Claudio Ramírez

El presente de la industria, el proceso de reorganización de Enjoy y el anuncio del Ejecutivo respecto a un proyecto de ley para postergar los procesos de licitación de casinos son algunos de los puntos que abordó la superintendenta de Casinos de Juego (SCJ), Vivien Villagrán, en el marco de la comisión que estudia la actual realidad de dichos establecimientos.

En ese contexto, la titular del ente regulador manifestó que la actual situación es compleja por la falta de flujo, a raíz del cierre decretado a partir del pasado 18 de marzo, enfatizando que la industria se puede demorar hasta seis años en recuperarse.

"Lo que hemos estado viendo en base a lo que los distintos economistas han señalado es que tenemos plazos que oscilan entre cuatro y seis años para recuperar la curva que había antes de la pandemia (...) podríamos prever y no sólo para el caso de Enjoy, si es que la reorganización funciona, sino que para toda la industria que vamos a tener una contracción de ingresos por un periodo de a lo menos dos años", dijo la personera.

Agregó que se trabaja en un protocolo para la apertura de los establecimientos -podría ser en septiembre- y que en principio el aforo permitido no sería el mismo, sino que se reduciría en un 50%. Ante ello, se estudia la opción de que se permita a los casinos abrir sólo entre jueves y domingo y no todos los días como exige la ley, para equilibrar los costos.

Caso enjoy

Durante la sesión, la superintendenta fue requerida por el caso de Enjoy, deslizando que de acuerdo a actores del sector financiero el proceso de reorganización que vive la entidad podría llegar a buen puerto.

"Hemos tenido reuniones, principalmente con las instituciones financieras que son las acreedoras de los bonos de garantía de las ofertas económicas de los permisos de operación asociados a los casinos que están transitando del ámbito municipal a la Ley 19.995 y la mayoría de ellas han manifestado que el análisis que hacen de la compañía les permite creer que, con un buen acuerdo de reorganización, puede ser viable", dijo.

Proyecto de ley

Sobre el proyecto de ley anunciado por Hacienda que busca proteger los ingresos municipales y que, entre otros puntos, permite la prórroga en hasta 12 meses de la entrada en operación de los casinos cuyos permisos se otorgaron durante el año 2018, como es el caso de Viña del Mar, especificó algunos de sus aristas, aunque aclaró que si no es aprobado "tenemos que seguir adelante" con los distintos procesos.

Al respecto, el presidente de la comisión, Rodrigo González (PPD), indicó que "legislar sobre esta materia no es prioridad en tiempos de pandemia (...) Hoy es esencial salvar los puestos trabajo de más de 8 mil trabajadores de los casinos y los recursos de los municipios, de los gobiernos regionales y del Estado que están amenazados por la situación de Enjoy y por eso hemos establecido una comisión investigadora".

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN), también miembro de la instancia, advirtió que es una alternativa que hay que analizar, pero que debe ser detenidamente estudiada.

"Debe combinar una vuelta gradual y segura a la normalidad, la nueva realidad, balancear la inversión hecha y hacer lo comprometido con un plazo real para que todos alcancen a recuperarse", manifestó el parlamentario.

"Tenemos plazos que oscilan entre cuatro y seis años para recuperar la curva que había antes de la pandemia".

Vivien Villagrán

Superintendenta de Casinos de Juegos

Un total de 43 son las empresas de la región que, al mes de mayo, se han sometido al procedimiento concursal de liquidación, es decir, han quebrado. Y si bien la cifra parece baja, no es alejada de lo que sucede en otras zonas del país, de acuerdo a la estadística de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

De hecho, el número es el tercero más alto, sólo superado por las regiones Metropolitana (332) y la del Biobío (63). En el caso de las liquidaciones personales, éstas llegan en la zona a 135 de un total país que supera los 2 mil casos.

"Las quiebras de empresas y también de personas aún no muestran el verdadero efecto que la crisis sanitaria está produciendo. Los últimos registros de la Superir indican que son 43 las organizaciones que este año han quebrado, lo que significa un 9% menos que el año anterior. Si bien estas cifras son preocupantes ya que la insolvencia de cualquier empresa trae consigo malas noticias para toda la cadena productiva, se espera que una vez superada la crisis sanitaria aumenten considerablemente", comentó el abogado y socio fundador de Defensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez.

Dificultades

En esa línea, explica que el covid-19 ha ralentizado procesos no tan sólo concursales, sino que todo tipo de procedimiento judicial, pero al terminar esta emergencia sanitaria habrá una gran avalancha de procedimientos concursales.

"Hoy día los tribunales de justicia están funcionando a media máquina y las personas y empresas que deseen declararse en liquidación voluntaria (en quiebra) deben acompañar numerosa documentación. (...) La contingencia dificulta el proceso para las pymes", puntualizó.