No es imposible que de lo que hemos vivido en estos días terminen saliendo buenas cosas y debemos poner nuestros mejores esfuerzos en ello. Hoy, sin embargo, Chile -y ni qué decir Valparaíso- está peor que antes. Uno de los servicios públicos que mejor funcionaban, el Metro de Santiago, clave para la calidad de vida de millones, fue severamente dañado por obra de una violencia que en democracia no puede ser jamás justificada. Muchos negocios, oficinas públicas y hasta hogares han sido saqueados y a veces incendiados, perturbando gravemente la existencia de nuestros compatriotas. En los empeños por contener todo ello, se han vulnerado derechos fundamentales.

Estoy seguro que la enorme mayoría de nuestra población ha sentido, de distintos modos, inquietantes ecos de lo que no quiere ver repetido de nuestro pasado. Se han generado rencores y temores que probablemente nos acompañarán por mucho tiempo y que darán a los extremos políticos material del que alimentarse. La capacidad de crecimiento de nuestra economía, y con ella la de crear empleos, subir las remuneraciones y financiar las políticas sociales que tanto necesitamos mejorar, es hoy menor. Y oiremos defender muchas políticas públicas que solo empeorarían la situación de las mayorías apelando a que la calle supuestamente las ha exigido.

Restablecer el imperio del Derecho es hoy una de las indudables prioridades. Organismos públicos y privados de derechos humanos, abogados, fiscales y jueces, como también las fuerzas armadas y de orden y las autoridades civiles a las que están subordinadas, tienen un papel fundamental en ello. Enseguida, junto con seguir perfeccionando nuestras instituciones democráticas, debemos respaldarlas sin titubeos. Debe reconocerse que la conducción política del país corresponde al gobierno que fue elegido con pulcro respeto a las reglas de nuestra democracia y que, aunque sin duda hay que escuchar a tantos como sea posible en los debates que se vienen, el centro de la deliberación pública es el Congreso Nacional, por muchas críticas que nos merezcan.

Por último, es necesario que los muchos políticos serios que hay en nuestro país resistan las tentaciones populistas y defiendan con claridad las políticas públicas que honestamente crean mejores para el bien común. Escucharemos un conjunto de demandas imposibles de satisfacer a la vez. Priorizar entre ellas y seleccionar los medios más apropiados para abordarlas será decisivo. Hay que recordar que, aunque en nuestro país hay muchas carencias e inequidades por resolver, Chile ha progresado en las últimas décadas como nunca antes en nuestra historia y como ningún otro país de Latinoamérica ha hecho en época reciente, incluyendo una drástica reducción de la pobreza y un generalizado aumento de la esperanza de vida. Debemos mejorar -y mucho- lo que tenemos. Hay, entre otras cosas, que perfeccionar la red de protección social y los servicios públicos en general y asegurar un acceso más equitativo a las oportunidades. Pero hay que hacerlo sin tirar por la borda lo que tanto nos ha hecho avanzar.

Aún el estiércol sirve de abono para producir los frutos más deliciosos. Y eso es lo que debemos comprometernos a intentar.

En el marco de la más grave crisis en el país desde el retorno a la democracia, amplios sectores de la sociedad han expresado su malestar, ejerciendo el derecho a manifestarse, legítimo en una democracia en la medida que sea efectuado por medios pacíficos y en el marco de la institucionalidad y la normativa vigentes. Sin duda, este malestar responde a diferentes causas, que es preciso revisar en forma rigurosa, tarea en la que las instituciones universitarias deben realizar un aporte significativo.

Junto con ello, han ocurrido gravísimos hechos de violencia que constituyen un ataque directo a nuestra convivencia en libertad. Rechazamos categórica y enérgicamente todo tipo de violencia, la intolerancia y los hechos delictuales que han ocurrido.

Ningún reclamo social, por justo que sea, puede justificar la destrucción de infraestructura pública y privada, los saqueos al comercio y a particulares, y otros desmanes que hemos visto.

Asimismo, se deben asegurar la defensa y respeto de los derechos fundamentales de las personas cuya pérdida y no observancia tienen, como resultado, dramáticos efectos sobre el bienestar de las personas y deteriora gravemente la convivencia nacional. Ningún estado de excepción constitucional justifica la violación de los derechos humanos.

El país requiere generar un diálogo amplio y generoso, que involucre al Gobierno, los distintos actores políticos y la sociedad civil, que permita avanzar en las necesarias reformas sociales, económicas y políticas para perfeccionar la democracia y avanzar en justicia social, inclusión y reducción de las desigualdades.

Se debe dar máxima prioridad y atender cuestiones específicas que permitan mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables y abordar los factores que angustian a los sectores medios de la población.

La necesaria búsqueda de equidad y las acciones tendientes a lograr que quienes más sufren puedan alcanzar justicia y un mayor bienestar, conlleva una gran responsabilidad política y deben fundarse en la defensa irrestricta del fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Vivimos en un régimen democrático, que tanto costó recuperar. Somos ciudadanos, lo que implica que tenemos derechos, pero también deberes.

El respeto por la diversidad y el pluralismo son valores que nos son propios. Nuestra Universidad está obligada a aportar en esta reflexión desde nuestro quehacer y desde sus saberes, esto es el conocimiento, la búsqueda rigurosa de la verdad y un diálogo fecundo que contribuya al proceso deliberativo que demanda este momento en pos de una sociedad más justa.

Para ello, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso coloca una vez más sus capacidades a disposición de Chile y su pueblo para contribuir a alcanzar la paz basada en la justicia.

El extraño día de ayer será seguramente recordado como aquel sábado en el cual -por cansancio o por voluntarismo- se intentó normalizar Valparaíso, la ciudad más destruida, saqueada e incendiada de todo el país, según reconocen las propias autoridades. A la inesperada medida de quitar el toque de queda desde temprano -decisión del CA Juan Andrés de la Maza-, siguió el repoblamiento de las calles del plan, con algunos locales abriendo sus puertas y atendiendo normalmente, muchos en la calle Condell ocupando a todos los soldadores de la ciudad para tapiar y clausurar sus comercios con planchas de acero y gruesos perfiles, y por supuesto el regreso en gloria y majestad del comercio ambulante poniendo a la venta buena parte de los productos obtenidos en el pillaje de los últimos días (algunos, hasta con alarmas de seguridad) a vista y paciencia de todo el mundo. Otros, los extremos, siguen con sus peroratas y teorías conspirativas -de lado y lado-, incitando al crimen y el odio a través de su irresponsable infantilismo revolucionario o, por otra parte, creyéndose sus historias cargadas de complots y montajes.

¿Por qué en Valparaíso ocurren cosas como éstas? ¿Será su masiva marginalidad, su eterna postergación o quizás la certeza de que nada nunca será suficiente para reparar tanta injusticia?

Valparaíso está en el suelo: saqueado, quemado, destruido, rayado y escupido. Pero esto no comenzó la noche del sábado 19 de octubre con los desmanes ni el cobarde ataque incendiario a las oficinas de El Mercurio de Valparaíso de calle Esmeralda. Esto se inició hace décadas y cada administración municipal tras el regreso a la democracia contribuyó a la inmunda y triste postal que hoy vemos, de grupos organizados saqueando a los pequeños almacenes en sus camionetas y autos deportivos, de los "domésticos" robando a su propia gente en sus poblaciones, y de políticos intentando atribuirse la manija del descontento social, sin haber hecho jamás nada en serio por Valparaíso, como si Hernán Pinto, Aldo Cornejo, Jorge Castro y Jorge Sharp no fueran la misma cosa: jefes comunales electos a través del voto ciudadano legítimamente emitido, superados y capturados a través del tiempo por el destino, sus propias incapacidades y una irresponsable máquina superior.

Aturde y apena, porque teníamos la esperanza de vivir en paz, de construir un Valparaíso mejor, un Valparaíso en el cual se acabaran las malas prácticas, los arreglines, los pitutos y la desigualdad. Un Valparaíso en el cual una consejera regional que renuncie para ir como candidata a alcaldesa no sea contratada ese mismo día precisamente como jefa distrital de la seremi de Gobierno para la comuna que aspira liderar ("por orden del subsecretario", como explicó esta última) .

¿Queda esperanza? Quién sabe. La democracia, en sus días más bajos necesita precisamente eso: de más democracia. No buscar pequeñas y ordinarias ganancias a costa de nuestra ciudad.