Efe

La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunciaron una querella contra el Gobierno del Presidente de EE.UU., Donald Trump, por una nueva norma que forzaría a los alumnos extranjeros que tengan que dar las clases en línea, a dejar Estados Unidos.

La agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), divulgó el martes la norma según la cual el Departamento de Estado no concederá visas a los estudiantes extranjeros matriculados en instituciones o programas que sean completamente en línea. Esto afectará al menos a un millón de alumnos, incluyendo chilenos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, del cual ICE es una dependencia, hay en EE.UU. aproximadamente 1,1 millones de estudiantes extranjeros con visas F-1 y M-1.

De acuerdo con la Asociación de Educadores Internacionales, los estudiantes extranjeros hacen una contribución económica de 41.000 millones de dólares anuales y sustentan más de 450.000 empleos en el país.

"Creemos que la orden de ICE es una mala política pública y creemos que es ilegal", señaló Lawrence Bacow, presidente de la Universidad de Harvard, en Massachusetts.

"Llevaremos adelante el caso con determinación para que nuestros estudiantes internacionales, y los estudiantes extranjeros en instituciones de todo el país, puedan continuar sus estudios sin la amenaza de deportación", añadió Bacow después de presentar la querella en el Tribunal Federal de Boston.

Gregory Washington, presidente de la Universidad George Mason (GMU), en Virginia, dijo que la medida "podría forzar a cientos de miles de estudiantes a abandonar Estados Unidos, y amenaza con interrumpir la labor académica de más de 3.000 estudiantes aquí, en GMU".

"A pesar de los retos sin precedentes que encaramos, no cejaremos en nuestro apoyo a nuestra comunidad internacional", añadió Washington, e indicó que las universidades explorarán juntas la forma de "proteger a esta población vulnerable".

La demanda pide que se anule la orden de ICE, que califica de "arbitraria y caprichosa", que es el mismo lenguaje empleado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando dos semanas atrás encontró carente de argumentos el decreto del Presidente Trump que en 2017 dio por terminado el programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA), que protege a miles de jóvenes de la deportación.

La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, dijo el martes que la orden "es otro intento cruel e ilegal del gobierno de Trump y del ICE por sembrar incertidumbre y castigar a los inmigrantes". "Nuestro estado aloja a miles de estudiantes extranjeros que no deberían temer la deportación para tener una educación", añadió.

La norma gubernamental podría reducir sustancialmente el número de estudiantes extranjeros matriculados para el año lectivo que comienza este otoño (hemisferio norte).

La pandemia de covid-19 ya ha causado demoras en el procesamiento de las visas y el trámite para los estudiantes debería completarse antes de fin de julio, pero debido a la preocupación por la salud de alumnos y profesores, muchas universidades han anunciado una combinación de clases presenciales y cursos dictados en línea.

Ken Cucinelli, subdirector interino del Departamento de Seguridad Nacional del cual depende el ICE, dijo que la nueva norma "alentará a las universidades a reanudar sus actividades".

El Presidente Jair Bolsonaro aseguró que ningún país del mundo ha preservado la vida y los empleos como Brasil, sin propagar el pánico ante la pandemia del coronavirus, aunque en el gigante sudamericano cerca de 68.000 personas han muerto por covid-19 y más de 1,6 millones están infectadas.

"Ningún país del mundo ha hecho como Brasil. Preservamos vidas y trabajos sin propagar el pánico, lo que también conduce a la depresión y la muerte", señaló el mandatario en un mensaje en Twitter.

"Combatir el virus no podía tener un efecto colateral peor que el propio virus", agregó al insistir en su crítica a las medidas de distanciamiento social impuestas por Gobiernos regionales para intentar frenar la pandemia y que provocaron una crisis económica.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de víctimas y casos confirmados, tan sólo por detrás de Estados Unidos, y continúa posicionándose como uno de los focos globales de la pandemia.

El mandatario brasileño, de 65 años y un fuerte negacionista de la gravedad de la pandemia, gobierna aislado en el Palacio de la Alvorada desde el martes, tras dar positivo para covid-19.

En su mensaje, Bolsonaro resaltó que el Gobierno central creara medios para preservar empleos y que no sólo se dedicara a "retardar el contagio" como lo hicieron algunos mandatarios regionales.

"Nuestro Gobierno atendió a todos con recursos y medios necesarios pero, además, creamos medios para preservar empleos y auxiliamos con cinco cuotas de 600 reales (unos 113 dólares) a un universo de 60 millones de informales/invisibles", dijo al referirse al subsidio de emergencia que el Gobierno ha distribuido entre los más afectados por la paralización de actividades.

Aunque se mantiene aislado en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial, Bolsonaro continúa gobernando y automedicándose con cloroquina, una medicina cuya eficacia contra el virus no ha sido probada científicamente y que tiene graves efectos secundarios, pero asegura sentirse bien de salud.

"A los que van en contra de la hidroxicloroquina, pero no dan otras alternativas, lamento informales que estoy muy bien usándola y con la gracia de Dios viviré aún por más tiempo", aseguró en su mensaje en la red social.

Bolsonaro ha sido uno de los principales detractores de la pandemia y, pese a las medidas sugeridas por la propia Organización Mundial de la Salud, se ha paseado sin mascarilla, ha compartido con vecinos de Brasilia y ha participado en concentraciones políticas.

La firma de moda Brooks Brothers, la marca de ropa más antigua de Estados Unidos aún en funcionamiento, se declaró ayer en bancarrota tras años de caída en sus ventas y golpeada por la crisis del coronavirus.

Fundada en 1818, la histórica compañía con sede en Nueva York solicitó protección por bancarrota ante un tribunal del estado de Delaware y se suma así a una larga lista de grandes minoristas que se han visto obligados a hacer lo mismo como consecuencia de la pandemia, entre otros los almacenes J.C. Penney, la marca J.Crew o la empresa de arriendo de vehículos Hertz.

Según una fuente citada por The Wall Street Journal, Brooks Brothers planea usar el proceso de bancarrota para tratar de encontrar un comprador.

La firma fue adquirida en 2001 por el empresario italiano Claudio del Vecchio y ya atravesaba problemas desde hacía años, a medida que más y más hombres optaban por un vestuario más informal en su día a día.

Brooks Brothers, que a lo largo de la historia ha vestido a un gran número de presidentes estadounidenses, fue durante décadas una de las marcas favoritas de los banqueros de Wall Street y otros profesionales neoyorquinos.

La marca fue una de las pioneras en la venta de trajes ya fabricados, frente a los sastres que los hacían a medida, y aportó innovaciones importantes en la elaboración de camisas formales y otras prendas.

Sus ventas se desplomaron con la pandemia en los últimos meses, con muchos de sus habituales clientes trabajando desde sus hogares y sin necesidad de vestir trajes. Como resultado, además de pedir protección por bancarrota, la empresa decidió cerrar 50 de las alrededor de 250 tiendas que tenía en EE.UU.