Paola Passig

La tensión entre el Gobierno y la oposición sigue escalando. Tras el ingreso de la acusación constitucional (AC) contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y la polémica por el avance que ha tenido en la Cámara el proyecto de las 40 horas, promovido por las diputadas PC Camila Vallejo y Karol Cariola, y donde La Moneda amenazó con llevarlo al Tribunal Constitucional (TC), ayer el Ejecutivo reconoció que hay 17 iniciativas con indicaciones inadmisibles que también serían llevadas a esa instancia. El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, explica el alcance de estas medidas.

- ¿Qué se busca?

- Es importante agotar todas las instancias institucionales; conversar con los presidentes de la Cámara y del Senado, que esa información se baje a los presidentes de las comisiones. Había una tradición de declarar inadmisibles proyectos que son de facultad exclusiva del Ejecutivo, ya sea por crear nuevas funciones en órganos públicos, por irrogar gastos al Estado, etc. Lo que ha sucedido es que a falta de una postura más dura de las mesas de ambas ramas legislativas, la admisibilidad se somete a votación y ahí empiezan a operar más que la Constitución o las leyes, las mayorías políticas. Y estas mayorías tienen, naturalmente, opinión política. Por ende, el día de mañana podría pedir la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores que, créame, me gustaría mucho, pero entiendo que no tengo facultades para eso.

- Entonces, ¿la idea es ordenar?

- Esto es un llamado de atención para que, a través del cauce institucional, podamos darle solución a aquellos proyectos que consideramos que no son constitucionales. Un ejemplo: en la Comisión de Constitución nos llegó el proyecto que declara inconcesionable el litio y se mandó con un informe desfavorable, con vicios de constitucionalidad, a la Sala. Con eso el pleno debiera votarlo de acuerdo al informe y de acuerdo a su constitucionalidad, y con ello rechazarse porque no se tienen atribuciones para generar una iniciativa de esa índole.

- ¿Le parece adecuado hacer esta suerte de ranking de proyectos inconstitucionales?

- Es que antes de llegar con 17 proyectos de constitucionalidad dudosa, que también pone al Tribunal Constitucional en un situación de tomar una posición política, creo que hay que tratar de apelar a la buena conciencia, a la buena fe, al imperio de la Constitución y las leyes para que ojalá, de buena manera, la política no le dé un mal espectáculo a la ciudadanía y de que aquí se están sobrepasando las atribuciones constitucionales de los mismos tribunales. No podemos llevar el debate a que toda decisión, incluso aquello que es legal o no, pasa por una mayoría parlamentaria. Y ahí está el gran problema.

- Para algunos la solución es cambiar el sistema político para que los parlamentarios pudieran tener mayor incidencia en algunas materias.

- Es que eso es otro proyecto y puedo coincidir en que me gustaría un presidencialismo más atenuado o un semiparlamentarismo. Me gusta el sistema parlamentario inglés o español, donde el Presidente siempre tiene mayoría y los ministros salen del Parlamento. Son ministros que son políticos profesionales, que han tenido experiencia en las comisiones acordes a los ministerios que asumen, pero es harina de otro costal. No podemos tratar de pervertir el sistema presidencial que tenemos sobre la base de alteraciones a la Constitución que den atribuciones por la vía política a los parlamentarios que constitucionalmente no tienen. Yo soy partidario de que tengamos esa discusión. Ya hubo reformas políticas importantes, como fue cambiar el sistema binominal a uno proporcional. Y podemos, eventualmente, atenuar el presidencialismo dándole más facultades al Congreso Nacional. Esa es una decisión distinta y no podemos pretender torcer el sistema mediante iniciativas que no son legales ni constitucionales. Y en lo que terminamos es llegar al Tribunal Constitucional para ver si le encuentra razón a ciertas iniciativas o no. Tensionamos el sistema y eso no le hace bien al Congreso ni al Tribunal Constitucional.

- Pero se van a ordenar los criterios, ¿no?

- Primero, que se respete el orden constitucional que tienen las cosas y llamar la atención para que las mesas del Senado y la Cámara respeten ese trabajo. Ojalá que en la parte reglamentaria se respeten las urgencias; hay que hacer ese esfuerzo y tratar de hacerlo desde cada una de las comisiones para que ojalá los proyectos que presentemos se enmarquen dentro de las atribuciones que nosotros tenemos. Qué más quisiera yo que tener más atribuciones, pero constitucionalmente no las tengo.

- ¿De estas 17 podría haber algunas que fueran consideradas constitucionales? El diputado Gabriel Ascencio señalaba que el no consideraba inconstitucional el proyecto de las 40 horas. Entonces, todo parece interpretable.

- Bueno, claro, para eso existe el Tribunal Constitucional, para eso tiene las atribuciones que tiene y para eso los parlamentarios y los gobiernos pueden recurrir y fallar en tenor del derecho y en apego a la Constitución. Los fallos a veces agradan a la oposición y a veces al Gobierno. Eventualmente, podría suceder que algunos fueran constitucionales. Lo que uno esperaría es que en aquellos casos en que puede ser más evidente, la mesa esté haciendo un esfuerzo en que la última instancia sea la votación y que ojalá haya informes acabados respecto a su constitucionalidad o no. A veces la política también tiene que hacer ciertos gestos de altura de pensar en el bien común, pero estar permanentemente jugando a torcer el sistema político de una manera tal, conformando una guerrilla institucional, no le sirve al país. A veces a la política le cuesta entender eso.

- En lo particular, ¿el proyecto de las 40 horas le parece inconstitucional?

- Sobre su constitucionalidad no me voy a pronunciar porque es para largo, pero un proyecto que baja de 45 a 40 las horas de trabajo a la semana, sin tener ningún antecedente, ningún estudio que señale cuál va a ser el efecto que va a tener en el mercado laboral, en el empleo, un informe por ramas de cómo va a afectar la economía, sumándole además el proyecto de pensiones que carga al empleador con un 4% y la obligación de tener sala cuna universal, no me parece bien. Bueno, cómo combinar todo eso con flexibilidad para que haya crecimiento es el problema. Por eso no me parece bueno porque puede causar mucho daño. Hay que sentar a los actores relevantes del mundo del trabajo y ponernos de acuerdo en cuál es el plan de aquí a 20 años. Hay que dejar de generar este tipo de proyectos sólo desde la trinchera política.

- A propósito de modificar el sistema político y la acusación constitucional contra la ministra Cubillos, el diputado Jaime Mulet recalcaba que no importaba mucho quién es el ministro de tal o cuál área, porque en un régimen presidencialista el que manda y decide lo que se hace es en este caso el Presidente Piñera.

- En todo régimen presidencial la última palabra la tiene el Presidente. Y en el caso de la ministra Cubillos creo que ha hecho una labor criteriosa y valiente. Ha defendido leyes como la inclusión y el mismo José Joaquín Brunner y Nicolás Eyzaguirre dijeron que cuando esta ley se promulgó quedaban aspectos fuera. Las universidades nos están pidiendo que no avancemos más en gratuidad porque les está significando un deterioro financiero enorme. Son leyes que van requiriendo mejoras y si eso no le gusta a la oposición, está bien, pero no tienen derecho a pervertir una herramienta constitucional para lograr objetivos políticos. Hemos tenido dos casos en que injustamente, uno con más base jurídica que otro, donde Yasna Provoste y Harald Beyer salieron porque la acusación constitucional se está transformando en una suerte de bazuca para sacar ministros de Educación. Es una herramienta que de uno y otro lado está siendo usada con fines políticos y en algunos casos electorales. Haciendo raya para la suma, uno se pregunta quiénes son los beneficiados. ¿La educación pública o la educación privada? Lo que queda claro es que se está usando a la ministra Cubillos para tapar problemas del PS por todos conocidos.

- O sea, ¿no es irrelevante el ministro que esté en el cargo?

- En un sistema presidencial siempre es el Presidente quien tiene la última palabra, pero un ministro siempre es relevante y hace la diferencia.

- No es fácil gobernar con minoría parlamentaria. Ha sido justamente el ministro Blumel el que ha debido sortear este obstáculo con mayor o menor suerte.

- La política consiste en llevar adelante aquello que es posible llevar adelante en acuerdos con ideas con las que no necesariamente estamos en un 100% de acuerdo. Blumel juega en una cancha difícil, pero ha conseguido avances tendiendo puentes.

"Esto (los 17 proyectos inadmisibles) es un llamado de atención para que, a través del cauce institucional, demos solución a aquellos que no son constitucionales"

"A veces la política también tiene que hacer ciertos gestos de altura y pensar en el bien común, pero estar tensionando el sistema político no le sirve al Congreso ni al Tribunal Constitucional"