No más de diez personas fueron las encargadas de sacar los últimos objetos que quedaban del Club Inglés de Tenis, también conocido como Viña del Mar Lawn Tennis Club, durante el mediodía de ayer. Ubicado al interior del Valparaíso Sporting Club, y tras perder un juicio que les pedía abandonar el sitio, decidieron irse tranquilamente y hacer entrega oficial de las llaves del lugar, y por lo tanto de sus instalaciones, en el Segundo Tribunal Civil de Valparaíso.

A las 12 del día, el directorio, algunos socios y trabajadores esperaban a la prensa para decir el último adiós al recinto que los albergó por 67 de sus 137 años, y con pesar su presidente, Werner Lewysohn, cerró con llave, por última vez, la puerta de la reja del lugar donde alguna vez jugó un campeonato un joven Marcelo Ríos.

Tras esto, las llaves del local fueron entregadas al Segundo Tribunal Civil de Valparaíso, que fue el que conoció el juicio iniciado por el Sporting para pedir el desalojo.

Gabriel Marín, abogado del Club Inglés de Tenis, explicó que "preferimos entregar las llaves ante el tribunal con objeto que éste certifique que se ha cumplido la sentencia y le entregue las llaves a la gente del Sporting. Esto fue una decisión del directorio del Club de Tenis".

Lewysohn, con notoria emoción, comentó junto al tesorero, Jorge Torrejón, cómo varios grandes exponentes del tenis jugaron alguna vez ahí. "Ya son recuerdos, lamentablemente. Son más de 40 años de socio, no es fácil".

Sin embargo, en el directorio ya tienen un plan a corto y largo plazo. Están gestionando irse al club español de Recreo de aquí a fin de mes, si todo sale bien, y presentar pronto un proyecto de $ 300 millones al municipio, para que en comodato les entregue los terrenos de Padre Hurtado frente al Polideportivo municipal. "Son seis canchas, un club house más acotado, cafetería, camarines con container, un proyecto sencillo. El asunto es consolidar un parque", dijo Roberto Peralta.

"Tal como se acordó con la abogada de Sporting, hoy jueves 14 estamos haciendo entrega del recinto"

Werner Lewysohn, Presidente Club Inglés de Tenis"

La gobernadora provincial de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, aseguró que hoy, el día en que se retoman las labores de demolición de las viviendas de la toma de inmigrantes "Naciones Unidas", no se usará la fuerza para desalojar a las familias.

"Nosotros nunca hemos firmado un decreto de desalojo, porque no están las condiciones para desalojar. Los Carabineros no pueden entrar, nosotros no vamos a prestar el auxilio de la fuerza pública en la medida que la gente esté viviendo ahí. Los Carabineros no van a entrar a desalojar por la fuerza a la gente en sus casas", afirmó.

En ese sentido, si bien las faenas de destrucción de las casas hechas por las familias extranjeras -y también chilenas- se habían paralizado este miércoles y jueves, hoy se retomarán. En ese sentido, aclaró que "la demolición se puede hacer en la medida que existan las condiciones de seguridad para hacerla. Nunca vamos a poner en riesgo a las familias y menos a los niños", dijo.

La autoridad provincial, que este miércoles se reunió con dirigentes y abogados de la toma, además de representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Techo Chile, instancia en la que se iniciaron sondeos con el municipio de Valparaíso para evaluar terrenos para que las familias se trasladen (ver recuadro), sostuvo que "desde la mirada de la Gobernación, que es la seguridad pública y el cuidado de las personas, yo determiné decretar el auxilio de fuerza pública a un decreto de demolición que emana desde la Municipalidad de Viña del Mar. Es un terreno en riesgo muy importante, las familias están instaladas sobre una matriz de agua del conducto Las Vegas, que es el gran proveedor de agua de la provincia y están bajo tres torres de alta tensión. Además, hay riesgos tanto de incendio como de inundación".

Por eso quiso aclarar que "con ese análisis nosotros dijimos, ok, vamos a enviar la fuerza pública, pero el decreto administrativo es de única responsabilidad del municipio y obviamente que eso no implica el desalojo de las personas, es decir, las casas que están habitadas nosotros no estamos en condición de desalojarlas con la fuerza pública".

En ese sentido, afirmó que "la solución social de las familias no le corresponde a la Gobernación, sino que a los privados, a la toma y, por supuesto, a la municipalidad en torno a resolver un plan de salida".

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, fue consultada respecto al tema en un punto de prensa relacionado a las obras de construcción del nuevo puente Los Castaños. Allí dijo que la solución para las familias de las tomas deben darla los dueños de los terrenos.

"Tenemos que tener muy claro que esa es una toma en un terreno particular. Nosotros hemos estado apoyando, hemos tratado de que ellos desistan de estar en ese sector, porque si es un terreno de privados no corresponde y estamos esperando ver soluciones que espero los dueños del terreno puedan entregarle a estas personas, para que ellos puedan, de verdad, llegar a un lugar donde puedan vivir como corresponde".

Los vecinos de Limonares ya advirtieron que si no se realiza la demolición de casas hoy protestarán nuevamente cortando el tránsito en 1 Norte, como ocurrió el miércoles.