"Todos los funcionarios que quieran capacitarse van a tener la posibilidad, siempre cuando hayan pasado la primera etapa, que es una evaluación psicolaboral básica". De esta manera, el director del Sename de Valparaíso, Rachid Alay, intentaba explicar el nuevo modelo de calificación del personal que atiende o trabaja con los menores que son recibidos en los distintos hogares del servicio en la región y que comenzará a aplicarse este año en la zona a raíz del próximo cierre del CREAD de Playa Ancha y la apertura de nuevos recintos para la atención de los niños y jóvenes.
Esto quedó resuelto a través de una resolución exenta firmada por la directora nacional, Susana Tonda, y que busca someter a evaluación al personal según las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas -que justamente realizó una vista al CREAD de Playa Ancha en enero de este año- y la mesa de trabajo por la infancia convocado por el Presidente Sebastián Piñera, que resolvió "avanzar hacia un sistema con residencias con personal especializado, donde la persona que esté a cargo del trato directo se transforme en un cuidador significativo y con mayor capacitación".
Estas evaluaciones contarán con una entrevista personal, una lista amplia de test, formación técnica (si no la tiene, se le podría dar un plazo para adquirirla) y un informe final que determinará si la persona cumple los requisitos para trabajar con un trato directo con los niños y jóvenes internos. Todo esto lo realizará una empresa externa al Sename, sistema que busca transparentar todo el proceso.
Parece curioso, bajo una primera mirada a esta decisión, que el Sename no cuente hoy (y en el pasado) con un proceso de selección estricto del personal que terminará atendiendo a los menores que son recibidos en los distintos hogares del país y la región. Muchos de ellos, en condiciones de vulnerabilidad.
Así, entonces, no cabe más que apoyar este tipo de medidas e, incluso, en el hecho que sea una empresa externa la que emita informes sobre la idoneidad o no del personal actual y de las nuevas contrataciones. Esto, en el entendido que el beneficiado final de este proceso no sólo será el funcionario calificado, sino los cientos de menores que ven en estas personas y hogares el apoyo que les podría permitir rearmar sus vidas o corregir cientos rumbos.
Es necesario, y quizás urgente, renovar, replantear y potenciar el Servicio Nacional de Menores, de manera de que no se vuelvan a repetir los ya tristes hechos por todos conocidos. Y todo lo que camine en ese sentido debe ser necesariamente apoyado por las autoridades de gobierno, parlamentarios, funcionarios y la sociedad toda.
Aquí no hay espacio para mezquindades o egoísmos. Aquí está en juego el futuro de niños y niñas de este país. No se les puede volver a fallar.