Nicolás Mencia P.

La necesidad de respetar las decisiones hechas por el sistema de Alta Dirección Pública (SADP) para la elección de cargos a nivel regional expusieron parlamentarios consultados sobre qué cambios debería hacer el nuevo gobierno de Sebastián Piñera cuando asuma en marzo próximo.

Aunque el sistema está pensado para evitar que aquellos cargos técnicos en la administración pública -como las empresas autónomas del Estado o los servicios- queden al arbitrio de los cambios políticos, cada nuevo gobierno ha dispuesto de algunos cupos una vez que se instala.

Pese a ello, el senador electo por Chile Vamos, Kenneth Pugh, advirtió que "no se pueden cambiar la reglas del juego, lo importante es que existan reglas claras y que se cumplan". En relación a la remoción de aquellas personas elegidas por ADP, enfatizó que "lo más importante es cumplir la ley y quizás ese es el mensaje. La ley es muy clara e indica que para los cambios de gobierno, el Presidente tiene una cupo limitado (de opciones para designar)".

En tanto, el exvocero de Gobierno y diputado electo (PS), Marcelo Díaz, aclaró que "está completamente regulado, no se requiere mucho margen de acción más allá de lo que establece la ley".

Díaz explicó que "hay que cumplir la ley, que dice hasta cuándo permanecen o pueden ser removidos; para que exista el cambio de un gobierno y no los cambie a todos, porque son cargos concursados por el Sistema de Alta Dirección Pública, y eso debe ser respetado".

Sobre el sistema, que en el año 2016 fue perfeccionado y fortalecido, el diputado electo por el Partido Socialista dijo que "ha profesionalizado al servicio público, aunque falta mucho todavía, pero es un tremendo avance que ha beneficiado a la Administración Pública chilena y estamos en fase de consolidación todavía".

Una visión levemente diferente expuso el diputado electo Osvaldo Urrutia (UDI), quien aseguró que "deberían existir esos espacios para que el Presidente decida (a quién nombrar)", y realizó una crítica al Gobierno de Michelle Bachelet, porque "no se respetaron los concursos de Alta Dirección Pública ni se indemnizó a las personas que los habían ganado y se reemplazó por otras de confianza de la Presidenta".

Para el legislador electo, debería ocurrir lo mismo, porque "se supone que el Presidente de la República, el Intendente y los secretarios regionales quieren disponer de personas que técnica y políticamente sean confiables para que puedan hacer una buena gestión y de acuerdo al programa de gobierno del Mandatario".

Urrutia puso como ejemplo la dirección regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu): "(Ellos) Aplican toda la política habitacional y de campamento, que en este gobierno avanzó muy poco, precisamente porque los directores no tenían competencias adecuadas. Entonces, necesitamos una persona más competente en ese puesto, que el cargo debe ser elegido por SADP, y a quien sale, se le dará aviso oportuno".

El diputado electo Jorge Brito, representante de Revolución Democrática (RD), dijo que "queremos un Estado emprendedor, con iniciativas, y para eso es muy importante que quienes trabajen en él se sientan funcionarios de Estado y no netamente de gobierno".

Añadió que "en este recambio de autoridades por sobre todo, tengamos ojos con aquellos que hayan sido imputados por delitos de corrupción o cohecho, incluso aquellos que están en un proceso abierto".

Brito recalcó en que "hay que ser prudente, porque lo peor de lo público puede ser que caigan en manos de personan que tienen las manos sucias. Acá es importante que distingamos entre la carrera funcionarios y los cargos políticos, hoy el Estado es el peor empleador del país con gran parte de sus empleadores del país en situaciones de precariedad laboral y una forma contractual de honorarios, eso se tiene que revertir y para eso es importante que antes de fortalecer el Estado, hagamos de él uno más eficiente".

"Hay trabajadores que han llegado a sus puestos con total transparencia después de procesos de selección público y abierto, por eso es importante que se sientan seguros y que no van a hacer removidos por favores políticos", puntualizó Brito.

La también diputada electa y militante de Izquierda Autónoma (IA), Camila Rojas, advirtió que los servicios públicos no pueden ser usados como "un botín" electoral y que "cuotear puestos entre los partidos de la coalición de turno sólo empeora la calidad del servicio entregado a la ciudadanía".

Alberto Núñez, abogado, militante de Amplitud y presidente de la Fundación Inclusión y Desarrollo, señaló que "el Presidente electo Sebastián Piñera debería dar un paso adelante y sacudirse la lógica de secuestrar al Estado por los vencedores en la disputa electoral, no es un botín de guerra y en aquellas jefaturas técnicas profesionalizadas no deberían cesar los empleados de Alta Dirección sólo porque los designó la administración saliente".

"Debería examinarse cómo lo hicieron, si fueron leales, honestos y si pusieron a Chile por sobre los intereses partidarios y barrer sólo con aquellos que no hicieron lealmente su pega. Mientras quienes fueron buenos elementos, deberían quedarse", argumentó el abogado.

Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa, apuntó que "se debe abordar desde el punto de vista legislativo, hay que avanzar con la legislación que prohíba estas "sillitas musicales" de los cargos de elección popular a los cargos de confianza, se vulnera, este método, la voluntad de los ciudadanos.

"Ha profesionalizado al servicio público, aunque falta mucho todavía, pero es un tremendo avance"

Marcelo Díaz, Diputado electo PS"

"(En el gobierno de Bachelet) no se respetaron los concursos de Alta Dirección Pública ni a las personas que los habían ganado"

Osvaldo Urrutia, Diputado electo UDI"

La semana pasada, el directorio nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se reunió con cada presidente regional de la organización para hacer frente al cambio de gobierno que se avecina.

Para el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, los cambios de mando "son procesos complejos para las instituciones públicas y cuando se avecinan, nosotros tomamos medidas". Insunza hacía así alusión a los comentarios hechos por el Presidente electo, Sebastián Piñera, quien insistió en la necesidad de "recortar" programas de Gobierno que no hayan demostrado eficiencia.

- ¿Cómo recibieron las declaraciones del Presidente electo Sebastián Piñera?

- En esta oportunidad, tiene un carácter particular, por las reiteradas expresiones de distintos personeros cercanos que, desde la campaña presidencial en adelante, comenzaron a emitir expresiones que no sólo son consideradas como amenazas para el sector público, sino que además constituyen una denostación de la función estatal y de los trabajadores del Estado.

- Considerando que Piñera ya tuvo experiencia con su primer periodo como Presidente, ¿cómo analizan su administración?

- Cuando llegó al mando, Sebastián Piñera, cumpliendo el primer año y medio, despidió a más de 11 mil trabajadores con labores impecables, que llevaban más de 20 y 30 años de servicio, muchos de ellos especializados.

- ¿Cree que esos despidos generan un daño en el desempeño de los trabajadores?

- Claro que sí. Provocan un daño en los trabajadores y también en la ciudadanía, porque finalmente produce que los servicios públicos pierdan capacidades de seguir con los proyectos.

- ¿Cuál es la capacidad que perdería el Estado?

- Los trabajadores públicos garantizamos el ejercicio de sus derechos, como los que se desempeñan con cargos en los ministerios y servicios vinculados con los derechos a la mujer o niños. Además, somos quienes cotidianamente hacemos control de fronteras, estamos en la fiscalización tributaria, en la recaudación de los impuestos que permiten que el Estado de Chile cumpla con los chilenos.

- Ustedes están en un proceso de modernización. ¿En qué consiste?

- Los procesos de modernización han demostrado que se realizan de buena manera al escuchar a los trabajadores, porque es imposible realizarse sin ellos, quienes están de forma permanente y que no estamos ahí para cumplir con un periodo de Gobierno, sino que hemos optado por el servicio público.

- ¿Ustedes están dispuesto a dialogar?

- Siempre hemos estado dispuestos a establecer espacios de diálogo con las autoridades que permitan avanzar en direcciones comunes, pero también tomaremos medidas en función de generar las condiciones ante la posibilidad de que en este cambio de Gobierno se vuelva a reiterar esta práctica y poder reaccionar tanto en los planos judiciales y con las movilizaciones.

- Y como dirigente, ¿cuál es la relevancia que tiene?

- Para quienes somos dirigentes sindicales, el diálogo es el componente central de nuestra labor, ser los representantes de los trabajadores para dialogar con las contrapartes que tienen disposición al dialogo, capacidad de escuchar e intercambiar propuestas.

"Los trabajadores estamos de forma permanente y no estamos ahí para cumplir con un periodo de gobierno, sino que hemos optado por el servicio público""