Paola Passig

Como un balde de agua fría recibieron Chile Vamos y, en general, los sectores más conservadores del país, la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de no acoger los dos requerimientos que interpusieron parlamentarios de oposición para que el organismo se pronunciara respecto a la constitucionalidad del proyecto.

Con el fallo, el TC dio luz verde a la promulgación de la ley que establece la despenalización del aborto en casos de inviabilidad fetal, riesgo de la vida de la madre y violación. El senador Francisco Chahuán, uno de los más férreos opositores a la iniciativa, explica el itinerario que seguirá la coalición sin descartar ni confirmar si acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- ¿Qué le pareció el fallo senador? Imagino que esperaba otra cosa...

- Nuestras expectativas eran otras, ciertamente, pero esto demuestra que el Tribunal Constitucional falla en derecho y de acuerdo a los antecedentes. Los que somos hombres de derecho tenemos que respetar nuestra institucionalidad. Para mí, lo primero es que la existencia de un Tribunal Constitucional, que genera el control de la constitucionalidad de los proyectos de ley en tramitación y de otras materias del Estado, es absolutamente necesaria y la mayoría de las democracias lo tienen. Uno podrá disentir respecto de la integración de sus miembros u otros temas, pero es un organismo necesario.

- ¿Quedó muy decepcionado?

- Este fallo genera una discriminación arbitraria que, además, genera dudas complejas respecto del estatuto jurídico del que está por nacer y desde el punto de vista de cuándo comienza la protección establecida en nuestra propia Carta Fundamental. Para nosotros, el marco legal y constitucional, como los pactos suscritos por Chile que se encuentran vigente en materia de derechos humanos -en especial el pacto San José de Costa Rica-, propendían a la defensa de la vida desde el momento mismo de la concepción. Por lo tanto, si bien la decisión del TC no la comparto, se debe acatar.

- ¿Qué viene ahora desde Chile Vamos?

- El frente nuestro es seguir entendiendo que se requiere un derecho al acompañamiento psicológico, económico y médico para las mujeres con casos complejos como los de las tres causales. Este fue un tema que levantamos con fuerza y, de hecho, presentamos un proyecto de ley alternativo sobre protección integral de la maternidad que trabajamos con facultativos de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Los Andes, en términos de qué es lo mínimo que se requería para contar con un derecho al acompañamiento y que en rigor pudiera permitir que la mujer que estuviese en una situación emocional compleja por estar dentro de las tres causales contempladas, pudiera tomar una decisión libre de todo tipo de presión.

- ¿Van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

- Primero tenemos que ver cuál es finalmente el texto del fallo y estudiarlo a fondo para establecer cuáles son sus implicancias. Seguramente lo vamos a conocer el próximo 28 de agosto. Una vez que podamos revisar el contexto, vamos a poder tomar decisiones.

- ¿Entonces no se descarta acudir a una instancia internacional si el contenido del fallo no los deja satisfecho?

- No, no. Primero queremos conocer el contenido para evaluar bien cuáles serán nuestros pasos. Mientras no conozcamos el fondo del fallo, sería apresurado e irresponsable decir qué acciones vamos a tomar. Hay que leer el fallo, saber cuáles son sus implicancias, cómo se avanza en los protocolos y reglamentos que establecen. Lo que corresponde dentro de la institucionalidad es acoger el fallo aunque no lo compartamos.

- ¿La decisión del TC establece una jurisprudencia respecto a cuándo se entiende que comienza la vida?

- Es que no quedó claro desde cuándo el estatuto jurídico del que está por nacer establece la garantía contemplada en nuestra Constitución y en los ordenamientos jurídicos que protegen la vida del que está por nacer. Y esto porque en las distintas causales contempladas en el proyecto se garantiza una intervención quirúrgica para interrumpir el embarazo en distintas etapas de gestación. El cuestionamiento que debe hacerse es desde cuándo comienza la protección jurídica que ampara nuestro ordenamiento jurídico. Pero acá lo que ha quedado claro es que éste no era un tema de salud pública -Chile tiene la segunda tasa de salud materna en el continente sólo precedida por Canadá-, sino que era un tema que dice relación con conflictos relacionados con el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo versus el derecho de la vida del que está por nacer. Y los que hemos dado la lucha en contra del aborto hemos dicho que el derecho a la vida es el derecho basal del ordenamiento jurídico. Desde ahí se desprenden los otros derechos.

- Pero el fallo del TC sustenta la otra tesis.

- Sí, y por eso este fallo genera esta discriminación arbitraria, distingue entre seres humanos de primera y segunda clase y es un tema de preocupación porque abre una discusión respecto a desde cuándo el ordenamiento jurídico protege la vida del que está por nacer.

- Pero finalmente el TC sí le dio luz verde a la objeción de conciencia.

- Sí. Pero nosotros pensamos que no sólo es necesaria una objeción de conciencia para el facultativo, sino que para todo el equipo sanitario que debe intervenir en este tipo de prestación -garantizada por el Estado a partir de ahora-, sino que adicionalmente debiera haber objeción de conciencia para todo aquel que interviene en el proceso. Por eso también somos partidarios del ideario institucional, vale decir, que en determinados establecimientos privados de salud puedan oponerse a realizar esas intervenciones garantizadas por el Estado en establecimientos públicos.

- ¿Esperan que el fallo amplíe la objeción de conciencia?

- Eso esperamos.

- Podría convertirse en una barrera para la implementación de la ley, ¿no?

- No en una barrera, pero sí salvaguardar la objeción de conciencia para todos los que intervengan en el proceso, como también para el ideario institucional, de modo que el sistema privado pueda oponerse a la práctica de la interrupción del embarazo.

- ¿Qué le parecen los dichos de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien señaló que con el fallo los "violadores estaban de fiesta"?

- No comparto en absoluto ese tipo de declaraciones. Son situaciones complejas y hay que ser mesurados en los comentarios. Lo importante es que logramos establecer el deber de denuncia versus el derecho de responsabilidad que queda establecido. Seguramente, ella se refería a qué pasaba con la menor de 14 años que no tiene capacidad legal para consentir una relación sexual y que se considera una violación impropia, pero donde hay que ser categóricos es en buscar todos los mecanismos para que violadores y abusadores paguen las consecuencias de sus actos. Y por eso defendimos el deber de denuncia.

"No quedó claro desde cuándo se protege la vida del que está por nacer. En las tres causales se garantiza una intervención quirúrgica para interrumpir el embarazo en distintas etapas de gestación""

"Queremos conocer el contenido para evaluar bien cuáles serán nuestros pasos. Mientras no conozcamos el fondo del fallo, sería apresurado e irresponsable decir qué acciones vamos a tomar" "No sólo es necesaria una objeción de conciencia para el facultativo, sino que para todo el equipo sanitario que debe intervenir en este tipo de prestación garantizada por el Estado a partir de ahora""