicas que regulan su altura, apoyos, catenarias y otros aspectos, para los cables de servicios de telecomunicaciones aéreos no es exigible tal regulación, ni tampoco existe una norma técnica especial de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. La modificación que estamos promoviendo nace de la comunidad y mejorará nuestras ciudades descontaminándolas visualmente y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Osvaldo Urrutia
Diputado