Pamela Boltei
El intendente regional, Jorge Martínez, reveló que está analizando la presentación de una querella criminal por los problemas con obras inconclusas o en mal estado que ha dejado la empresa Puerto Principal en varias comunas de la región, muchas de ellas financiadas con recursos del Gobierno Regional.
La autoridad ya solicitó la información sobre cada caso a los mandantes de los proyectos con problemas en Viña del Mar, Valparaíso, Petorca, Santo Domingo y San Antonio y espera recibir la totalidad de esos datos en un mes más para tomar una decisión pronto.
Esto, pues esta semana la Municipalidad de Viña del Mar informó que iba a caducar el contrato que mantenía con la firma por las obras del Teatro Municipal y su par porteño también hizo lo mismo por las faenas de reconstrucción de la Escuela Municipal Ramón Barros Luco. En Santo Domingo, el alcalde Fernando Rodríguez aseguró que está estudiando medidas judiciales a tomar contra la empresa y en San Antonio el Serviu espera que Puerto Principal arregle los problemas de filtraciones que encontraron los vecinos de las viviendas Mirador I y II, entregadas en enero.
"En el caso de ciertos proyectos, nosotros hemos observado (problemas), y no me puedo referir a Puerto Principal en particular porque hay investigaciones en curso que están realizando las propias unidades ejecutoras, los municipios, que tienen que informar al Gobierno Regional y con esos antecedentes que nos aporten de incumplimiento podemos iniciar los sumarios que correspondan. Y si tenemos dudas respecto a temas de legalidad u otros, podemos iniciar cualquier tipo de acción. No vamos a escatimar en ninguna medida legal contra empresas por cierto tipo de conductas que hemos observado desde que asumimos", dijo Martínez.
Detalló que en el caso del ascensor Villaseca, cuyo mandante es el Ministerio de Obras Públicas (MOP), "hay un sumario y una denuncia ante la Fiscalía que se hizo hace varias semanas".
En tal sentido, recalcó sobre éste y los otros proyectos mencionados que están esperando "todos los antecedentes y si nosotros encontramos que hay elementos que puedan ser constitutivos de delito nos vamos a querellar, no hay duda de eso. Y vamos a presentar todo lo que aparezca. De hecho, hay unas empresas a las que nuestra Unidad de Control Interno viene haciendo seguimiento desde el año pasado por reiteraciones de conductas como ésta: término anticipado de obras, obras adicionales. Son aproximadamente ocho a diez empresas a las que les iniciamos seguimiento desde que asumimos, son firmas que venían con proyectos con anterioridad".
En un mes
Martínez se puso un plazo para recibir esta información y tomar la decisión: "Estamos esperando las rendiciones de las municipalidades para hacer nuestras propias investigaciones en no más de un mes".
Incluso, advirtió que también está en carpeta llegar hasta el Consejo de Defensa del Estado (CDE): "No se descarta (ir al CDE. Depende de lo que se encuentre en cada uno de los casos, de los informes que tengamos serán querellas si son o no constitutivas de delito, y si han generado un perjuicio fiscal por otras vías las acciones civiles y administrativas también".
El intendente expuso que desde que asumió ha observado que "empresas postulan a determinados proyectos de fondos regionales, que se licitan a través de municipios, y que están obligados a calificarlos bien porque postulan al precio más bajo y en algunos casos con un precio más bajo incluso que el de mercado, lo cual es absolutamente absurdo".
"Desde que asumimos nosotros hemos tenido preocupación por varias normas del sistema de administración y gestión del Estado y las hemos hecho presente no sólo ante el Consejo Regional (Core), sino que también en nuestras exposiciones frente a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y frente a otras instancias de gobierno en cuanto a la necesidad de modernizar ciertos procedimientos de licitaciones y de fiscalización de obras que se ejecutan con fondos públicos, sean nacionales, regionales o comunales.
Al respecto, el diputado Marcelo Díaz (PS) planteó que "además de oficiar a los organismos competentes, a esta altura debieran intervenir estamentos más fuertes, como la Justicia y el CDE. Estamos frente a una empresa que repite sus malas acciones, por lo que debieran existir medidas, filtros, para que este tipo de compañías no trabajen más para los organismos públicos".
Añadió que "muchas veces lo he reiterado en el Serviu respecto de establecer un sistema de rechazo para aquellas empresas constructoras que dejan botada una obra o sencillamente lo hacen mal, porque en definitiva es la propia ciudadanía la afectada. Chile debiese contar con un sistema estricto de selección de empresas de obras, una red temprana de registro y hacerle un seguimiento a los involucrados, porque es muy fácil cerrar una compañía para crear otra, con nombre nuevo, pero con las mismas malas prácticas".
El parlamentario Andrés Celis (RN) dijo que "en cualquier municipio serio que elabore una propuesta pública para la construcción de una obra, Puerto Principal no puede participar. Es de Perogrullo, es imposible que pueda hacerlo por su actual situación. Lo que propusimos es que cada municipio pueda crear su Dicom de aquellas empresas que hayan fallado y además crear un registro de aquellas empresas que se constituyen y son entre comillas palos blancos, que son parientes de socios de empresas que han dejado botadas obras de municipios".
A su vez, precisó que está recabando información sobre la empresa en cuestión en distintos lados de la región para presentar una denuncia a la Contraloría "si cada una de las licitaciones hechas con esa empresa se ajustó a derecho o no para despejar cualquier duda, porque es curioso que esta empresa se haya ganado tantas obras y hoy esté en insolvencia".
"Si nosotros encontramos que hay elementos que puedan ser constitutivos de delito nos vamos a querellar, no hay duda de eso"
Jorge Martínez, Intendente regional
"Además de oficiar a los organismos competentes, a esta altura debieran intervenir estamentos más fuertes, como la Justicia y el CDE"
Marcelo Díaz, Diputado PS
