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PGE lidera tareas de próximo Gobierno en sector portuario

REGIÓN. Actores indican que una definición respecto al megapuerto será uno de los principales temas que deberá abordar la administración entrante.
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Uno de los desafíos importantes que tendrá el segundo mandato del Presidente electo Sebastián Piñera, apunta al sector marítimo portuario. Megapuerto, Terminal Dos, un reglamento portuario y cabotaje, entre otros, son aspectos que requieren definiciones de acuerdo a lo que señalan los propios actores del área.

Desde la Asociación Nacional de Armadores (ANA) recalcan que la nueva administración va a tomar la posta de un tema que ella misma dejó pendiente y que el Gobierno saliente tampoco pudo resolver como es la ubicación del megapuerto. "Esperamos que esto no siga pasándose de Gobierno en Gobierno y que se tome una decisión de Estado. Se ha dicho que no es necesario, pero ya ha pasado mucho tiempo y también hay que considerar que desde que se tome la decisión hasta que se concrete van a pasar entre ocho a diez años para cortar la cinta. Es hora de que se tome una resolución de cuando, dónde y qué se va a hacer", comenta el gerente general de la entidad, Ricardo Tejada.

Otro punto que preocupa se refiere al cabotaje, recordando que fue en el anterior Gobierno del empresario donde se impulsó su apertura en el marco de la Agenda de Impulso Competitivo (AIC). "Sabemos que de la forma en que se quiere hacer no podremos competir en igualdad de condiciones y (la marina mercante) se va a acabar", subrayó el ejecutivo, quien señaló que a la futura administración se le entregarán propuestas para el fomento del sector, tal como se hizo con el actual. "Nuestra marina mercante cumple 200 años y no creo que el Presidente Piñera quiera que se acabe en su Gobierno", remarcó.

Por último, espera que el proceso destinado a la construcción de un muelle dedicado a la actividad de los cruceros se mantenga. "Pienso que ellos tienen muy claro la situación actual de los cruceros, y en qué medida podríamos fomentar y desarrollar el turismo", dijo.

Autoridades que sepan

En tanto, el presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios (Cotraporchi) y vocero de la Coordinadora Marítima Portuaria de Valparaíso, Sergio Baeza, destacó que lo básico es "que se nombren autoridades que sepan de puertos". "Pensamos que debe haber una definición clara sobre el megapuerto, y que Valparaíso y San Antonio deben desarrollarse, en el sentido de que no puede dejarse un puerto botado por favorecer al otro. Si hay un PGE tiene que ser en ambos puertos y en el caso del Terminal 2, hay que construirlo porque trabaja mucha gente eventual y las autoridades deben empujar este carro para que se desarrolle lo más pronto posible y competir", comenta el dirigente.

Agrega que también se deben abordar temáticas relacionadas con pensiones pendientes y el denominado reglamento portuario. "El otro tema es el muelle exclusivo para cruceros donde hubo un compromiso de la empresa portuaria de tenerlo funcionando en dos años y medio para evitar los problemas que hubo en el pasado", manifestó Baeza.

Para el secretario ejecutivo del Consejo Regional Logístico (Corelog), Javier León, la futura administración debe abordar un sistema que le dé al país continuidad portuaria frente a las catástrofes naturales y los paros y, además, proyectar un ordenamiento global de infraestructura portuaria. "Esto nos pueda llevar a ser realmente una plataforma logística de comercio exterior y para eso necesitamos tener una política de integración con el Mercosur y Argentina. En esa línea algo que nos falta es impulsar, por ejemplo, el túnel de baja altura o algo similar que nos mantenga conectados los 365 días del año", señala.

Agrega que ello tendría un efecto en el sistema portuario del país pues al aumentar la carga se requerirían dos puertos nuevos, en Valparaíso y San Antonio. "Por lo tanto en materia portuaria debe seguir avanzando el puerto a gran escala que se plantea en San Antonio como el desarrollo en Valparaíso con el Terminal 2 y también el Terminal 3 que tampoco se puede dejar de lado".

"Pienso que ese debería ser uno de los temas a abordar en la APEC, le daría mucho sentido. Ya que lograríamos la integración, a través de Chile, del Asia Pacífico y el Mercosur", subrayó.

"No se justifica"

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Agentes de Naves de Chile (Asonave), Carlos Manterola, coincide en que se debe tomar una decisión definitiva sobre el PGE. "En lo particular, creemos que no se justifica en ninguna parte en este momento", advierte. A su juicio debiera fijarse un norte definido en el desarrollo portuario de la zona central. "A nuestro entender hay que potenciar todos los puertos de la región y no tratar de colocar todos los huevos en una sola canasta. Eso sería un error garrafal".

También señala que se debe aclarar el destino de la llamada Tarifa de Uso de Puertos (TUP). "Ya que este Gobierno no fue capaz de dar una respuesta clara, me parece que el nuevo debería transparentar el asunto y decir qué se ha hecho con esa plata que se ha recaudado", puntualizó.

"Esperamos que esto (megapuerto) no siga pasándose de Gobierno en Gobierno y que se tome una decisión de Estado"

Ricardo Tejada, Gerente general ANA"

"Pensamos que debe haber una definición clara sobre el megapuerto y que Valparaíso y San Antonio deben desarrollarse"

Sergio Baeza, Presidente de Cotraporchi"

Terminal Pacífico Sur demanda a EPV ante el TDLC

ECONOMÍA. Concesionario señala que la estatal incurrió en acciones y conductas que afectan a la libre competencia.
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Claudio Ramírez

Terminal Pacífico Sur (TPS) demandó a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por una serie de acciones que, a juicio del concesionario del Terminal Uno del puerto de Valparaíso, "impiden, restringen o entorpecen o tienden a afectar la libre competencia que debe imperar en el mercado de servicios portuarios de la V Región y en los mercados relacionados o conexos", según señala el escrito que fue acogido a tramitación por la entidad fiscalizadora.

En la acción interpuesta por el operador controlado por el grupo Von Appen, se hace referencia al manejo que ha tenido la estatal en materias como las "cargas limpias" y en la atención a los cruceros.

"Alteró las reglas"

En el escrito, Terminal Pacífico Sur expone los hechos que marcaron el conflicto por los aforos y que en definitiva le impidieron realizar el proceso de revisión de carga al interior de sus dependencias en el sector del borde costero.

En cuanto a los cruceros, TPS recalca que durante el año 2014, pronunciándose sobre una solicitud de TCVAL, la EPV aprobó una modificación al Manual de Servicios del Terminal N° 2 del Puerto de Valparaíso a cargo de dicha concesionaria. "La modificación aprobada alteró las reglas de prioridad de atraque de naves que históricamente habían regido al interior del Puerto de Valparaíso para las naves de pasajeros (...), se suprimió la primera prioridad de atraque para las naves de pasajeros en los Sitios 7 y 8, manteniendo la misma únicamente en el sitio 6 del referido Terminal N° 2", señala el documento, dando cuenta que eso no se aplicó en ese momento al Terminal Uno.

TPS, a través de la demanda, solicita al TDLC "ordenar el cese inmediato de los actos y conductas anticompetitivas de la EPV y, en particular, dejar sin efecto la prohibición de aforo e inspección física a la carga al interior del Puerto de Valparaíso, dejar sin efecto el Nuevo Procedimiento de Coordinación y ordenar el registro de las nuevas tarifas máximas asociadas al Servicio Especial denominado 'Embarque, Desembarque y Tránsito de Pasajeros (TPA-002/TPA-003/TPA-004)', o en su defecto, ordenar la modificación de dichos actos o conductas del modo que el Honorable Tribunal estime más compatible con la promoción y defensa de la libre competencia". Además, pide condenar en costas a la estatal.

Hay que recordar que hace menos de un mes fue EPV la que presentó una acción en la misma instancia contra TPS por lo que calificó como "prácticas anticompetitivas" en el mercado de cruceros.

Recursos de protección rechazados

En el documento presentado ante el TDLC, Terminal Pacífico Sur recordó que a raíz del tema de los aforos, en su momento interpuso dos recursos de protección "por la afectación de sus garantías constitucionales provocada por la actuación de la EPV y los organismos públicos fiscalizadores". Además, explicó las razones por las cuales no prosperaron. "No fueron acogidos básicamente porque en opinión de la Excma. Corte Suprema la materia objeto de los mismos 'no puede ser dilucidada a través de este arbitrio por tratarse de un asunto de lato conocimiento', por lo que dejó a salvo todas las acciones jurisdiccionales y administrativas pertinentes", enfatizó el escrito.