Un tribunal argentino confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva dictado en septiembre pasado contra la ex Presidenta Cristina Fernández, acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios en los Gobiernos kirchneristas (entre 2003 y 2015), aunque seguirá libre por ser senadora y tener fueros.
La Cámara Federal de Buenos Aires, encargada de resolver los recursos planteados por las defensas de los imputados, también confirmó la imputación contra el ya detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, informaron a la agencia de noticias EFE fuentes judiciales del caso.
Tanto a él como a la ex Mandataria se les acusa de ser organizadores de una asociación ilícita y cohecho en la conocida como causa de "los cuadernos de la corrupción".
Desde que surgió el escándalo, a principios de agosto, decenas de importantes empresarios y ex funcionarios han sido procesados -algunos declarados imputados "arrepentidos"- y muchos han reconocido ante el juez de instrucción, Claudio Bonadio, la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también ex Presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Entre los empresarios involucrados está Ángelo Calcaterra, primo del actual Presidente, Mauricio Macri, y el padre y el hermano del Mandatario, Franco y Gianfranco Macri, respectivamente, fueron también llamados a declarar.
Según la Cámara, los empresarios "no formaban parte de la organización ilegal", por lo que solo fueron procesados por cohecho. El caso surgió después de que llegasen a la Justicia las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas durante más de una década por Óscar Centeno, chofer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
El conductor señalaba cómo presuntamente transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de empresarios, para ser repartidos a los funcionarios implicados.
El propio Centeno también fue procesado, indicado como miembro de la asociación ilícita, pero tiene otorgada la libertad por ser el primer "arrepentido" en el expediente.
Ese material, según la investigación, apuntaba a la existencia de una "organización delictiva" conformada por funcionarios públicos comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda y De Vido.
Bonadio señaló durante la instrucción que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, "en la mayoría de las oportunidades", en vehículos conducidos por Centeno.
A partir de ello, según el juez, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios", que "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita": Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.
Cuando firmó el procesamiento de la ex Presidenta, el juez determinó que el hecho de que Fernández no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". En ese marco, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que inició con Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la ex Presidenta.
Apoyando el planteo de Bonadio, para los jueces de la Cámara Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita".
Para justificar el pedido de prisión preventiva, Bonadio había indicado que tanto Cristina Fernández como los ex funcionarios procesados en la causa mantienen "vínculos" con "medios afines, empresarios", y que la ex Presidenta argentina "podría entorpecer" la investigación.
En esa línea, el juez federal pedirá al Senado el desafuero de la actual senadora.
años gobernó Cristina Fernández, desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015. 8
causas abiertas tiene en su contra la ex Mandataria trasandina. De ellas, cuatro son por corrupción. 6
