"Sabemos que van a ocurrir emergencias mayores y hay que estar preparados"
Jorge Martínez
Intendente regional, sobre simulacro de terremoto y tsunami
"Nuestra primera misión es ser garantes del bien público, por tanto, no podíamos extender más esta situación"
José Emilio Guzmán
Seremi de Transportes, por cancelación de dos recorridos a Placilla
Una alianza inédita entre la Universidad de Valparaíso, el Programa de Reparación en Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, permitirá a alumnos de quinto año de la Escuela de Derecho de la casa de estudios, ser preparados para tramitar causas vinculadas a delitos contra los Derechos Humanos.
Los estudiantes, además de reflexionar sobre ciertos procesos históricos del país, podrán contar con mayores herramientas profesionales a la hora de vincularse en proyectos que tengan relación con esta área. Para esto, la PDI, al ser una de las pocas policías en el mundo, y la única de la región, que desarrolla este tipo de indagatorias con detectives y una brigada especializada en la materia, otorgará sus conocimientos en talleres que podrán tomar los alumnos que llevarán por nombre "Pericias Investigativas" y "Diligencias Investigativas".
De esta manera, la experiencia que hemos adquirido en casi 30 años de investigación de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos nos ha posicionado como un referente en esta materia y ello, además, nos ha permitido no sólo poner nuestros conocimientos y experiencias al servicio de las actuales investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos en todo el espectro del concepto, así como respecto de aquellas que se enmarcan en el nuevo tipo penal de tortura, contemplado en la Ley 20.968, sino que también ponerlas a favor de entregar nuestros conocimientos en el ámbito académico.
El trabajo desarrollado por la PDI en el área ya es parte de la historia reciente de Chile y ello ha sido valorado por todos los actores de la sociedad y por diversas instituciones. Quizá la evidencia más concreta de aquello es el hecho de que el archivo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos fuera recientemente declarado "Monumento Nacional", en la categoría de Monumento Histórico, por el Consejo de Monumentos Nacionales, debido a la trascendencia y connotación de las investigaciones allí contenidas. En el futuro inmediato, gracias a un convenio con el Archivo Nacional, como ya lo hizo la PDI con los archivos del Departamento 50, que combatió al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, esperamos conservar y digitalizar ese material, a fin de ponerlo a disposición de toda la ciudadanía y en especial ahora de estos alumnos que tramitarán estas causas.
Nos sentimos muy orgullosos de ser herederos de un legado histórico, policial y ético. Por este motivo, exigimos a nuestros detectives ser profesionales, rigurosos y diligentes en cada investigación que llevan a cabo, pero por sobre todo que se enmarquen en el respeto a los derechos fundamentales de las personas y en los principios de igualdad y no discriminación, mismos conceptos que incorporaremos en las aulas de la Universidad de Valparaíso, instancia en que recordaremos que existimos para servir sin distinciones, aportando desde nuestra vereda, al desarrollo integral de la sociedad.
La procesión de la Virgen del Carmen, patrona de las Fuerzas Armadas, que se hizo ayer, motivó críticas no para la asistencia de fieles ni de tropas. Las críticas fueron para la romería en el uso de andas para el paseo de imágenes, costumbre de otras épocas, y el pobre acompañamiento de los curas a la celebración.
Dos funcionarios de carabineros de servicio en la Estación Puerto provocaron una pésima impresión entre los transeúntes, cuando abordaron a dos mujeres que parecían ejercer el comercio sexual y luego se retiraron con ellas hacia el área de la Casa de Botes para no ser vistos. ¿Cumplían con su labor policial?
Un total de 97 estudiantes detenidos fue el saldo de una acción policial masiva, emprendida en la mañana de ayer en Valparaíso, durante nuevos disturbios que protagonizaron los alumnos en el centro de la ciudad. Efectivos del Grupo Móvil de Carabineros pusieron en práctica una táctica utilizada en Santiago.
A través de un oficio dirigido a la Cámara de Diputados, y solicitado por el parlamentario del Distrito 7 Jorge Brito (Revolución Democrática), el gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Franco Gandolfo, comunicó esta semana que, de acuerdo con los distintos análisis y estudios del modelo de negocios y "la demanda actual y proyectada en el corto plazo", es inviable desarrollar "nueva infraestructura portuaria exclusiva para naves de crucero". En razón de ello, agregó Gandolfo -quizás innecesariamente- "toma aún mayor relevancia la pronta entrada en servicio de los sitios que aportará el nuevo Terminal 2 para el plan de recuperación de naves de crucero de corto plazo".
No había que ser un analista especializado para saber que el texto en cuestión incendiaría la pradera y los incumbentes sacarían a colación el famoso y publicitado "Acuerdo Portuario por el Desarrollo de Valparaíso" (firmado el 11 de agosto de 2017 por el alcalde Jorge Sharp, el entonces gerente general de EPV, Gonzalo Davagnino, TPS, TCVAL, VTP, D.M.C. Operador de Cruceros, Cotraporchi, la Coordinadora de Trabajadores Portuarios de Valparaíso, la Asociación Gremial de Hoteles del puerto, la Asociación de Guías de Turismo, A.J. Broom y Cía y Agunsa) que -junto con zanjar el conflicto por las "cargas limpias" y el abierto boicoteo que existió a la industria crucerística por personal del Terminal 1- establecía el compromiso de la estatal de llamar a una licitación internacional para la construcción de un terminal exclusivo para cruceros que entrara en operaciones en dos años y medio, es decir, para el próximo verano, y que los firmantes colaborarían con "todo su profesionalismo, experiencia y ánimo de servicio en el rubro".
Las reacciones a la decisión comunicada por Gandolfo también eran esperables, desde la desazón del gremio asociado al turismo, la apuesta del VTP por el Fondo de Infraestructura, hasta las más profundas palabras de Pier-Paolo Zaccarelli ("quizás hay que buscar la manera de hacer una evaluación de más largo plazo. Si todo dependiera de la demanda, muchas cosas no se habrían implementado en este país...") Por lo mismo, las dudas que deben ser respondidas ahora apuntan más bien a cuál es la verdadera postura de La Moneda en este escenario.
Ya nos quedó claro que la ministra de Medio Ambiente prefiere ir a un matinal antes que asistir al lanzamiento de la COP25 en el Jardín Botánico, que el ministro de Energía se da el lujo de dejar plantados a los medios locales sin que nadie le diga nada, que la ministra de las Culturas ya descartó instalar su base de operaciones en Valparaíso y que la ministra de Transportes decidió hacer los anuncios sobre la extensión del Merval por Twitter antes que presentarse en Quillota y La Calera para comunicar los planes como corresponde.
Por su parte, la pregunta que debiera responder EPV es: ¿serán consecuentes con su decisión -del todo válida- o, como ya es costumbre, una nueva administración cambiará las reglas del juego, tal como ha sido la regla general de la última década?