Equipo crónica

El Ministerio del Interior y la Fiscalía de Valparaíso ingresaron ante la Corte de Apelaciones porteña dos recursos de queja contra las juezas Astrid Veninga Fergadiott y Andrea Santander Guerra, ambas del Tribunal Oral de San Antonio, quienes emitieron el fallo que absolvió a dos hombres acusados como autores de los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte de arma de fuego prohibida, porte de municiones y receptación.

En sus recursos, el Gobierno y el Ministerio Público acusan a las juezas de "faltas o abusos graves cometidos en la dictación de la resolución de 16 de septiembre de este año" y por ello piden al tribunal de alzada porteño proceder "de acuerdo a sus facultades disciplinarias y correccionales, establecidas en el artículo 545 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, a dejar sin efecto la resolución recurrida, ordenando un nuevo juicio por Tribunal no inhabilitado al efecto".

Primer juicio

El caso se remonta al miércoles 28 de mayo, cuando Carabineros de El Tabo realizó un control policial a un vehículo que transitaba con todos sus vidrios polarizados. Al registrar el automóvil, los efectivos encontraron una pistola, dos revólveres, 126 cartuchos de diverso calibre, un kit que transforma armas pequeñas en carabinas y cerca de $ 4 millones en efectivo.

Debido a una serie de faltas en la ponderación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones porteña anuló el primer juicio y ordenó uno con un panel distinto de jueces.

Tras este nuevo procedimiento, en resolución dividida, el tribunal integrado por las magistradas recurridas, Astrid Veninga Fergadiott y Andrea Santander Guerra decretó nuevamente la absolución de los acusados. El voto disidente en esa oportunidad correspondió al juez Claudio Correa Zacarías, quien estaba por ponderar las pruebas presentadas por la Fiscalía y por ello no fue integrado en el recurso de queja.

Fiscal regional

Sobre la interposición del recurso, la fiscal regional, Claudia Perivancich, expuso que "en el pronunciamiento de la mayoría del Tribunal, se incurrió en faltas y abusos al desconocer el pronunciamiento previo de la misma Corte, en el que se había establecido que la prueba aportada en este caso era lícita, es decir se había obtenido a producto de un procedimiento regular y ajustado a derecho, realizado por la policía de Carabineros".

La persecutora enfatizó que "cuestionamos que el Tribunal haga un análisis sesgado de los antecedentes incorporados al debate durante la audiencia, al concluir que no hay indicios que justificaren el proceder de la policía".

Argumentos

En el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones, los abogados del Ministerio del Interior, Estela Godoy y Carlos Larraín, cuestionan los argumentos dados en su sentencia absolutoria por las juezas Santander y Veninga y exponen como argumento el hecho de que las pruebas habían sido validadas por un tribunal superior.

"Resulta incomprensible para esta parte que las sentenciadoras hayan suscrito su fallo a un hecho que se encontraba resuelto en dos instancias superiores anteriores, sin considerar la prueba de cargo, que en definitiva es en lo que debió centrarse el juicio, de otra forma nos preguntamos ¿Qué sentido tiene que en el caso concreto se hayan interpuesto y posteriormente resuelto sendos recursos de apelaciones y de nulidad?"

"Cuestionamos que el Tribunal haga un análisis sesgado de los antecedentes incorporados al debate durante la audiencia"

Claudia Perivancich, Fiscal regional de Valparaíso