Apoyo al comercio requiere urgencia
Un 40% de locatarios en el plan de Valparaíso ha sufrido tal daño y merma, que está bajo riesgo de no volver a subir sus cortinas. Esta dilación, en momentos como los actuales, conlleva el riesgo de que dichos soportes dejen de ser oportunos y no alcancen a salvar los emprendimientos más afectados.
A más de 40 días del estallido social, las humaredas dejadas por los incendios de locales comerciales en el plan porteño comienzan a decantar en cifras dramáticas. Un estudio preliminar realizado por la agrupación Levantemos Valparaíso -creada hace un mes, en plena jornada de protestas- estima que un 45% de los establecimientos ubicados en la "zona cero" de la violencia ha sufrido daños debido al vandalismo, los incendio o saqueos. Un 40%, en tanto, de acuerdo a la asociación, no podrá abrir para continuar con su actividad, ad portas del ciclo comercial más importante del año, con la Navidad y el Año Nuevo sobre el horizonte. Muchos no tienen la capacidad económica para reordenar sus locales, comprar la mercadería perdida y sostener los sueldos de sus trabajadores. Otros, prefieren esperar una señal más clara de que no volverán a ser afectados por un fenómeno que ha tenido especial escarnio con los establecimientos de calle Condell.
Esa incertidumbre es compartida por los dueños de pequeños negocios en Quilpué, arrendatarios de franquicias en Villa Alemana -dos de las comunas más afectadas por el vandalismo al comercio en las últimas cinco semanas- y la larga cadena de servicios, proveedores y pequeños emprendimientos que dependen de dichas actividades.
El miedo paraliza y la falta de movimiento es fatal para un rubro que es considerado un termómetro de las economías locales y, por extensión, un anticipo de los efectos que la crisis social podría alcanzar a mayor escala.
Por eso las distintas asociaciones de comerciantes detallistas -aquellas que dan vida a los centros cívicos más relevantes del Gran Valparaíso- ya comienzan a realizar gestiones antes las autoridades para lograr un apoyo clave en un momento de necesidad. Sin embargo, el sentido de la urgencia se topa con los necesarios mecanismos de control que tienen todos los órganos públicos capaces de entregar recursos. Hace dos semanas, el Consejo Regional aprobó $ 2.500 millones para apoyar, a través de distintos mecanismos, el levantamiento del comercio y las pequeñas empresas afectadas, pero dichos recursos dependen de que sean liberados por el Gobierno Central. Con cierta razón, muchos locatarios se sienten abandonados a su suerte, añadiendo a la incertidumbre de estos días una sensación de orfandad. El intendente, Jorge Martínez, ha sido claro al explicar que los fondos serán distribuidos a través de Corfo, pero no se ha pronunciado sobre las condiciones específicas que deberán cumplir los beneficiados ni los plazos concretos de dichos aportes. Esta dilación, en momentos como los actuales, conlleva el riesgo de que dichos soportes dejen de ser oportunos y no alcancen a salvar los emprendimientos más afectados.