Ministro compromete medidas ante crisis hídrica en Petorca
SEQUÍA. El titular de Agricultura visitó la provincia y reiteró la necesidad de avanzar en producciones más sustentables. JUDICIAL. A dos años de presentada la querella, la Fiscalía formalizó ayer la investigación. Defraudación se habría cometido en un periodo de cuatro años.
El Juzgado de Garantía de La Ligua decretó el arraigo y firma bimensual para nueve funcionarios de la Municipalidad de Papudo, a quienes se les imputan los delitos de fraude reiterado al Fisco -por cerca de $ 94 millones- y negociación incompatible.
Tras más de dos años de investigación, ayer la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de la Fiscalía Regional de Valparaíso procedió a la formalización del caso, argumentando ante el Tribunal que los funcionarios en cuestión se autodesignaron tareas municipales con la finalidad de liberar recursos a su favor.
La indagatoria se originó en 2016 a partir de un informe de la Contraloría regional que decretó una malversación entre los años 2011 y 2014. Los funcionarios de Papudo que fueron formalizados ayer son el secretario municipal y el secpla, el director de Administración y Finanzas, un auxiliar del municipio, el administrador de Papudo, el director de Obras Municipales, un ingeniero externo y los encargados de Dideco y de la Unidad de Control.
De acuerdo a lo que expuso durante la formalización, el fiscal de la Urac porteña, Claudio Rebeco, los trabajadores formaban parte de un comité técnico en el que resolvieron designarse nuevas tareas a través de contratos de honorarios. Sin embargo, a juicio del persecutor, los reportes que se entregaron para justificar dichas funciones "no se ajustaban en los requerimientos más mínimos a un informe idóneo", agregando incluso que su contenido era obtenido de internet.
"Lo que aquí se hizo fue hacer aparecer una necesidad inexistente para generar contratos de honorario que permitieran pagos en beneficio de esos funcionarios públicos", comentó al término de la audiencia el fiscal Rebeco, quien agregó que los trabajadores "han actuado a sabiendas de que los servicios que estaban contratando por parte de la municipalidad no resultaban necesarios".
"Nos parece que cuando se hace aparecer una necesidad de contratación inexistente, lo que se está haciendo es mentir sobre un punto determinado para liberar fondos municipales. Por eso a nosotros nos parece que lo que hay acá son sistemas de sobresueldo que se estructuran sobre la base de contratos de honorarios fraudulentos", sostuvo Rebeco.
Si bien el abogado de los nueve funcionarios, Rafael Almarza, reconoció que comparten todos los hechos que describió la Fiscalía, sostuvo que la gran diferencia que mantienen con el Ministerio Público es que, a juicio de ellos, aquí se trataría de una falta administrativa, pero en ningún caso de un delito.
"La versión de mis representados difiere sustancialmente del concepto que el Ministerio Público ha desarrollado. Efectivamente, aquí hubo funcionarios a quienes se les formuló un contrato de prestación de servicios de honorarios fuera de la jornada laboral, lo que es legal. Pero si se le contrata para hacer un informe y copian y pegan, eso no es un delito", sostuvo Almarza.
El abogado defensor agregó que "a mi juicio, puede haber algunos tipos de incumplimientos contractuales, pero no pueden decir que se robaron el dinero".
"Usted puede tener un reproche moral, administrativo e incluso civil. Podrán decir que era para arreglarse los sueldos, y lógico, funcionarios mal pagados. Pero eso es completamente legal y no significa que estemos frente a un delito", insistió el abogado de los funcionarios de Papudo.
Durante la audiencia se fijó un plazo de investigación de seis meses. De ser condenados, el fiscal Rebeco aseguró que los trabajadores municipales arriesgan una pena de hasta tres años y un día.
Durante su visita a la Provincia de Petorca, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, se comprometió a avanzar en diferentes medidas que permitan recuperar, entre otras cosas, el acceso al agua potable en muchas familias de la zona que hoy acceden al suministro a través de camiones aljibe.
"Vemos que con 20 o 22 litros por segundo podemos solucionar el tema del agua potable rural (...) porque no puede ser que mientras hablamos de una agricultura desarrollada, al otro lado del cerro hay una familia que al abrir la llave de su casa no tiene agua", comentó el secretario de Estado durante la reunión, a la que también asistió el intendente Jorge Martínez.
Por ello, Walker sostuvo continuarán reuniéndose con las familias y agrupaciones de la provincia a fin de que "una agricultura sustentable pueda convivir con la buena calidad de vida de los habitantes".
"El tema del agua tiene dos aristas: un buen Código de Aguas y la disponibilidad de la misma. Todos los que tenemos una responsabilidad pública tenemos que velar para que se respete el Estado de derecho. Aquí se han detectado muchas irregularidades que tenemos que corregir. Y vemos que hay algunos sectores donde no se está cumpliendo la ley, pero nosotros vamos a hacer que sí se cumpla", dijo el ministro.
En tanto, la gobernadora de Petorca, María Paz Santelices, expresó que "estamos trabajando en desarrollar distintos rubros en que las personas puedan progresar y en entregarles todas las herramientas necesarias para que las familias puedan salir adelante".
Con arraigo y firma quedan 9 funcionarios municipales de Papudo por fraude al Fisco
Suprema ordena incorporar a toma Felipe Camiroaga al catastro del Minvu
JUDICIAL. A dos años de presentada la querella, la Fiscalía formalizó ayer la investigación. Defraudación se habría cometido en un periodo de cuatro años.
La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ordenó a la autoridad respectiva incluir el campamento Felipe Camiroaga, de Viña del Mar, en el Catastro Nacional de Campamentos del Minvu. Sobre el fallo, el senador Ricardo Lagos Weber, quien ingresó un recurso de protección en favor de las familias, destacó que "esta es una decisión inédita de la Corte Suprema, quien ratifica lo que hemos venido sosteniendo respecto a la condición de vulnerabilidad de esas 38 mil familias".
4 locales de Concón firman un acuerdo para reducir uso de bolsas plásticas
JUDICIAL. A dos años de presentada la querella, la Fiscalía formalizó ayer la investigación. Defraudación se habría cometido en un periodo de cuatro años.
El alcalde de Concón, Óscar Sumonte, y representantes de cuatro establecimientos comerciales firmaron un compromiso voluntario para la paulatina erradicación de las bolsas plásticas, en el marco de la nueva ordenanza que debe comenzar a regir próximamente y que reduce la entrega a tres bolsas por cada comprador. Este acuerdo queda a la espera de la nueva ley que impulsa el Gobierno para la erradicación definitiva de las bolsas plásticas del comercio nacional.
millones sería el monto defraudado por los nueve funcionarios municipales entre los años 2011 y 2014. $ 94
años y un día es la pena que, según el fiscal Claudio Rebeco, arriesgan los trabajadores de Papudo. 3
litros por segundo más bastarían, según el ministro, para resolver la problemática del agua potable. 20