Debido a lo que consideran "falencias e irregularidades que afectan a nuestra comunidad universitaria", los estudiantes de la Universidad Viña del Mar iniciaron ayer un paro general en sus sedes de Rodelillo, Recreo y Miraflores, el que incluye una toma en este último recinto. Según informó la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes, el paro se extenderá hasta el próximo jueves 30 de mayo. Sobre estos hechos, desde la rectoría del plantel expusieron ayer por escrito que "no avalamos el uso de la fuerza y ocupación de instalaciones como medio de presión. Lo anterior sólo genera que las instancias de reflexión y diálogo se vean empañadas por un grupo minoritario de personas".

Nuevas luminarias en Agua Santa

La renovación de 43 luminarias del alumbrado público para las calles Vista Mar, del Agua, San Enrique, La Palma y San Alvaro, de la población Ferroviaria-Asiva del sector de Agua Santa, ejecutará la Municipalidad de Viña del Mar. El proyecto implica una inversión de $ 18,7 millones y contempla luces LED o Microled de 84 a 120 watt.

Paolo Navia S.

Una denuncia en contra de todos quienes resulten responsables por el presunto delito de fraude al Fisco presentó durante la jornada de ayer en la Fiscalía local de Valparaíso el jefe comunal porteño, Jorge Sharp, en el marco del desarrollo de la exposición "Gaudí en Valparaíso".

La muestra artística y cultural estuvo abierta al público entre el 12 de marzo y el 12 de mayo en el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), pero a inicios de este mes se vio envuelta en una serie de polémicas a raíz de una denuncia hecha por Pedro Figuerola Rotger, comisario de la exposición y socio fundador del The Gaudí Research Institute, quien a través de una carta enviada al alcalde Jorge Sharp, denunció un supuesto fraude por parte de Ángel Domínguez, representante legal de la sociedad española Pol Leku S.L., a quien acusó de no cancelar los derechos para la explotación y exhibición de los contenidos y las obras del arquitecto catalán.

La controversia también incluyó al directorio del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, el cual, según Pedro Figuerola, remitió documentación falsa para demostrar que los derechos sí habían sido liquidados, situación que derivó en que el socio fundador del The Gaudí Research Institute solicitara la cancelación de la muestra. Esta última situación, finalmente, no se llevó a cabo, ya que la exposición abarcó los plazos establecidos.

Detalles de la denuncia

Toda esta polémica propició el anuncio de una serie de acciones judiciales, debido a que la exposición "Gaudí en Valparaíso" contó con financiamiento estatal, específicamente con el aporte de $ 65 millones por parte del Gobierno Regional (Gore).

Ante esto, y tomando en cuenta el calibre de las acusaciones, el alcalde porteño solicitó a la Fiscalía local de Valparaíso iniciar una investigación criminal para así poder establecer las responsabilidades penales que se pudieran derivar, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho.

"El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en su calidad de funcionario público, ha denunciado a la Fiscalía Local de Valparaíso ciertos hechos que podrían presuntamente revestir el carácter de delito de fraude al Fisco u otros delitos que puedan aparecer de la investigación por presuntas irregularidades que se habrían presentado en el marco del desarrollo del proyecto denominado 'Gaudí en Valparaíso'. Lo anterior con el objeto de que se realice una investigación al respecto y se establezcan eventuales responsabilidades penales que se pudieran derivar", explicó Nicolás Guzmán, director del Departamento Jurídico del municipio porteño.

En este sentido, y sobre los requerimiento solicitados por el alcalde Sharp, la denuncia requiere que "se despache una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, Brigada de Delitos Económicos, con el objeto de que efectúen las pericias de rigor y tomen declaración a testigos de los hechos y a todas aquellas personas que tuvieron participación en el desarrollo del proyecto y exposición 'Gaudí en Valparaíso'".

Fondos públicos

Finalmente, y sobre los recursos utilizados para el desarrollo de la muestra, la denuncia presentada por el alcalde Sharp expone que "la Corporación de Arquitectos de Valparaíso se adscribió a la referida ley de Donaciones Culturales, lo que permitió contar con los patrocinios de la Embajada de España, la Universidad de Valparaíso, la Corporación Municipal de Valparaíso, el Arzobispado de Barcelona, el Ministerio de Educación de Chile y el Gobierno Regional de Valparaíso, sin contar, además, con que se utilizaron las dependencias del Parque Cultural de Valparaíso. Todo lo anterior da cuenta de una alianza público-privada que habría significado una inversión aproximada de $ 400 millones".

"En particular, para el desarrollo del proyecto en cuestión se solicitó la aprobación por parte del Comité Calificador de Donaciones Culturales, la que fue otorgada por resolución número 2024 del 16 de octubre de 2017, permitiéndose entonces que se pudiera acoger al procedimiento y beneficios establecidos por la Ley 18.985", explicó Guzmán, agregando que "en dicho contexto, al haber acusaciones de incumplimiento y falsificación por parte del instituto propietario de la obra de Gaudí, igualmente se continuaron pagando dineros a la empresa cuestionada, manteniéndose la exposición, no obstante de carecer de derechos para ello; y por lo tanto, al haber fondos públicos involucrados, estos hechos podrían ser constitutivos de delito".

"El alcalde ha denunciado a la Fiscalía ciertos hechos que podrían revestir el carácter de delito de fraude al Fisco u otros que puedan aparecer de la investigación"

Nicolás Guzmán, Director Departamento Jurídico

del municipio de Valparaíso

"Los subsidios se pagan y nadie los ha dejado de recibir". Así de categórico fue Óscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Público, al desmentir las acusaciones que la consejera regional Nataly Campusano (MA) emitió durante la semana al ingresar un requerimiento en la Contraloría Regional porteña con el objetivo de que se inicie una auditoría al actual sistema de otorgamiento de recursos públicos para dicho servicio.

"Ante la denuncia que hace la consejera, me parece que tiene un desconocimiento total del tema, pues ella dice que el dinero no es pasado a los conductores y eso es falso, pues nosotros, como representantes de los trabajadores, estamos pendientes que esos subsidios sean traspasados de alguna forma a los trabajadores", precisó Cantero.

"Desconocimiento"

En este sentido, y a modo de ejemplo, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Público, entidad que actualmente agrupa a 27 sindicatos y a 3.000 conductores en toda la región, explicó que "en marzo siempre viene una rebaja de la tarifa y para eso se entrega un subsidio a los empresarios. Y tras eso, nosotros generamos un convenio con la unidad de negocio para que se le subiera el porcentaje del subsidio a los conductores y por eso digo que existe un desconocimiento por parte de la consejera, pues esos acuerdos se ven reflejados en los contratos y liquidaciones de sueldo de los conductores".

Finalmente, Cantero expuso que nunca fue contactado por la core Nataly Campusano para poder aclarar ciertas dudas respecto al traspaso de los aportes estatales a los conductores del transporte público de la región.

"Me hubiese gustado que la consejera se hubiese comunicado conmigo para tener un panorama mucho más acabado sobre lo que se está reclamando y sus implicancias", precisó.