Llevamos más de treinta días viendo, impotentes, cómo se destruye Valparaíso. No es sólo por la violencia callejera. Estamos ante un conflicto, legítimo en su origen, que se ha salido de control. No es un episodio simple, pues tiene raíces muy complejas que debemos asumir como país.
El Gobierno ha actuado tarde y mal. El Gobierno Regional ha estado ausente, lo mismo con la situación de Ventanas. El Gobierno central quiso lavarse las manos señalando que este es un problema entre privados. Recibió a los grandes empresarios, pero no a los trabajadores. Una vez más la mesa cojea.
No, Presidente. Los privados no son los dueños de los puertos chilenos. El Estado es quien administra los contratos de concesión con los privados y, por lo mismo, debe cautelar los asuntos relacionados con inversiones y negocios, pero también tiene el deber de gestionar las relaciones laborales, para asegurar justicia y equidad social. Llegó la hora de revisar, a fondo, las Leyes de Concesiones y la Laboral para reintroducir los equilibrios.
No podemos abordar el futuro con un sistema portuario y logístico sustentado en la precariedad de los trabajadores eventuales. Para la mayoría de los chilenos fue impactante enterarse que los eventuales firman un contrato de trabajo en la mañana y lo finiquitan en la tarde. Es un capitalismo del siglo XIX.
Reflexión especial merece el Grupo Von Appen (TPS). No sólo ha actuado con soberbia sino con miopía. Si no se transforma en un protagonista del desarrollo de Valparaíso, el Gobierno debe caducarle la concesión.
Los congresistas también tenemos responsabilidades. Es hora de legislar con la urgencia social que los porteños nos demandan. A las reformas laborales se debe añadir el diseño de una política nacional de puertos, que considere las particularidades de cada región e imponga una autoridad portuaria por sobre los intereses de los operadores.
Una palabra hacia los dirigentes sindicales. Somos muchos los chilenos que simpatizamos con sus legítimas demandas. La precariedad de sus trabajos es inmoral e inaceptable. Pero también como trabajadores tienen responsabilidades con el futuro de Valparaíso. El puerto no resiste una situación que está afectando al conjunto de su economía y a los miles de empleos que ello genera.
Valparaíso está bajo una tormenta perfecta. El Gobierno debe ejercer su liderazgo, convocando a una mesa de trabajo amplia, con todos los actores afectados, para abordar la cada vez más deteriorada relación entre los operadores del puerto y la ciudad de Valparaíso. O la tormenta amenaza extenderse a otros puertos del país.
Alejandro Guillier
Senador