Cristián Rodríguez F.

La situación en que se encuentran actualmente los niños y jóvenes que residen en el Cread de Playa Ancha, centro a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Valparaíso, sigue escalando a nivel internacional, al punto que los querellantes en el caso podrían acudir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

Tras denunciarse en reiteradas oportunidades -por más de dos años- las eventuales vulneraciones en los derechos de los menores del recinto, un grupo de expertos del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió visitar por algunas horas el centro porteño. Y un mes después, fue el turno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también de la ONU, la que le pidió a la anterior Cancillería -liderada por Heraldo Muñoz- que se pronunciara frente a los supuestos maltratos y torturas que estaba denunciando el exdirector regional del Sename y hoy abogado de la Corporación La Matriz, Esteban Elórtegui.

Según trascendió, ambas acciones hicieron que la anterior administración del Ministerio de Justicia decidiera poner en marcha un plan de cierre definitivo del Cread playanchino, del cual, sin embargo, aún no se conocen mayores detalles referidos al traslado de los menores y sus plazos.

Luego que el Ministerio de Relaciones Exteriores del anterior Gobierno respondiera al requerimiento -no en el plazo de cinco días que se le había solicitado-, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez dictaminando distintas medidas cautelares en favor de los menores.

Para llegar a dicha determinación, previo conocimiento de la posición del Estado, la comisión concluyó que "los niños, niñas y adolescentes del Cread se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable".

La misma instancia, en su resolución número 21/2018 del 15 de marzo, sostuvo que "la situación particular del Cread de Playa Ancha permite apreciar la existencia de una situación de riesgo actual y susceptible de perdurar en el tiempo de no tomarse medidas inmediatas".

Por lo mismo, la comisión le solicitó al Estado adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los niños y adolescentes de acuerdo a los estándares internacionales que existen. Además, le pidieron al país promover, a través de un plan individualizado, la reintegración de los menores a sus familias, o bien se dispongan medidas de cuidado "que sean más protectoras". Todas las medidas solicitadas deberán ser informadas por el Estado en un plazo de veinte días a partir del 15 de marzo.

Si bien en la respuesta que envió el anterior Gobierno no se entregaron mayores detalles sobre el proceso de cierre del centro, frente a lo cual la CIDH indicó que "éstas se encuentran en proceso de implementación, estando aún pendiente establecer las fechas y lugares de reubicación (de los menores), el Estado sí reconoció diferentes situaciones que anteriormente no se habían dado a conocer.

Una de ellas apunta al proceso de contratación de los funcionarios que atienden a los menores, donde se admitió que "no se cuenta con un instrumento de evaluación de la idoneidad del personal de trato directo que haya sido sancionado administrativamente por maltrato". A ello, se suma que durante la ejecución de un plan de mejora al interior del centro, el Estado reconoció que se detectaron "graves deficiencias" en su aplicación, "incumplimiento de envío de informes y carpetas sin gestiones", además de una "resistencia del equipo profesional a aplicar instrucciones".

Ayer, tras conocerse los detalles de la resolución, el senador Francisco Chahuán (RN) se reunió con Elórtegui -ambos querellantes por eventuales agresiones en el Cread- para analizar los pasos que seguirán en paralelo a las medidas que deberá adoptar el país.

Y una de las primeras, según indicó el parlamentario, es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Vamos a recurrir a dicha instancia con el abogado Juan Carlos Manríquez, quien está preparando los escritos respectivos para que este equipo, que ha estado trabajando en las denuncias, finalmente llegue a la Corte y haya una coerción por parte del Estado para que adopte medidas urgentes", comentó el senador Chahuán.

Al respecto, el abogado Manríquez confirmó que están estudiando dicha posibilidad, la que debería concretarse en caso de que el Estado no cumpla con las medidas cautelares que ordenó la CIDH.

"Es una vía que se me ha encargado conducir y no abandonar. Si las medidas provisionales dispuestas por la CIDH no son cumplidas, el Estado puede terminar infringiendo la Convención Internacional de los Derechos del Niño", comentó Manríquez, agregando, además, que "si se comprueban aquellas otras conductas más graves y atroces, como los maltratos graves, reiterados y sostenidos de niños bajo la custodia del Estado y entidades dependientes de él, se pueden configurar tratos inhumanos, crueles y degradantes, que terminarían siendo conocidos por la Corte Interamericana".

En esa línea, además del daño que podría existir en la imagen del país, el abogado precisó que la justicia internacional puede ordenar al Estado hacer reparaciones a las víctimas, adoptar medidas internas de modificaciones legales e incluso dictaminar algún tipo de compensación. "Se pueden establecer obligaciones bastante duras. Si eventualmente fuese necesario llegar a esa instancia, es el Estado de Chile al que se somete a juicio por no cumplir con sus obligaciones", explicó Manríquez.

Sobre la resolución de la CIDH, Esteban Elórtegui precisó que "es altamente relevante" que se haya comprobado que los niños y adolescentes del hogar de Playa Ancha "hayan sido vulnerados en sus derechos".

El abogado de la Corporación La Matriz también destacó que en la respuesta del Estado "la anterior administración de gobierno haya reconocido lo que negó durante dos años, vale decir, que los menores han sido maltratados y que existe una situación de riesgo y de crisis en el Cread"

Además, el abogado reiteró sus críticas en contra de los funcionarios que han sido sumariados, indicando que "no estoy diciendo que todos lo sean, pero la primera medida que debiese tomarse es que el personal inadecuado y maltratador debiese salir".

Frente a ello, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase), Jorge Borreda, calificó como "lamentable" que "hoy tomen tribuna aquellos que han sido cómplices y han guardado silencio por años, en especial un exdirector que fue más un operador político que director, y los parlamentarios, a quienes los seguimos invitando y siguen sin venir".

"Nuestro compromiso siempre ha sido con los niños y trabajadores. Llevamos años pidiendo al Estado, a los diferentes gobiernos, que se hagan cargo de las vulneraciones de derechos de los niños. Además, las demandas de los trabajadores han ido en directa relación con relevar los derechos de los menores. Por lo mismo, en las investigaciones sumarias no se ha puesto ninguna traba por parte nuestra", sostuvo el dirigente gremial.

"Los niños, niñas y adolescentes del Cread se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable"

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA"

Ministro Larraín adelanta plan de cierre del Cread de Playa Ancha

Ante el dictamen de la CIDH, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien se encontraba ayer en el Congreso, comentó que las medidas que se ordenaron serán estudiadas por un grupo de trabajo que lo conformarán las subsecretarías de Justicia y de Derechos Humanos, además del Sename.

Respecto al cierre del recinto, el exsenador comentó que la semana pasada visitó las instalaciones y conoció de manos de las autoridades regionales el plan que se elaboró. "Hemos tomado nota del proyecto de transformación que había elaborado la directiva anterior, el que esperamos corregir y verificar, pero finalmente implementar", dijo el ministro, agregando que "se trata de crear centros más pequeños. Probablemente unos cuatro en la región que reemplacen al Cread. Estamos avanzando en la elaboración de un diseño piloto".

Larraín, además, precisó que "hemos visto que el sistema de Cread no está respondiendo a su objetivo. Estos centros no pueden cumplir debidamente sus funciones cuando tienen niños en cantidades muy numerosas".

" A partir de esto, la anterior administración reconoció lo que negó durante dos años, vale decir, que los menores han sido maltratados y que existe una situación de riesgo y de crisis"

Esteban Elórtegui Exdirector regional del Sename y querellante"

"Si las medidas provisionales dispuestas por la CIDH no son cumplidas, el Estado puede terminar infringiendo la Convención Internacional de los Derechos del Niño"

Juan Carlos Manríquez, Abogado querellante"

" " Es lamentable que tomen tribuna quienes han sido cómplices y han guardado silencio por años, en especial un exdirector que fue más bien un operador político"

Jorge Borreda, Presidente de la Asociación Nacional, de Trabajadores del Sename (Antrase)"

4 cautelares son las que dispuso la CIDH. La más relevante es que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los menores del Cread Playa Ancha.

20 días tiene el Estado para responder a los requerimientos de la comisión. Las medidas serán estudiadas por las subsecretarías de Justicia y de Derechos Humanos, además del Sename.

4 centros nuevos son los que proyecta crear el Sename, de acuerdo a lo que informó el ministro de Justicia, Hernán Larraín. El objetivo es que en los hogares vivan no más de doce menores.