Cristián Rojas M.

La Junta de Vecinos de Quintay denunció ante la Corte de Apelaciones que el fallo que emitió en mayo, ordenando al Comité de Agua Potable Rural (APR) y a la Municipalidad de Casablanca asegurar la salubridad del agua que proveen, y a la Seremi de Salud fiscalizar aquello, no se estaría cumpliendo, por lo que el tribunal de alzada ordenó a los dos primeros informar "la manera en la que están dando cumplimiento a la sentencia" en un plazo de cinco días, mientras que a la autoridad sanitaria le dio un plazo de 72 horas.

En la sentencia de mayo, la Corte ordenó al APR la instalación de un filtro abatidor de hierro y manganeso y de una planta de osmosis inversa que le permita obtener 400.000 litros de agua al día.

Al municipio, en tanto, le ordena "que ajuste las instalaciones de sus estanques a la normativa vigente, debiendo dar cumplimiento, de inmediato, a las observaciones que emanen de la Seremi de Salud, con la finalidad de proveer de agua potable a la comunidad de Quintay quien, por el momento, no cuenta con ninguna otra fuente de agua consumible".

La secretaria de la Junta de Vecinos de Quintay, Alejandra Porras, detalló que "el agua sigue saliendo color óxido, y en el caso de los estanques, que sepamos nosotros, desde marzo no ha venido la Seremi de Salud a hacer una fiscalización al agua de los estanques. Sabemos que el seremi instruyó un sumario sanitario en contra del municipio de Casablanca, pero no sabemos tampoco en qué está eso".

Al alcance de los perros

La dirigenta recordó, además, que "según la pauta de Seremi de Salud, los estanques tienen que estar a una altura mínima de 50 centímetros, pero no las cumple, los bidones tenemos que ponerlos en el suelo, sobre agua que hay apozada. También las llaves siguen expuestas a los animales, hay perros que toman de la misma agua, entonces es algo que no está subsanado por el municipio".

Eso en cuanto a los tres estanques que están en la plaza, "porque hay un cuarto estanque en el condominio Los Almendros, que sabemos que el municipio lo va a llenar de agua, pero ese estanque no reúne las condiciones sanitarias mínimas, ya que cada cierto tiempo el agua se pone verde", denunció.

El abogado que presentó el recurso, Gabriel Muñoz, explicó que "presentamos pruebas que dejaban claro que no estaban proveyendo el agua pura y sin contaminación, como lo había exigido la Corte, por parte de la Municipalidad de Casablanca en los estanques, mientras que el comité de APR no había hecho absolutamente nada para cambiar el agua. Por otro lado, lo más importante, es que la Seremi de Salud no había hecho los exámenes respectivos del agua, no hay una evaluación como la pedimos, para los efectos de saber si sigue contaminada o no".

Arriesgan arresto

El jurista destacó que "eso significó que la Corte aceptara nuestra petición, pidiera informe, y en el caso de no cumplir con lo que establece el fallo, eventualmente podrían tener multas, apercibimiento y llega hasta el arresto".

Consultados al respecto, desde la Seremi de Salud indicaron que "hace dos semanas se hizo fiscalización y se va a realizar otra la próxima semana. Hay dos sumarios sanitarios, uno respecto del APR y otro respecto de la Municipalidad, que se están tramitando".

Por otra parte, precisaron que "el APR y la Municipalidad presentaron los antecedentes de la planta de osmosis a la Oficina de Valparaíso para su aprobación, lo que se encuentra en estudio".

En tanto, el municipio de Casablanca respondió a este Diario que hoy entregarán la respuesta a la Corte de Apelaciones y podrían referirse al tema.

"Las llaves siguen expuestas a los animales, hay perros que toman de la misma agua".

Alejandra Porras, Secretaria de la Junta de Vecinos de Quintay

"Presentamos pruebas que dejaban claro que no estaban proveyendo el agua pura y sin contaminación, como lo había exigido la Corte".

Gabriel Muñoz, Abogado que representa a los vecinos

La presidenta comunal de Renovación Nacional (RN) en Concón, la edil Gabriela Orfali, confirmó que el Tribunal Supremo del partido analiza la suspensión de la militancia del concejal Rodolfo Moya, quien enfrenta un proceso legal por los delitos por manejar bajo sustancias psicotrópicas y amenazas de muerte a carabineros.

"Tenemos un tribunal regional, tuvimos una reunión donde participó Rodolfo Moya, yo la solicité como presidenta comunal, estábamos algunos integrantes de la directiva regional, el presidente (Francisco Chahuán), se planteó la situación y eso lo tiene en tomar hoy día nuestro tribunal regional que tiene los antecedentes y tiene que tomar la decisión", aseveró la presidenta comunal de Concón de RN.

La representante del partido afirmó que "la decisión de llevar el caso al Tribunal Supremo está establecida como parte de nuestros principios dentro del partido. No hay una persona que haya expuesto la situación, sino que cualquier situación como la que se vive en términos de estar en un tribunal de justicia, una situación judicial, se hace un análisis y se envían los antecedentes, y son presentados al tribunal. Es el protocolo regular para marcar el principio de igualdad para todos los que son parte del partido".

Cargo como concejal

Respecto a si Moya debe seguir ejerciendo su rol como concejal de Concón estando en un proceso penal, Orfali fue clara al manifestar que la función del edil no está cuestionada por el partido.

"Él (Moya) es un concejal que siempre ha estado dispuesto con la gente, en la calle, ha tenido buenas acciones y la verdad es que yo no lo puedo juzgar desde mi misma paridad porque somos colegas. Él (Moya) ha sido un buen concejal, bien preocupado, con buenos proyectos que vayan en el bien común de las personas", dijo Orfali.

Agregó que Moya "está en libertad de tomar las decisiones que sean referente a sus funciones. Nosotros como partido vemos que las conductas y las decisiones sean igual para todos frente al tribunal".

"Eso lo tiene en toma hoy día nuestro tribunal regional, que tiene los antecedentes y tiene que tomar la decisión".

Gabriela Orfali, Presidenta comunal de RN

Un hombre de 27 años, identificado por las iniciales F.A.J.L.Y., falleció ayer en el cuartel San Francisco de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, unidad donde fue encontrado ahorcado.

El sujeto, con un amplio prontuario policial y quien se había fugado de la cárcel al suplantar a otro compañero en marzo de este año, cumplía una condena en el centro penitenciario porteño por el delito de robo y fue nuevamente detenido por la PDI tras ser sorprendido manejando un auto con encargo por robo.

Sobre el caso, el fiscal Claudio Uribe afirmó que se abrió una investigación que está a cargo de Carabineros. "Se trataba de un persona que se encontraba en carácter de detenido y que debía pasar a control de detención en horas de la mañana (ayer)", detalló.

El persecutor agregó que "en ese sentido, lo que se dispuso fue la concurrencia de personal de Carabineros de la Sección OS-9, con el objeto de que realicen las diligencias de rigor, además del personal del Laboratorio de Carabineros, Labocar. Estamos, obviamente, a la espera del resultado de esas diligencias para ver los cursos de acción a seguir en adelante".

Mientras, desde la PDI informaron que "el detenido fue encontrado sin vida por personal de guardia del cuartel policial a las 09:54 horas, y tras los análisis preliminares del sitio del suceso se pudo constatar que la causa de fallecimiento corresponde a muerte por asfixia por ahorcamiento y que no habría intervención de terceros".

Sin embargo, por el hecho, recalcaron, "la PDI dispuso un sumario administrativo para aclarar las circunstancias en que ocurrió el deceso, no obstante, los antecedentes fueron puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público de esta ciudad".