"Si se incentiva la inversión y se promueven iniciativas de obras públicas (…) podremos generar mejores condiciones"
Pier-Paolo Zaccarelli
Presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso
"Han sido meses muy complejos y muy nefastos para la comuna"
Eliana Olmos
Alcaldesa de Puchuncaví, por crisis ambiental
Chile ostenta una de las mayores tasas de penetración de internet en América Latina, con más de un 70% de la población conectada y, a su vez, un aumento de un 74% en delitos informáticos durante 2017 respecto al año anterior, según cifras de la PDI, lo que ratifica la urgente necesidad de mejorar los estándares en el país, encarar de mejor manera los ciber delitos y garantizar a los ciudadanos sus derechos en el ciberespacio.
Ante este escenario, el Gobierno ha asumido el compromiso de poner la revolución tecnológica al servicio de los ciudadanos, sin que ésta se transforme en su enemigo, para lo cual el Presidente Sebastián Piñera Echenique ha anunciado la creación y puesta en marcha de la Política Nacional de Ciberseguridad, que es el primer instrumento que tiene el Estado para resguardar la seguridad de la población y de sus derechos en el ciberespacio.
Se trata de una serie de inéditas medidas que contemplan el ingreso de un proyecto de ley sobre delitos informáticos, permitiendo actualizar los delitos, penas y procedimientos a los nuevos tiempos; la creación de un instructivo presidencial de ciberseguridad para funcionarios públicos, estableciendo en cada servicio un responsable para generar un mapa de vulnerabilidades y riesgos, así como metas y acciones concretas para la seguridad de la información del Estado.
Este proyecto busca modernizar la normativa de la actual Ley 19.223, que data del año 1993, la cual tipifica sólo cuatro figuras penales relativas a la informática, actualizando el catálogo de delitos y entregando medios para desarrollar las investigaciones penales necesarias para castigar ilícitos de esta naturaleza o ciberataques, incorporándose como delitos la perturbación informática, el acceso ilícito a bases de datos, la interceptación ilícita de sistemas informáticos, el delito de daños a datos, falsificación, fraude informático y el abuso de dispositivos para cometer esta clase de delitos, otorgando legitimidad al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sus delegados en regiones y provincias para presentar querellas contra quienes cometan delitos en servicios de utilidad pública. Permitirá contar con nuevas herramientas de investigación, como agentes encubiertos o informantes, y perfeccionará el Código Penal con miras a aumentar las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones para facilitar las indagatorias criminales.
La actualización de la legislación de delitos informáticos y el compromiso ciudadano con la propia ciberseguridad son pasos claves para la plena y segura incorporación de Chile a la nueva revolución tecnológica. Con esta iniciativa del Gobierno del Presidente Piñera se contribuye a que la tecnología esté realmente al servicio de las personas y no contra éstas.
Leonardo Olmos Castro
Coordinador regional de Seguridad Pública
Los trabajadores eventuales de las empresas de muellaje Ultraport del Terminal Pacífico Sur (TPS), vinculado al grupo Von Appen, y de Opval, perteneciente al Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), hoy en manos del fondo de inversiones australiano IFM Global Infrastructure Fund, levantaron la voz y paralizaron las faenas por, según estiman, las "precarias condiciones de trabajo" y la "considerable" baja de los turnos durante los últimos años, atribuibles -de acuerdo a sus propias palabras- "a los cambios en la cadena logística, el comercio exterior y la concentración de capitales producto de la fusión de las navieras".
Asimismo, también exigen una ley que regule sus condiciones y homologue derechos con otros trabajadores del país, beneficios entre los cuales mencionan indemnización por años de servicio, pre y posnatal, vacaciones pagadas, fuero para los dirigentes sindicales, regulaciones de los carnets rojos que habilitan para el trabajo portuario, capacitaciones, reconocimiento de la faena como "trabajo pesado", seguridad social y otros.
Por ello paralizaron las descargas en ambos terminales desde el segundo turno del viernes, en TPS, y desde el segundo turno del sábado, en TCVAL.
El primer incidente serio se produjo tras el intento de reinicio de faenas con trabajadores contratados y escoltados por Fuerzas Especiales de Carabineros, por parte de TPS, lo que terminó con daños a la propiedad de la empresa y un puñado de detenidos por desórdenes.
Ambas empresas aseguran no tener temas pendientes con sus trabajadores y que el petitorio es "inabordable", aun cuando TCVAL sí admite estar analizando la petición de un posible bono tras la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por parte de las autoridades.
Entretanto, no sólo se vieron afectadas las descargas de cuatro mercantes con más de 7 mil contenedores, sino que el crucero "MS Fram" se vio obligado a recalar en San Antonio, lo que ya parece un triste déjà vu de los conflictos que terminaron por hacer huir a la industria turística de Valparaíso.
El mérito o no de las demandas poco tiene que ver con el tema de fondo, cual es la anarquía que cada tanto asoma en el puerto y que termina por dañar no sólo a los incumbentes, sino que a toda una ciudad, severamente golpeada por la pérdida de dinamismo económico y la falta de confianzas vitales para el desarrollo productivo y la generación de empleos.
El futuro de Valparaíso está nuevamente en juego y, al menos por esta vez, no se ve liderazgo alguno al cual atender.
En Parral, la suscripción recogida para el monumento del general O'Higgins asciende ya a más de 400 pesos. ¡Qué lección para otros pueblos opulentos de la República! Hasta aquí sólo Santiago y Parral han contribuido. ¿Qué esperan Copiapó, La Serena, Talca, Chillán, Concepción, San Felipe y sobre todo Valparaiso?
El Ministerio del Interior ha dado curso al decreto que concede un préstamo de $ 400.000 a la Municipalidad de Viña del Mar, que se destinará a la construcción de las obras de defensa y hermoseamiento de la costa y playas del balneario. Los fondos serán entregados a la corporación por la Tesorería Fiscal de Valparaíso.