La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad crear una comisión investigadora para determinar si hubo irregularidades al aprobar la ley que implicó la instalación de "medidores inteligentes" en los hogares de los chilenos, lo que costará mil millones de dólares a los usuarios.

El diputado Pablo Vidal (Revolución Democrática), uno de los impulsores de la instancia, afirmó que "la norma técnica con la cual se generan las condiciones para poder establecer este recambio de medidores a seis millones de clientes se hizo antes de que esta ley existiera y luego con esta ley, cuando se establece en enero de 2018 que la propiedad de los medidores eléctricos ahora es de las empresas distribuidoras, se habilita la posibilidad de implementar esa norma técnica".

"Lo que queremos saber es por qué la CNE (Comisión Nacional de Energía) adelantó una norma técnica siendo que la legislación no generaba esa posibilidad a sabiendas de que a lo mejor esta ley venía. Queremos saber qué pasó", dijo el legislador del Frente Amplio.

El diputado Jorge Durán (Renovación Nacional), de la comisión de Minería y Energía, sostuvo que no se puede permitir que las empresas eléctricas "sigan lucrando y abusando de los consumidores".

Durán manifestó que "algunos parlamentarios ingresamos un oficio de fiscalización, fuimos a Contraloría, también enviamos otro oficio al Sernac, porque también el Sernac tiene que hacerse parte en defensa de los consumidores. Lo que no podemos amparar es que, por ley, estas empresas sigan lucrando y abusando de los consumidores".

A juicio de Paulina Núñez, también de Renovación Nacional y otra de las impulsoras de la comisión investigadora, la responsabilidad de que sean los usuarios quienes asuman el costo del cambio de medidores recae en el decreto firmado el 7 de marzo de 2018, "a días de la que la Presidenta Bachelet entregara el Gobierno" y además en la norma técnica de la CNE.

"No estoy convencida de que este cambio tecnológico sea una maravilla y menos aún con la falta de protocolo que existió para impulsarlo. No se tomó en cuenta el consentimiento de los usuarios al punto de que quienes eran dueños igual tuvieron que cambiar su medidor y pagar por ello. Además, la norma técnica existía desde diciembre de 2018, pero como no había ley las empresas no se sentían obligadas a proceder y, más aún, no se les aseguraba quién pagaba el cambio. Esta claridad la tuvieron con el decreto del 7 de marzo y fue ahí cuando procedieron inmediatamente. Estaban todas las piezas del puzzle. Las personas no pueden asumir este costo", comentó.

"Creemos que el decreto es ilegal y que la toma de razón no debió proceder. Le hemos pedidos al contralor general que con estos antecedentes que hemos conocido y que nos permiten saber cuál fue el espíritu de ley lo revise y enmiende", añadió la diputada Núñez.

En la misma jornada, la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que el Gobierno llegó a un acuerdo con la empresa Enel, de la Región Metropolitana, para la compra de los medidores antiguos a los clientes y que con el resto del gremio hay conversaciones "en desarrollo".

"Hemos dispuesto que las empresas, al momento de cambiar el medidor, presenten alternativas tarifarias, lo que va a permitir que los consumidores elijan si quedarse con el sistema de tarifas actual, que es una tarifa plana, o si alguna de estas opciones les son más convenientes, tomar aquellas", añadió Jiménez. La titular de Energía puntualizó que hay cerca de 4,6 millones de personas propietarias de los medidores, los que podrían tener un costo entre $10 mil y $20 mil por unidad.

En medio de las tratativas por la presidencia de la Cámara de Diputados tras la bajada para ese cargo del democratacristiano Gabriel Silber, el titular de la Falange, Fuad Chahín, dijo que no aceptarán que el Frente Amplio los critique cuando voten "distinto a ellos" los distintos proyectos legislativos.

Chahín expuso a Radio Pauta: "Esa es la mínima autonomía a la que no vamos a renunciar nunca y para eso, si tenemos que perder la presidencia de la Cámara, la vamos a perder, pero creo que al final primará la cordura".

Chahín denunció "una operación política" para sacar de carrera a Silber: "Por la oportunidad, además del contenido gravísimo, en un momento en que afortunadamente la sociedad se ha sensibilizado sobre la violencia de género, se buscó generar consecuencias políticas. La operación fue exitosa".

Luego, planteó a Cooperativa que "independientemente de si esto era verdad o era mentira, no iban a votar por él (Silber). Por lo tanto, a partir de este hecho generaron condiciones que hacían imposible su elección y, al final, la discusión iba a ser respecto de la carta de Gabriel Silber, de por qué no se bajó; iba a terminar siendo responsable la Democracia Cristiana por insistir en su nombre y no quienes no iban a cumplir el acuerdo".

El exdiputado remarcó: "Era absolutamente necesario despejar completamente el debate que se va a generar" luego del mensaje anónimo acusando presuntos actos de violencia conyugal de Silber y de la posterior denuncia de éste ante la PDI, pues "necesitamos tener gobernabilidad en la Cámara de Diputados".

"Si perdemos la presidencia de la Cámara por el incumplimiento del acuerdo, por no respetar la palabra por parte de otros, que otros se hagan responsables de aquello, pero no responsabilicen a la Democracia Cristiana, pues nosotros no hemos cuestionado y no hemos vetado, ni siquiera hemos opinado del nombre de ningún parlamentario de los otros partidos. Ningún partido puede inmiscuirse en las decisiones que son propias y autónomas de otro partido", concluyó el timonel DC.