Paolo Navia S.

Diversas han sido las reacciones que generó en el mundo político y judicial la polémica a raíz de los cuestionamientos recibidos por parte de la jueza del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, María del Pilar Labarca, quien pese a manifestar una relación de estrecha "familiaridad" con la alcaldesa Reginato, en 2013 desestimó las causas penales por la posible falsificación de la licencia de cuarto medio de la jefa comunal viñamarina.

Una controversia que se originó luego que se revelaran unos audios donde la citada jueza, en agosto de 2019, se inhabilitó de un caso en contra del municipio de Viña del Mar, acusando una notoria cercanía con la alcaldesa Virginia Reginato, situación que no puso de manifiesto en 2013.

Este contexto se generó luego que el abogado y director de la agrupación Viña Transparente, Javier Gómez, comentara públicamente que iniciará acciones legales para solicitar la nulidad de los certificados de escolaridad de la alcaldesa de la Ciudad Jardín teniendo como argumento el audio antes mencionado.

Relación de buena fe

Ante este complejo escenario, quien también entregó su opinión respecto al tema fue Alejandro Gómez, presidente regional del Colegio de Abogados, quien posicionó su preocupación en torno a la relación que debe mantener un jurista con los jueces durante el ejercicio de la profesión.

"La relación entre abogado y jueces siempre es en base a la honestidad, a la buena fe y a ciertas ritualidades que están dadas propias por el Código Orgánico de Tribunales, y dentro de eso, lo que uno siempre espera es que el juez, más allá de que le encuentre la razón a los abogados en sus posturas, es que sea imparcial y que su opinión esté basada en relación a los méritos de los antecedentes, al derecho, y no a los intereses personales o a la amistad que pueda tener con las partes o con los abogados", puntualizó Gómez.

En este sentido, el presidente regional del Colegio de Abogados agregó que "el Código del Trabajo establece derechos y deberes. El primero es un derecho a los abogados de reclamar esta falta de imparcialidad por parte de los magistrados, pidiendo restituciones, y el deber se relaciona con la inhabilitación de los magistrados cuando sabe que tiene alguna relación con las partes, y si bien no conozco los detalles del caso en cuestión, si un juez considera que su imparcialidad está afectada por algunas de las causales que establece la ley, debe inhabilitarse; o de lo contrario, esa sentencia podría adolecer de algún tipo de vicios".

"Debió inhabilitarse"

Sin embargo, y pese sus cuestionamientos, el jurista manifestó que el hecho de conocer a una persona no es una facultad obligatoria para que un juez se inhabilite.

"Cuando un magistrado se inhabilita debe ser por un tema fundado y grande, pues por ejemplo, en las ciudades pequeñas un juez podría conocer a mucha gente y no necesariamente se debe inhabilitar del conocimiento de sus causas", argumentó el jurista Alejandro Gómez, quien agregó que "sin embargo, lo que me llama la atención es que de ser efectivo lo que la magistrado señaló en el 2019, vinculado con que tenía una relación de muchos años con la alcaldesa, y si esos años corresponden al periodo donde conoció la primera causa vinculada con las licencias de educación de la señora Reginato, debió haberse inhabilitado".

En esta línea, Gómez agregó que "la regla general es que cuando los magistrados tienen alguna relación con las partes, ellos en forma autónoma se inhabilitan".

"Lo que uno siempre espera es que el juez base su opinión en relación a los méritos de los antecedentes y no en la amistad que pueda tener con las partes o abogados".

Javier Gómez, Presidente regional del Colegio de Abogados