A la espera del dron salvador
El intento de introducir droga en la cárcel porteña por vía aérea es sólo un episodio más en la eterna crisis de Gendarmería.
El martes pasado fue descubierto el intento de ingresar drogas al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso mediante la utilización de un pequeño dron. Intento descubierto y se inicia investigación con incierto destino. El uso de estos elementos es frecuente en el mundo delictual internacional y rápidamente ha llegado al país, sumándose a tecnologías prohibidas empleadas en nuestras prisiones, como el uso de teléfonos celulares con los que se cometen estafas, extorsiones o se dirige el tráfico de drogas.
El uso del dron supone acuerdo previo, precisamente mediante teléfonos móviles, e incluye necesariamente un operador externo a cargo de los mandos del equipo. Esta modalidad de tráfico puede implicar consumo y venta de droga al interior de la prisión. Por otro lado, este elemento supone una "inversión" que va desde los $ 350 mil pesos, casi sin posibilidades de recuperación del aparato. Pero la pérdida, pareciera, no tiene mayor importancia en un tráfico reconocidamente rentable.
Este episodio es sólo una escena más de la compleja, extensa y dramática teleserie que muestra la eterna crisis en que vive el sistema penitenciario nacional, a veces convertido en botín político. Por todos lados hace agua, lo que se expresa en una casi imposible rehabilitación del delincuente, que una vez cumplida la condena, vuelve, perfeccionado, a cometer ilícitos.
Los penales, además, pese a buenas intenciones, viven un clima de permanente violencia y hacinamiento, donde un factor dominante es la vulneración de derechos.
Pero el problema no sólo está en lo presos, está también en el personal a cargo del servicio. Labor ingrata, peligrosa y con ingresos generalmente reducidos.
La dirección de todo este complejo sistema está a cargo de un funcionario designado por el gobierno de turno. La nominación no siempre es acertada, como acaba de ocurrir con la reciente directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, a quien el Ministerio de Justicia le solicitó la renuncia.
En pocos meses de gestión no logró sintonía con el personal que, a la vez, plantea peticiones de mejoramiento. Solo una de ellas, estima el Gobierno, cuesta $ 50 mil millones. No habrá transacción, afirman los dirigentes, que amenazan con un paro nacional de los casi 20 mil funcionarios para fines de octubre.
Tras la partida de la directora, hay negociaciones en marcha a cargo del subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, con la amenaza del paro en un cuadro presupuestario que no contempla inyecciones para Gendarmería.
Y desde un punto de vista de Estado, de sociedad, ante la amenaza de un paro de graves proyecciones, la cuestión central, las condiciones de las cárceles y la rehabilitación, queda para una segunda discusión, a la espera de un dron salvador.