Alexis Paredes R.

El Tribunal de Juicio Oral de Valparaíso condenó a cuatro carabineros activos -un teniente y tres cabos- por el delito de obstrucción a la investigación, tras comprobarse que los agentes de la ley falsearon partes policiales, actas y declaraciones en dos presuntos casos de robo con intimidación durante el año 2017. Producto de estos hechos, seis personas fueron detenidas en ambos procedimientos, dos de las cuales incluso enfrentaron un juicio oral, en el cual fueron absueltas tras permanecer seis meses en prisión.

La resolución de la justicia se conoció en la jornada de ayer, tras doce días de alegatos, la presentación de pruebas y las declaraciones de los testigos y los propios condenados.

En la audiencia de lectura del veredicto, el tribunal porteño, presidido por el magistrado Leonardo Aravena, absolvió del cargo de falso testimonio a los cabos 2° David Espinoza Espinoza (27 años) y José Lagos Troncoso (24). Sin embargo, ambos fueron condenados por dos delitos de obstrucción a la investigación, registrados en febrero y julio de 2017, mientras que el teniente Cristóbal Müller Gibert y el cabo 1° Jorge Tapia Pinto, sentenciados por uno de estos hechos.

Cabe consignar que durante el juicio el oficial implicado reconoció que se elaboraron falsos partes policiales para "aumentar la estadística en el sector de la Tercera Comisaría y el tribunal no cuestionara la hora de la detención".

Además, existe un sumario administrativo interno en contra de los cuatro policías, el cual podría terminar con su baja de la institución tras la resolución judicial.

Si bien en primera instancia el Ministerio Público, a través de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac), había solicitado hasta siete años de presidio efectivo para uno de los policías implicados y en los otros casos hasta 3 años de presidio menor, la absolución en uno de los delitos implicará una baja sustancial en las condenas, que se conocerán el próximo 3 de octubre.

Discusión de penas

Durante la discusión de las penas definitivas, agravantes y atenuantes que deberán tener en consideración los magistrados al momento de asignar las penas, el fiscal Claudio Rebeco solicitó 800 días de presidio menor en su grado medio para los funcionarios Müller, Tapia y Lagos, mientras que para Espinoza se pidió una condena a 4 años de presidio menor en su grado máximo, el pago de una multa de 25 UTM y la inhabilitación de cargos públicos mientras dure la sentencia.

Los defensores de todos los condenados alegaron que se debía aplicar una mayor cantidad de atenuantes, lo que a su juicio implicaría penas no superiores a los 61 días de presidio menor en su grado mínimo por cada uno de estos hechos.

Falsearon hechos

Al término de la audiencia, el fiscal Rebeco afirmó que todos los funcionarios de Carabineros fueron condenados por delitos de obstrucción a la investigación "al dar por acreditado que todos ellos, en el marco de procedimientos policiales que tuvieron lugar en esta ciudad, habrían falseado los antecedentes contenidos en los partes policiales, simulando delitos de robo con intimidación que no existieron".

Añadió que los afectados por estos procedimientos mal realizados "se vieron expuestos a medidas cautelares de prisión preventiva por hechos en los que no tuvieron participación".

El persecutor enfatizó que, si bien "nuestra petición fue parcialmente acogida por el tribunal, hay un reproche en este juicio como una mala práctica policial. Hechos como estos afectan gravemente la confianza en el sistema de persecución penal y judicial, por eso nos ha parecido importante traer este caso a juicio oral".

El abogado del CDE, Javier Rojas-Mery, adelantó que "respecto a la absolución por el delito de falso testimonio vamos a revisar la sentencia, ya que, a nuestro parecer, había antecedentes que acreditaban que declararon falsamente en el juicio posterior contra los imputados".

"Hechos como estos afectan gravemente la confianza en el sistema de persecución penal y judicial"

Claudio Rebeco, Fiscal Unidad Anticorrupción

"A nuestro juicio, había antecedentes que acreditaban que (dos policías) habían declarado falsamente en el juicio posterior"

Javier Rojas-Mery, Abogado querellante CDE

El Ministerio de Educación firmó con 12 municipios de la Región de Valparaíso convenios para materializar proyectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario en colegios de la zona por un total de $ 2.566 millones. Los recursos forman parte del Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar, sobre el cual el intendente, Jorge Martinez, dijo que "permite trabajar en conjunto con los municipios que tienen liceos y establecimientos educacionales que carecen de infraestructura, en sus techumbres, en sus muros, ventanales y que no tienen patios adecuados para sus estudiantes".

Díaz interpondrá un recurso contra municipio por caso de perros vagos

El abogado porteño Rodrigo Díaz Yubero, precandidato a alcalde de Valparaíso y quien se hizo conocido tras ganar en la Corte de Apelaciones dos recursos de protección que obligan a la Gobernación, Municipalidad y Seremi de Salud a ejecutar acciones en el entorno de la plaza Aníbal Pinto y del mercado El Cardonal, interpondrá hoy una acción judicial similar contra el municipio en el tribunal de alzada, requerimiento que se funda en la masiva presencia de canes en plaza Aníbal Pinto, pues dice que los jóvenes que allí venden los alimentan y ya han mordido a tres carabineros que han intentado detener su comercio ambulante.

Aunque parezca increíble, el soldador Carlos Rivas Quiroz, único condenado a pagar cerca de mil millones de pesos por daños morales y perjuicios a los damnificados del incendio que en 2013 arrasó con casi 300 viviendas en Rodelillo y Placeres, nunca declaró en el proceso que terminó con sentencia en su contra en el Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso.

Rivas cuestionó la investigación del tribunal: "Es injusto que todo el castigo me lo lleve yo. Ya fui condenado penalmente y ahora en la parte civil". De esta situación responsabiliza directamente a su antiguo abogado, ya que "no me defendió como correspondía y defendió más a la empresa (RVC), ya que en el fondo ellos le pagaban a través de mi sueldo, del cual me lo descontaban mensualmente".

En dicho fallo la magistrada Gloria Vargas exculpó por "falta de pruebas" a las dos empresas demandadas por las familias afectadas, Inmobiliaria e Inversiones RVC SPA, como titular del permiso de edificación otorgado por la DOM de Valparaíso, y dueña de la obra donde se realizaban los trabajos de soldadura que derivaron en el siniestro, y a la sanitaria Esval, debido a que los grifos no habrían funcionado al momento de atacar las llamas.

Tras contar con un nuevo abogado, el trabajador presentó una declaración jurada ante la Corte de Apelaciones en la que dio cuenta de una serie de anomalías en el proceso de la causa civil, responsabilizando de prevaricación a su anterior defensa, cuyos servicios los habría cancelado la empresa inmobiliaria a través de un incremento en su sueldo mensual.

A través de la denominada audiencia de absolución de posiciones, Rivas respondió un set de 16 preguntas elaboradas por los querellantes en el libelo, las que fueron realizadas por la fiscal judicial del tribunal de alzada, Jaqueline Nash. La declaración del trabajador es considerada una "prueba confesional" y será incorporada en la causa que en las próximas semanas será vista por el tribunal. Además, la defensa de Rivas presentará una demanda por prevaricación en contra de quienes resulten responsables y un eventual fraude procesal en el caso.

"tienen que pagar"

El trabajador asegura que ha sufrido un verdadero calvario desde que ocurrió el siniestro, que se desató, insiste, "cuando mis jefes directos me ordenaron ese día realizar faenas de corte de fierros. Por eso ellos también tienen que pagar. Espero que se haga justicia y paguen a todos los damnificados tras cinco años de espera".

El actual abogado patrocinante, Leonardo Contreras, comentó que esta diligencia es clave para revertir la condena.

"La oportunidad que se está dando ahora, de que mi defendido pueda dar su versión, es lo que faltó en primera instancia, cuál fue su posición el día del incendio, su relación con la empresa y el grupo RVC, cuál fue la capacitación que tuvo como soldador para prevenir situaciones como la que tuvo que enfrentar y revertir esta injusticia. Después de este hecho ha sido súper difícil encontrar trabajo en la misma materia, ya que el descrédito social que le produjo lo limita y, obviamente, no posee los recursos para pagar una indemnización millonaria", enfatizó el profesional.

Rodolfo Precht, abogado querellante, afirmó que para las familias afectadas por el incendio "esta audiencia es clave, ya que por primera vez declara ante un juez el obrero soldador de RVC, Carlos Rivas, donde entregó toda su verdad al tenor de un pliego de preguntas que elaboramos como demandantes".

"Espero que se haga justicia y paguen a todos los damnificados del incendio tras cinco años de espera"

Carlos Rivas, Soldador condenado a, millonaria indemnización