Contrario a la postura manifestada por la directiva de su partido, la Democracia Cristiana (DC), que ha planteado que no será parte de una coalición con el Partido Comunista (PC), el senador Francisco Huenchumilla se mostró favorable a "una convergencia de toda la oposición".

Luego de que el PPD, el Partido Socialista (PS) y el Partido Radical (PR) anunciaran la formación de un nuevo bloque llamado Convergencia Progresista, desde la DC surgieron voces que condicionaron la integración a esa coalición a la exclusión del PC.

El presidente de la DC, Fuad Chahín, dijo a la prensa esta semana que "no era el momento" de hablar de convergencias. Y el diputado falangista Miguel Ángel Calisto manifestó el miércoles que "lo natural es que la DC sondee acuerdos con sus socios históricos, con la socialdemocracia, reeditar un acuerdo como la Concertación. Pero tenemos aprensiones sobre un ingreso del PC, porque son cómplices de dictaduras latinoamericanas que violan los DD.HH. La izquierda, en algún minuto, va a tener que elegir entre la DC y el PC".

"Yo soy partidario de una convergencia de toda la oposición, para tener posibilidades de ganar las elecciones, de ser competitivo. Pero para eso tenemos que colocarnos de acuerdo", dijo Huenchumilla ayer en entrevista con "Emol".

El legislador subrayó que "yo no excluyo a nadie, porque creo que del PC se ha hecho un debate que no corresponde; hoy día el comunismo no es tema en el mundo. Hoy día los temas son otros: la globalización, la tecnología, el funcionamiento de los mercados".

Huenchumilla rechazó que su opinión fuera una crítica a Chahín, puntualizando que "siempre he tenido esa postura en la DC, por lo tanto no es específicamente mi postura en contra de nadie".

Sobre el nuevo bloque del PPD, el PS y el PR, el senador comentó que "respecto del nombre, no tengo mayores inconvenientes, ni positivos ni negativos, habrá que verlo posteriormente y si eso pega o no pega ". "La oposición está en un proceso de rearticulación. Tiene que haber una oposición, tiene que llegar a ciertos acuerdos y eso hoy día no existe. Tampoco existen objetivos comunes, propósitos para el futuro", advirtió.

Luego de que el Gobierno aceptara cambiar la urgencia del proyecto de Aula Segura, para que tuviera un nuevo plazo para su tramitación, el Vicepresidente, Andrés Chadwick, emplazó ayer a la oposición a "no seguir demorando" la iniciativa.

El ministro del Interior hizo un llamado al Congreso a que tramite con rapidez el proyecto, que busca disminuir los hechos de violencia en los colegios a través de un único artículo que modifica la Ley de Subvenciones.

La iniciativa busca otorgar más facultades a los directores de establecimientos para expulsar de manera inmediata o cancelar la matrícula a los estudiantes que sean sorprendidos cometiendo actos de violencia extrema.

"Necesitamos esa ley, hacemos un llamado a los parlamentarios de todos los sectores políticos a respaldarla, a hacerlo con agilidad, porque esto pasa todos los días, y a no seguir demorando un trámite de un proyecto de ley tan necesario", dijo el Vicepresidente.

El jefe de gabinete, que ocupa el cargo más alto del Gobierno mientras el Presidente está fuera del país en su gira por Europa, aseguró que la iniciativa dará "seguridad y tranquilidad a todas las familias y muy especialmente a los estudiantes de los liceos públicos que sufren con la actitud de estos supuestos compañeros, que lo único que hacen o reflejan es que más que estudiantes son delincuentes".

Chadwick enfatizó que lo mínimo que se puede hacer con aquellos estudiantes que realizan desórdenes es "expulsarlos del liceo, suspenderlos de sus clases". "Cómo va a ser posible que un estudiante que comete esos actos delictuales, que son graves actos de violencia, pueda seguir ahí mismo como si nada hubiese pasado", finalizó el secretario de Estado.

La medida sufrió su primer traspié el martes recién pasado, apenas se comenzó a revisar en el Senado, ya que parlamentarios de la Comisión de Constitución declararon que era inconstitucional porque, tal como fue ingresada al Congreso, no cumplía con los elementos mínimos para garantizar el debido proceso.

El proyecto debía ser revisado en primera instancia por la Comisión de Educación, pero finalmente eso no ocurrió el miércoles, como estaba presupuestado. El Gobierno aceptó renovar la suma urgencia para dar un nuevo plazo de 15 días y escuchar a expertos, directores y profesores, así como al ministro del Interior, para que luego sea votado en general.

En entrevista con radio "Universo", la senadora Yasna Provoste (DC) explicó que "fue la sala del Senado la que acordó por unanimidad, donde hay diversidad de senadores, que antes que lo viera la comisión de Educación fuera visto por la Comisión de Constitución, particularmente lo que dice relación con el debido proceso. Y así lo hizo la comisión de Constitución, donde escuchó en dos sesiones a cuatro abogados constitucionalistas, uno de ellos del actual Gobierno, y todos fueron claros y categóricos de reconocer que era un proyecto mal hecho".

Ante las críticas del Gobierno la parlamentaria señaló que "nosotros podíamos haber tomado el camino que muchas veces tomó la derecha, siendo oposición, de ir al TC, pero a nosotros nos interesa debatir el fondo del tema, que es la violencia escolar. Nos interesan los aprendizajes de los niños y sabemos que la convivencia afecta", expresó.

"Si uno lo tomara desde el punto de vista pedagógico, lo que hicimos no fue expulsarlos, fue darles otra oportunidad y decirles: ¿Sabe qué?, acá usted puede mejorar este proyecto, pero puede mejorarlo no sólo en los aspectos que lo tiene mal hecho, sino también ampliando la mirada (…) en escuelas que dejen atrás la violencia", agregó.