El alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres (PS), se reunió ayer con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, para darle a conocer detalles del plan de protección infanto-adolescente que viene desarrollando el municipio y que en los próximos meses debiese traducirse en una ordenanza que, en sus orígenes, buscaba restringir la circulación de menores de 14 años a un determinado horario nocturno, pero que ahora -según explicó el propio jefe comunal- apunta más bien a fijar ciertas recomendaciones.

Ambas autoridades se habían enfrentado públicamente luego que la abogada asegurara que la propuesta era inconstitucional al prohibir el libre desplazamiento de los menores, a lo que el alcalde le respondió invitándola a que "conozca primero nuestros programas y después opine".

Justamente, tras la reunión la Defensora de la Niñez se mostró conforme al dejarse sin efecto el carácter restrictivo de la ordenanza, ratificando que "desde un inicio formulamos que ésta podría vulnerar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes".

"La reunión con ella fue bastante positiva, al menos es nuestra conclusión", replicó la autoridad de Quilpué.

Además, la abogada valoró de manera positiva la idea del alcalde de crear una Dirección de Seguridad Humana enfocada en las áreas de salud, educación, deporte y cultura.

Cristián Rodríguez F.

Bastante molesto se mostró el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind. pro Chile Vamos), con la publicación en Twitter que realizó la cuenta oficial de la Contraloría General de la República, en la que se informó el inicio de un reparo por $ 44 millones producto de una serie de irregularidades detectadas en el plan de recuperación patrimonial y ferroviario de la localidad de Catapilco.

El informe final número 320/2019 había sido dado a conocer a inicios de agosto por este Diario, en el que el organismo contralor concluía que la empresa consultora contratada para reeditar el antiguo trayecto del "Tren de la Esperanza" y la estación de Catapilco no había cumplido con generar iniciativas que permitieran desarrollar dicho plan.

El problema es que, a juicio de la administración de Zapallar, la entidad fiscalizadora no precisó en su cuenta de Twitter -como sí lo indica el informe- que las anomalías se habrían cometido durante la gestión del exalcalde Nicolás Cox.

"Resulta oportuno indicar que la publicación de la Contraloría General de la República debería incorporar el año de ejecución del cuestionado programa ferroviario", señalaron con molestia en el municipio, agregando que "los hechos investigados por el organismo establecen la existencia de negligencia municipal entre los años 2012 y 2012, y no en la actual administración".

Abren sumarios

Una vez que se conocieron las irregularidades, el alcalde aseguró que iniciarían acciones legales en contra de todos los responsables, pese a que la Contraloría decidió no enviar el informe al Ministerio Público.

Esta vez, desde el municipio ratificaron dicha medida y también agregaron que se iniciaron las investigaciones internas para analizar eventuales faltas administrativas.

"Se iniciaron oportunamente los sumarios correspondientes con la finalidad de esclarecer en su totalidad las irregularidades detectadas y las posibles responsabilidades funcionarias", informaron.

Además, destacaron que tomaron nuevas medidas para instaurar estándares diferentes en los "procesos de formulación y aprobación de proyectos municipales y de programas comunitarios".

Cabe recordar que a mediados de año la Contraloría también había detectado que en 2016 se pagaron de manera injustificada 6.790 horas extraordinarias en Zapallar, equivalentes a cerca de $ 28 millones.