Tras las numerosas quejas y recursos judiciales que siguieron a los oscuros episodios de contaminación de agosto y septiembre de 2018 en Quintero y Puchuncaví, y tras acoger 8 de 12 recursos de protección presentados por organizaciones sociales y personas naturales, el sorpresivo fallo de la Corte Suprema del 28 de mayo de 2019 fue considerado como una señal alentadora, según los registros de la época. En 82 páginas y 57 considerandos, redactados por el ministro Jorge Dahm, y una prevención del ministro Carlos Aránguiz, el máximo tribunal determinaba la obligación de las autoridades de restituir, en el plazo de un año, a la población afectada los derechos vulnerados, identificar los elementos que provocaron las intoxicaciones, realizar el respectivo seguimiento epidemiológico, establecer los mecanismos para evitar las emergencias y otras medidas relacionadas, que sumaban 15 puntos.

Tal plazo, cumplido ayer, y tal como adelantó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, en este mismo diario ("Aún no sabemos qué pasa"), lamentablemente no sólo nos deja el incumplimiento del fallo judicial, sino la triste certeza de que poco se avanzó en su cumplimiento.

Desde los tiempos de Marcela Cubillos y luego Carolina Schmidt en el Ministerio de Medio Ambiente, siguiendo por el exministro de Salud, Emilio Santelices, hoy reemplazado por el sobreexigido Jaime Mañalich, la Onemi y el propio Gobierno Regional), la institucionalidad se perdió en otros avatares desde el 18-O y, lastimosamente, nadie pudo mostrar progresos.

Los argumentos de la seremi de Medio Ambiente, María Victoria Gazmuri, en la línea de "cumplimiento cabal" anunciado un año antes por el subsecretario Felipe Riesco, apuntan a la "entrada en vigencia del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA)" y el "congelamiento de emisiones por parte de las empresas de la zona" en marzo de 2019; además del "rediseño de la red de monitoreo de calidad del aire y la elaboración de una norma que regule los compuestos orgánicos volátiles (COVs)".

Así como las respuestas no satisfacen, también cabe preguntarse si las expectativas del fallo de la Tercera Sala (descrito como "histórico" o "supremazo") hace un año, y que en ese tiempo también se vislumbraban como principal antecedente y guía para otras zonas de sacrificio del país, como Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel, tendrán alguna vez cumplimiento alguno por parte del Estado, aun cuando entes como la Defensoría de la Niñez o Greenpeace ya amenazaron ayer con llevar el caso a tribunales internacionales.

En concreto, las altas concentraciones de dióxido de azufre (SO2) suman 46 días en el período en cuestión, emergencias que en el actual escenario de la pandemia del coronavirus multiplican su gravedad y letalidad, como bien lo describen sendas publicaciones de la Universidad de Harvard y de la revista Environmental Pollution con estudios de la incidencia del virus SARS-CoV-2 en poblaciones de Estados Unidos y el norte de Italia expuestas a contaminación de PM2.5.

Si algo ha acompañado a la especie humana son las pandemias, las cuales terminan reestructurando su forma de vida y su forma de relacionarse: fiebre tifoidea, viruela, peste bubónica, cólera, gripes (rusa, española, asiática, aviar, H1N1, etc.), VIH/SIDA, SARS, ébola y -hoy- el SARS-CoV-2 (COVID-19). De todas ellas existen antecedentes desde el año 430 a.C.

En el contexto del proceso de urbanización de las ciudades del siglo XX, en 1940 Chile alcanzó un 52,5% de población urbana con la progresiva disminución del mundo rural, y hoy bordea el 90%. Entre muchas variables de este proceso, la economía de aglomeración trajo muchos beneficios. Sin embargo, en el actual contexto de la pandemia expone algunas situaciones dignas de relevar.

Entre diferentes variables, pareciera importante relevar el tema de la densidad y la relación vivienda/espacio público de nuestras ciudades, que muestran disfuncionalidades y disparidades de equipamientos, servicios, comercio, y, sobre todo, de conectividad entre ellas, todo lo que se ha mostrado como una debilidad a la hora de enfrentar el SARS-CoV-2.

El "hacinamiento urbano" no sólo es habitacional, sino también de otros servicios urbanos. Entran a cuestionarse las soluciones de 1 y 2 dormitorios en grandes alturas que albergan números elevados de habitantes (arriendos compartidos), o de los históricos cités. De hecho, el mayor número de contagiados en Chile no se dio como en Europa entre adultos mayores, sino en las personas en edad activa. Para una reflexión.

De la concentración de servicios urbanos, es interesante -y de por sí un gran desafío- la propuesta de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo: "Una transformación ecológica y disminución de la huella de carbono con una ciudad de barrios donde el parisino pueda encontrar todo lo que necesita a 15 minutos de su hogar". Con ello se busca un mayor uso de vehículos no motorizados, hacer barrios más autosuficientes y que promuevan la comunidad de vida barrial.

En términos generales, entre tantos temas (economía, movilidad, densidad, arquitectura, espacios públicos, policentralidad, etc.,) quizás el puntapié inicial para mejorar nuestras ciudades -como bien señala el profesor Humberto Maturana- sea la unidad y la colaboración, entender que la cohesión social no es un lema acuñado porque sí, sino es justamente la cooperación, lo que le ha permitido al ser humano que se desarrolle y llegue al lugar que hoy ocupa.

Ello significaría -entonces- que la sociedad civil más que nunca tendrá que organizarse en pos de un objetivo común, con otra dinámica territorial, donde los actores locales cobrarán una nueva relevancia en el proceso de activar y fortalecer las fuerzas motoras de la ciudad, teniendo a la vista -quizás más que nunca- la sostenibilidad ambiental.

Como bien señala un viejo refrán, "si quieres llegar rápido, hazlo sólo. Si quieres llegar lejos, hazlo acompañado".

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