Fiscalía confirma que ejecutivos falsearon y ocultaron datos clave
JUDICIAL. El Ministerio Público del Biobío acotó que los trabajadores sabían de la peligrosidad del crudo iraní y adulteraron información a la autoridad marítima para conseguir permiso de trasvasije en Talcahuano y posterior trabajo en Quintero.
Una contundente presentación, de aproximadamente seis horas, realizó ayer el Ministerio Público del Biobío -encabezado por la fiscal regional, Marcela Cartagena, y la fiscal especializada en delitos medioambientales, Ana Aldana- quienes presentaron diversas pruebas en la formalización de los seis ejecutivos de Enap que se realizó en el Juzgado de Garantía de Talcahuano.
En la audiencia, las persecutoras demostraron en forma gráfica, testimonios, informes y declaraciones de testigos, que los trabajadores de la estatal, que ahora están en calidad de imputados, ocultaron información de manera sistemática y falsearon datos sobre la manipulación del crudo iraní (Iranian Heavy), que habría provocado intoxicaciones masivas en Talcahuano y en la bahía de Quintero, poniendo en riesgo la salud de miles de personas.
De acuerdo a lo expuesto por las fiscales y la narración de los hechos, los ejecutivos de la empresa sabían de la peligrosidad del combustible que tiene altas concentraciones de ácido sulfhídrico (H2S), químico que es altamente peligroso para la salud de las personas, y así y todo adulteraron la información solicitada por la autoridad marítima sobre simulaciones para conseguir la autorización del alije (trasvasije de crudo de un buque a otro) del combustible en Concepción y posteriormente en Quintero.
La fiscal Cartagena precisó que "el día 12 de julio de 2018, a través de un correo electrónico remitido desde 'Operaciones ( Casa Matriz)', se puso en conocimiento (...) que el buque 'Monte Toledo' traía hacia Enap Refinerías Bío Bío una carga de crudo Iranian Heavy que poseía una concentración de más de 1000 ppm (partes por millón) de H2S, esto es, una carga significativamente importante de ácido sulfhídrico que implicaba riesgo para la salud humana, siendo ésta una medición meramente preliminar, teniendo en consideración que la información entregada por los monitores del buque era susceptible de ser revisada".
Pese a esto, el 19 del mismo mes se realizó una reunión entre los ejecutivos y se tomó la decisión de "descargar sí o sí el producto". Se acordó, entre los imputados -según acotó la persecutora- no descargar más de 100 ppm (porque no está permitido por ley), no realizar la descarga total en Biobío (Concepción) y realizar una parte de la descarga en Quintero. Además, decidieron ventear o "pulgar" los gases acumulados para lo que necesitaban autorización de la autoridad marítima.
Concentraciones
Dada la peligrosidad del producto y la fuga de H2S por sobre lo permitido que se podría detectar, la autoridad marítima refutó la acción y solicitó un informe, dado que los antecedentes informaban que la exposición era por sobre 1.000 ppm, lo que no es permitido. En ese ejercicio de medición de gases fugitivos incluso se pudo detectar una concentración de 9 mil ppm de H2S que estaba en conocimiento de la estatal. "El día 27 de julio de 2018, arrojando un valor de 9000 ppm de H2S, según consta en certificado que fue emitido al efecto, y cuyo resultado se puso en conocimiento de Enap, tanto de Gerencia de Refinerías como de las Refinerías de Bío Bío y Concón, (...) el gerente de Refinerías, Patricio Farfán, decide que se haría el alije y la descarga de crudo Iranian Heavy, aumentando las medidas de seguridad", dijo Cartagena.
Se decide, en definitiva, continuar el plan de la empresa- según la fiscal- y, por este motivo, se alteró la información que requería la Armada, entidad que solicitó simulaciones e informes para asegurar lo correcto de la maniobra y no poner en peligrosidad a la población.
La descarga en Talcahuano fue el 4 de agosto del año pasado, donde se sintió un fuerte olor a huevo podrido, y en la bahía de Quintero ocurrió lo mismo porque hubo fuga de gases pese a las medidas de seguridad que quisieron tomar.
Quintero
En la bahía de Quintero, según precisó la fiscal, los trabajadores de la estatal no formalizados no sabían qué producto almacenaba la empresa en las piscinas decantadoras, pero el gerente general de Refinería Aconcagua, Edmundo Piraino, sí.
Fue Piraino, según Cartagena, quien tomó las medidas de seguridad e incluso autorizó "el procedimiento de aditivación del producto secuestrante" por la toxicidad que presenta del crudo iraní. Sin embargo, no se dio orden de asegurar a los trabajadores o recibir la información pertinente sobre qué era el compuesto.
Bajo ese escenario, el 17 de agosto del año pasado -aclaró la Fiscalía- los trabajadores de Enap comenzaron a sentir un fuerte olor y algunos, incluso, presentaron irritación en los ojos y garganta. De esta situación, dijo Cartagena, le informan a la gerencia, pero no se toman las acciones para corregir la situación.
Los olores se sintieron del 17 al 21 de agosto y, definitivamente, como precisó el Ministerio Público, "la aplicación del secuestrante no había dado efecto". El lugar, aclaró la fiscal, "no se cerró y para aminorar el olor aplicaron espuma dispuesta a las piscinas, la que fue arrojada por el viento". Utilizaron aguas oleosas con contaminantes que quedaron en el lugar.
Todo lo que ocurrió quedó establecido en bitácoras de la empresa y fue informado por trabajadores e incluso por funcionarios de las empresas Gasmar y Oxiquim, quienes también percibieron el olor. Más de mil personas resultaron con síntomas de intoxicación, principalmente mareo, vómitos y cefalea. Hubo alerta sanitaria
Además, "el día 24 de agosto, durante la realización de toma de muestras y diligencias investigativas desplegadas al interior del terminal Marítimo de Enap, dos funcionarias de la PDI sufrieron igualmente los mismos síntomas", dijo la fiscal Cartagena, y la empresa no habría entregado toda la información a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) cuando realizó la investigación. "No había entregado información verdadera", dijo la fiscal.
Por estos hechos, el Ministerio Público formalizó a los seis imputados por el delito establecido en el artículo 291 del Código Penal. "Están siendo investigados por la eventual responsabilidad que les cabe como autores en el delito contemplado en el artículo 291 del Código Penal, al propiciar con sus acciones y omisiones la propagación indebida de elementos químicos que, por sus propiedades, son susceptibles de poner en riesgo la salud", dijo Cartagena, por lo que solicitó arraigo nacional y firma.
Querellante pedirá prisión preventiva
El abogado querellante, Remberto Valdés, quien representa a más de mil personas que sufrieron síntomas de intoxicación, afirmó que hoy, por la gravedad de los hechos, solicitará la prisión preventiva para los ejecutivos. Dijo que "creemos que por la gravedad de los hechos y por la conducta que han tenido los imputados ocultando pruebas y obstruyendo la investigación, deben permanecer en prisión preventiva mientras dure el proceso, porque representan un peligro para la seguridad de la sociedad".