"Este panfleto político continúa usando la perversa e infantil lógica de que ellos son los buenos y el resto son los malos"
Marcelo Barraza
Concejal (DC) de Valparaíso, por polémico cómic de la municipalidad
"Se debe recuperar cada uno de los días perdidos"
Claudio Elórtegui
Rector de la PUCV, tras finalizar paro estudiantil
El vapor "Antonio Varas" al llegar al puerto de Totoralillo, en Coquimbo, avistó un buque que estaba en la cercanía sobre roqueríos con la bandera de auxilio. Se trataba de la barca argentina "Emma", que estaba con parte de su tripulación. El vapor la sacó de allí y la llevó a remolque a una playa para iniciar el desembarque de su cargamento.
En la madrugada de hoy, el fuerte temporal que azotó la zona causó el hundimiento de por lo menos 7 lanchas cargadas con diversas mercaderías que no resistieron la furia del mar. La Compañía Grace Line, empresas como Besa y la del señor Manuel Ibáñez y la de Lobos, perdieron las embarcaciones y cargas por un valor de 100.000 pesos.
Con éxito finalizó ayer la operación de trasplante de corazón en el Hospital Naval "Almirante Neff" de Playa Ancha, realizado por el equipo médico liderado por el cirujano Jorge Kaplan. La paciente que recibió el corazón fue María Elena Peñaloza, modista de Panquehue, y el donante, Jorge Gabriel Véliz Martínez, un joven de 20 años.
En el marco de un concurso de Conicyt, he podido comprobar un dato que, siendo escandaloso en el papel y las estadísticas, en la vida real, concreta, con personas de carne y hueso, es lapidario: la desocupación de buena parte del capital humano avanzado que el mismo Estado ha formado en la última década. Me refiero a la cantidad de doctores que se encuentran cesantes o bien precarizados al punto de llevar uno o dos lustros trabajando a honorarios.
Este año ha habido marchas por la ciencia y el conocimiento, y las agrupaciones de investigadores e investigadoras se han movilizado para incidir en la estructura, funciones y mecanismos de financiación que tendrá el esperado ministerio que se hará cargo de estas materias. En ese contexto, la ANIP presentó los resultados de la segunda encuesta de "Inserción de investigadores científicos 2018", develando una realidad dolorosa: más de 2.000 profesionales con doctorado se encuentran cesantes y sólo un cuarto de los académicos y académicas tienen contrato indefinido con la universidad donde se desempeñan.
El asunto tiene ribetes sistémicos. Por un lado, el propio camino para convertirse en científico trae consigo la precarización laboral. Es un caso recurrente el investigador que mantiene relaciones laborales débiles e inseguras por sus siete años de formación, primero boleteando por cuatro años mientras se doctora y luego otros tres años al hacer el postdoctorado. Desde luego, no es por gusto: las bases de los respectivos concursos así lo establecen. Asimismo, son sistémicos los problemas en las transferencias de recursos para los proyectos de los investigadores por parte del Estado; el modo en que las universidades públicas y privadas han sido incapaces de acoger a estos profesionales ultracalificados; y la nula participación de la empresa privada en iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
El escenario, empero, presenta una contingencia que puede permitirnos superar estas adversidades. Se trata de la institucionalización de la ciencia en un ministerio, en una señal política que muestra la relevancia que ostenta dicho tema para el Ejecutivo y el Legislativo. Con esa nueva institucionalidad se abre la oportunidad de repensar el desarrollo de Chile con estrategias coherentes a la era de la información y el conocimiento, alejándonos del modelo decimonónico primerio-exportador que todavía domina nuestra economía. La oportunidad está, pero debemos aprovecharla. Del lado de los científicos ese compromiso existe, como prueba la persistencia en sus vocaciones pese a la precarización que sufren. Queda por resolver el compromiso de los poderes del Estado que modelarán la respuesta institucional de Chile a los desafíos del siglo XXI.
Dr. José Rivera-Soto
Director de Investigación y Postgrados, UVM
El Ministerio de Bienes Nacionales realizó en la región un catastro de las propiedades fiscales que están asignadas a las Fuerzas Armadas e Interior, para así establecer un orden y darle un buen uso a ellas. La necesidad de contar con dependencias y terrenos que puedan satisfacer las crecientes necesidades de diversos servicios estatales hizo urgente el estudio.
La conclusión más importante a la que se llegó tras la investigación es que en la región hay 1.911 inmuebles que están bajo la administración de BB.NN. y de ellos 871 fueron destinados a plazo indefinido a organismos como la Armada, Subsecretaría de Marina, Carabineros, Dirección General de Carabineros, PDI y su dirección general; Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), Ejército, Instituto Hidrográfico de la Armada, Ministerio de Defensa, Dirección de Aeronáutica Civil y las subsecretarías de Aviación, Carabineros, de Guerra, PDI, Marina, para las FF.AA y de Aeronáutica Civil, entre otras.
El porcentaje es bastante alto respecto al total catastrado y se eleva al 45%.
La entrega de esas propiedades se hizo bajo la figura de "los fines propios de la institución", que a lo largo de los años derivaron en usos muy distintos a los originales. Así, por ejemplo, se descubrieron que en esos inmuebles había centros recreativos, de bienestar y de tipo habitacional para los uniformados y sus familias, además de bodegas subutilizadas. No sólo eso, pues también se pudo constatar que existirían irregularidades tales como el arrendamiento de espacios fiscales para actividades tan diversas como la instalación de antenas de celular, señales repetidoras de televisión e incluso publicidad o avisos camineros. En estos casos el Estado deja de percibir recursos que le corresponden.
Aparte de los usos indebidos de estos bienes, también existe la demanda de ellos para darles un fin social, asignándolos a servicios e instituciones que los requieren con urgencia.
Según explicaron desde el Ministerio de Bienes Nacionales, ya se solicitó la derogación de la destinación de ciertas propiedades. Un inmueble de Carabineros, por ejemplo, se le entregaría al Sename. Otro podría ser para Bomberos y además se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social para utilizar propiedades como albergues para personas que lo necesiten durante el invierno. A su vez, están buscando paños de terrenos fiscales que puedan ser utilizados para darles una solución habitacional a las miles de familias que viven en campamentos en la región. Sin duda, un mejor uso para estos bienes.