Después de tres meses en el cargo de manera interina, finalmente el Presidente Sebastián Piñera confirmó ayer la designación del coronel Christian Alveal como director nacional de Gendarmería.

Alveal había quedado al mando de la institución luego de que el pasado 26 de septiembre el Gobierno le pidiera la renuncia a la anterior directora de Gendarmería, Claudia Bendeck. Fue entonces que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le pidió a quien se desempeñaba como subdirector operativo de la institución que asumiera en su reemplazo de manera interina.

El Mandatario lo ratificó ayer en el cargo durante la ceremonia de egreso de nuevos gendarmes, realizada en la Elipse del Parque O'Higgins, en Santiago.

"Nunca vamos a enfatizar lo suficiente la importancia que cumple Gendarmería en este proceso de reinserción, de transformar estas cárceles en un lugar donde junto a un castigo justo y necesario hay una esperanza de una vida mejor", dijo Piñera en esa instancia.

Y realizó el anuncio: "Sin perjuicio de que el hecho de que nos haya tenido durante tanto tiempo a merced de los rayos del sol va a quedar en su hoja de vida para siempre coronel, quiero decir que he decidido designar como director nacional de Gendarmería al coronel Christian Alveal".

"Como Presidente de Chile quiero reconocer muy sinceramente el acto de amor por la patria, de compromiso por el país que significa que hayan tomado la decisión de ejercer su vocación en Gendarmería de Chile", finalizó.

Anteriormente, el coronel fue director de la Escuela de Gendarmería y director regional de Biobío. Menos de dos meses después de asumir el cargo, Alveal debió enfrentar, en noviembre pasado, el paro de Gendarmería, que terminó después de una extenuante negociación con el Gobierno.

Tras ser procesado como cómplice de apremios con resultado de muerte y detenido en un cuartel de Ñuñoa, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer de manera unánime la libertad bajo fianza del exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos.

En el marco de la investigación por la muerte del estudiante Patricio Manzano en 1985, el ministro en visita, Mario Carroza, permitió el miércoles la salida del exuniformado previo pago de una fianza de $500 mil, lo cual debía ser ratificado por el tribunal de alzada. Ya con la resolución, Villalobos podrá dejar hoy el recinto policial capitalino.

A comienzos de semana, el magistrado procesó en la misma calidad al excomisario Ruperto Soto, ordenando la detención de ambos y acogiendo así la solicitud del programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y la familia de Manzano.

Para resolver la petición, Carroza viajó hasta la Tercera Comisaría de Los Andes para inspeccionar las instalaciones donde estuvo recluido un grupo de casi 200 estudiantes de la Universidad de Chile, entre ellos Manzano, y donde además, según sostiene el ministro, fueron golpeados y sometidos a distintos tipos de ejercicios bajo sol.

En aquel entonces Villalobos -quien aseguró en sus declaraciones no haber conocido al joven ni estar al tanto de lo que ocurría en el lugar- era un teniente de 25 años y estaba encargado de los traslados. Ya en Santiago, el universitario falleció de un paro cardiorrespiratorio.

En paralelo, la defensa del general (r) presentó un recurso de amparo dirigido contra Carroza, donde se señala que este fue sometido a proceso "sin que haya mérito o antecedentes que lo justifiquen".

El abogado defensor, Ángel Valencia, insistió en la inocencia del exgeneral y cuestionó el procesamiento, asegurando que "los malos tratos que tuvieron los estudiantes en aquella ocasión, en febrero del año 85, el general Villalobos no tuvo ninguna participación en ello".

Prisión preventiva pidieron tanto los querellantes como la Fiscalía para el empresario Raúl Schüller, imputado por el delito de receptación e infracción a las leyes de Armas y de Monumentos Nacionales, luego de que en su fundo en San Francisco de Mostazal fueron encontradas 21 estatuas que habían desaparecidos de distintos lugares, como museos, cementerios y plazas públicas.

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, expuso que el delito que se persigue se vería agravado porque fue reiterado en el tiempo y porque el avalúo de las piezas encontradas en la propiedad de San Francisco de Mostazal supera las 400 UTM ($193.341.200).

"Si no existiera receptador no se roba. Si no existiera un receptador que comprara a través de los años, no se habrían robado aquellos monumentos nacionales", sostuvo Arias, que adelantó que una pena probable sería de cárcel.

Debido a la complejidad de los antecedentes y a que el proceso se extendió por más de cuatro horas, el Juzgado de Garantía de Graneros decidió continuar la formalización contra Schüller hoy desde las 11.30 horas, cuando se determinará si se acoge o no la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

Matías Jullian Velásquez

El Pleno de Ministros del Tribunal Constitucional (TC) expresó ayer su rechazo al ataque que sufrió el miércoles el presidente de la institución, Iván Aróstica, quien fue golpeado por manifestantes luego de que concluyera la primera jornada de alegatos por el proyecto de ley de libertades condicionales.

A través de una declaración pública, la cual fue redactada durante la sesión extraordinaria realizada ayer, los miembros del organismo señalaron que solicitaron al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la designación de un fiscal especial que "clarifique la naturaleza de los hechos e identifique a los responsables de los mismos". Asimismo, manifestaron que "requerimos de la autoridad policial la adopción de las medidas necesarias para que situaciones como las sufridas ayer (miércoles) no vuelvan a repetirse, al pretender alterar las funciones de esta judicatura constitucional".

Continuidad

Los magistrados añadieron que pese a la "gravísima agresión" sufrida por Aróstica, ellos seguirán "inalterablemente cumpliendo las atribuciones que la Constitución y la ley les han conferido, en la convicción que sus altas y delicadas funciones aseguran el pleno respeto al régimen democrático que la Constitución Política de la República consagra".

Finalmente, manifestaron que "junto con repudiar enérgicamente la violencia de la que fue objeto nuestro presidente, hacemos un llamado a abogar por el permanente cuidado de un clima de paz y respeto que debe presidir la convivencia social de los chilenos y manifestamos nuestra preocupación por el proceso de deterioro de esas condiciones básicas de tolerancia que exigen tal convivencia".

Rechazo transversal

Las condenas a este acto violento fueron transversales. El Gobierno fue el primero en expresar su rechazo al ataque. "Nunca, bajo ninguna circunstancia, es aceptable la violencia para imponer argumentos", expresó la vocera Cecilia Pérez, opinión a la que sumaron los ministros Hernán Larraín (Justicia) y Gonzalo Blumel (Segpres).

Desde la oposición, en tanto, condenaron la agresión el presidente del Senado, Ignacio Montes (PS), y la presidenta de la Cámara, Maya Fernández (PS). También reaccionaron el líder del PPD, Heraldo Muñoz, y desde el Frente Amplio. "Podrá no gustarnos la institución o el desempeño de sus integrantes, pero eso no da derecho a la violencia en su contra", señaló el diputado Gabriel Boric (MA).

Alegatos continúan

Los alegatos contra el artículo, aprobado en septiembre pasado por la comisión mixta del proyecto de libertades condicionales, despachado en octubre pasado, continuaron en la jornada de ayer.

Durante la mañana expuso el representante de los diputados requirentes de Chile Vamos, Carlos Oyarzún Concha, así también como el de los senadores, Maximiliano Murath Mansilla. También por la Cámara estuvo Patricio Zapata Larraín y por el Senado Héctor Valladares Vargas.

Son los ministros del TC los que ahora deben comunicar su determinación.